La enorme complejidad jurídica que se debate en las sentencias de los ERE, textos de 2.000 páginas cada uno que cierran un sumario de más de un millón de folios, se reduce en el debate final a dos palabras entre interrogantes: “¿Tenían conocimiento?”. De la respuesta a esa pregunta se derivan las condenas que primero la Audiencia de Sevilla y posteriormente el Tribunal Supremo han impuesto a los principales implicados del escándalo de los ERE, los condenados de la llamada ‘pieza política’ de una macrocausa que seguirá juzgándose en todas sus ramificaciones hasta dentro de una década. Pues bien, sobre esa pregunta mínima y esencial, podemos encontrar 10 evidencias igualmente simples y elementales, hasta bobas, que confirman la implicación de los exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía, desde Manuel Chaves hasta el fallecido Javier Guerrero, en los delitos por los que han sido condenados. 

Uno: antes y después, se actuó bien. La constatación más contundente de que el Gobierno de Manuel Chaves, con el resto de consejeros condenados, aprobó a propósito un sistema ilegal para conceder ayudas es que antes del año 2000 la Junta de Andalucía concedía esas mismas ayudas de forma legal. Exactamente lo mismo que ocurrió a partir del año 2011, cuando estalló el escándalo y se anuló el procedimiento, con lo que las ayudas volvieron a concederse dentro de la ley. Si antes y después se actuaba de acuerdo con la ley, ¿no nos indica acaso esa simpleza que se conocía perfectamente lo que era legal y lo que no lo era?

Dos: Chaves utilizaba la discrecionalidad. Antes de presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves fue dirigente de UGT y ministro de Trabajo. Por lo tanto, conocía bien las exigencias para la concesión de ayudas laborales. Sin embargo, cuando se aprobó el sistema ilegal en la Junta de Andalucía, siendo él presidente, podía conceder una ayuda sin bajarse del coche oficial, desde el teléfono móvil, y al día siguiente se activaba. En el sumario hay ejemplos prácticos de ayudas concedidas a pocos días de unas elecciones para evitar que los trabajadores pudieran reventar un mitin socialista. Véase Bilore, en Córdoba. 

Tres: Griñán conocía la irregularidad. José Antonio Griñán, antes de ser consejero de Hacienda en Andalucía y presidente después, tuvo una formación como inspector de Trabajo y una larga experiencia como ministro de Trabajo. Por lo tanto, era plenamente consciente de lo que no se podía hacer. Es más, él mismo, siendo ministro, dictó una norma que luego incumplió cuando llegó a la Junta de Andalucía. Era esta: orden ministerial del 5 de abril de 1995, en la que se establecen, con carácter general, los criterios que deben seguir todas las administraciones públicas para la concesión de ayudas laborales. “Dar publicidad, concurrencia y objetividad a las ayudas sociales tendentes a paliar los efectos derivados de los procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas, así como también determinar los supuestos y condiciones en que procede la concesión de las citadas ayudas”.

Cuatro: Zarrías permitía la ilegalidad. Cuando la jueza Mercedes Alaya solicitó a la Junta de Andalucía las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno, encontró que, en tres ocasiones, se había frenado y descartado un “proyecto de decreto por el que se establece el procedimiento para la concesión de ayudas sociales a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza”. La existencia de esos proyectos demuestra que se era plenamente consciente de las advertencias de la Intervención General sobre las irregularidades que se estaban cometiendo. Gaspar Zarrías, como consejero de Presidencia, presidía las reuniones previas a los consejos de Gobierno en que se aprobaba el orden del día, aceptando unos asuntos y rechazando otros. 

Cinco: el ‘fondo de reptiles’. En su primera declaración, cuando le preguntaron por qué no se tramitaban las ayudas adecuadamente, el director general de Trabajo, Javier Guerrero, respondió con naturalidad que no se trataba de subvenciones excepcionales “sino de un procedimiento distinto, un fondo de reptiles, una masa económica para la crisis que tenían que afrontar empresas que necesitaban respirar”, según el informe policial que se redactó. Después de 10 años concediendo subvenciones sin control, Guerrero ni siquiera lo veía extraño. Hasta en 15 ocasiones, la Intervención General emitió informes en los que alertaba de lo irregular de este procedimiento. Y se ignoraron.

Seis: se camuflaba en el Parlamento. Para dar apariencia de legalidad al fondo de reptiles, lo que hacía el Gobierno andaluz era aprobar, dentro de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, una partida específica, que se consignaba como ‘partida 31L’, sin más detalle, por la que la Consejería de Empleo transfería dinero a una agencia pública (IDEA, Innovación y Desarrollo de Andalucía) para que lo distribuyera sin control alguno. Durante años, se pretendió extender la responsabilidad de lo ocurrido a todo el Parlamento andaluz, por haber aprobado esos presupuestos, pero acabaron desistiendo de esa estrategia exculpatoria por lo grotesco de la acusación. 

Siete: se tapaban los agujeros. Ocurría en ocasiones que, como se estiraba tanto el reparto de fondo sin control alguno, el fondo de reptiles se quedaba sin dinero en medio de un ejercicio presupuestario. Lo que se hacía en esos casos es que se aprobaban modificaciones presupuestarias para inyectarle más dinero aún, además del que ya estaba consignado en la ‘partida 31L’. Si ya resultaba difícil de entender que no se conociera a qué iba destinada esa partida en los presupuestos, más complicado resulta asumir que siguieran desconociéndolo cuando tenían que traspasar a mitad de un ejercicio decenas y decenas de millones de euros, al margen de lo presupuestado. Y que no lo supiera el consejero de Hacienda, que lo firmaba, menos creíble aún.

Ocho: no se han llevado ni un céntimo. El mayor argumento del PSOE para defender la inocencia de los condenados, y la ‘injusticia’ de las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia de Sevilla, es que los acusados “no se han llevado ni un céntimo de euro”, como dijo Pilar Alegría, la nueva portavoz socialista. Es cierto. No se han enriquecido y, por ese motivo, no se les acusa de eso, porque no ha habido apropiación. Pero eso no significa que no existan otros delitos, prevaricación y malversación, por los que sí han sido condenados. No meterse un céntimo en el bolsillo no implica inocencia, porque existen más delitos de corrupción política.

Nueve: el descaro del ‘fondo pormisco’. No solo los condenados de la ‘pieza política’ conocían las irregularidades, sino también algunos empresarios y comisionistas, imputados en otras piezas, que se beneficiaban de ese ‘maná’ descontrolado. Tan grotesco y descarado llegó a ser el reparto que el fallecido Javier Guerrero utilizó la expresión del ‘fondo pormisco’ ante algunos solicitantes de ayudas que acudían a él. Les concedía el dinero procedente de ese fondo público: “Pormisco, por mis cojones”.

 Diez: más allá de la duda. ¿De verdad se cree alguien que, en política, donde los dirigentes controlan hasta el nombre del que encabeza la candidatura del partido en el último pueblo, se puede ser ajeno a una red clientelar como la de los ERE que reparte cientos y cientos de millones durante 10 años? Pues eso.