Diez síntomas que muestran la degradación de la democracia española con Sánchez

A Pedro Sánchez no le gusta que le cambien el paso. Pero los alumnos de Harvard se lo cambiaron cuando, en un encuentro en la prestigiosa universidad, le preguntaron por Ceuta, Pegasus y los casos de corrupción en su familia, su partido y su Gobierno. Touché. Por descontado que el presidente defendió la inocencia de su hermano y de su mujer, e incluso llegó a recriminar a uno de los estudiantes: «Tú ya los has condenado. Has dicho que son culpables, y eso no es justo, porque no lo son».

A David Sánchez no lo ha condenado un universitario, sino la Audiencia Provincial de Badajoz. Y Begoña Gómez tendrá que enfrentarse a un juicio con jurado popular al que el Gobierno ya está presionando antes siquiera de que se conforme. «Como Gobierno, transmitimos y confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia. Y, en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente», proclamó la portavoz del Ejecutivo el martes desde la sala de prensa de la Moncloa.

Las palabras de Elma Saiz son el resultado de una progresiva degradación de la democracia española y la separación de poderes en esta legislatura. Cuando más débil está Sánchez -y lo está mucho-, más acentúa sus tics autoritarios. La intimidación a los futuros nueve miembros del jurado popular que juzgará a su esposa es el último síntoma, pero aquí van otros nueve.

No aprobar Presupuestos en toda una legislatura. El presidente lleva desde 2023 en rebeldía constitucional. Haciendo creer a la ciudadanía que presentar las cuentas públicas es una opción, cuando en realidad es una obligación recogida en la Carta Magna. Artículo 134.3: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Es decir, antes del 1 de octubre.

La consecuencia de no tener Presupuestos anuales es la opacidad más absoluta. El Debate ha desvelado esta semana que, en el primer semestre de este año, el Ejecutivo disparó un 160 % las modificaciones de crédito de los Presupuestos de 2023, según los registros de la Intervención General de la Administración del Estado.

Boicotear al Senado. El presidente ha degradado la cámara de representación territorial a camarín, como castigo a la mayoría absoluta del PP. Lleva desde el 12 de marzo de 2024 sin ir a una sola sesión de control semanal al Gobierno en la Cámara Alta. No hay ninguna ley que le obligue, pero tampoco precedentes.

A Sánchez no le gusta que el Senado cree comisiones de investigación sobre los casos de corrupción del PSOE, ni que envíe al Congreso proposiciones de ley (que el Congreso, a su vez, congela sine die), ni que acuda al Tribunal Constitucional cuando ve vulneradas sus competencias, ni que ralentice la aprobación definitiva de algunas leyes que llegan del Congreso. Como en su día con la ley de amnistía.

Desafiar constantemente al Estado de Derecho. No es solo que el presidente y sus ministros hayan cruzado todas las líneas rojas en sus críticas al Poder Judicial, amparándose en su libertad de expresión (el ministro Óscar López habló hace unos días de «lobos solitarios» en el Supremo). Es que esta legislatura Sánchez ha llegado a mantener en su cargo a un fiscal general del Estado procesado, Álvaro García Ortiz, a costa de un desgaste y un descrédito enorme para la institución. Y ahora mantiene a una directora general de la Guardia Civil y a un director adjunto operativo imputados por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire.

La cloaca del PSOE. Las revelaciones que ha venido haciendo este periódico sobre el clan de Santos Cerdán, sus contactos con narcos de Badajoz para dar «un sustillo» a la jueza del caso David Sánchez y sus seguimientos a los periodistas que cubrían la información son algo más que un tic autoritario. Se sabía que habían intentado destruir la reputación de jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban la corrupción del sanchismo, pero ahora la UCO ha documentado un intento de agresión física.

Instrumentalizar el Tribunal Constitucional. Sánchez ha convertido a un órgano que ha de ser el máximo intérprete y garante de la Constitución en un artefacto político más. Uno con el que hacer y, sobre todo, deshacer las decisiones judiciales que no le gustan. De momento, el TC de Cándido Conde Pumpido ya deshizo la sentencia de los EREs. Ahora está a punto de alfombrar la vuelta de Carles Puigdemont a España al resolver que la ley de amnistía es aplicable al delito de malversación, en contra del criterio mantenido por los jueces del Supremo Manuel Marchena y Pablo Llarena. Y falta que anule la condena al ex fiscal general del Estado, puesto que Sánchez ya ha dejado dicho -u ordenado- que «otras instancias jurisdiccionales» resolverán su caso, en referencia al Constitucional.

Normal que al PSOE y a sus socios les preocupe que la próxima legislatura el PP y Vox puedan sumar mayoría de tres quintos en la Cámara Alta y nombrar a los cuatro magistrados del TC que están pendientes de renovar desde este año. Porque ello supondría acabar con la actual mayoría de izquierdas (7-4) en el órgano.

Abusar de los reales decretos leyes y no negociarlos. Los socios parlamentarios del presidente están cansados de que explote una figura legislativa que el artículo 86 de la Constitución reserva a casos de «extraordinaria y urgente necesidad». También lo están de que, además, cuele en ellos medidas que nada tienen que ver unas con otras (los llamados decretos ómnibus) y de que se los dé a aprobar sin posibilidad de negociación ni enmiendas.

En lo que va de año, el Congreso ha tumbado seis reales decretos leyes del Gobierno, tres de ellos con medidas en materia de viviendas y alquileres. Como a la fuerza ahorcan, el PSOE ha entendido que para que el próximo decreto ley sobre vivienda no corra la misma suerte, lo suyo es negociar antes de aprobarlo en Consejo de Ministros. Que es lo que haría cualquier presidente sin una mayoría parlamentaria.

Entrevistas contadas y a los afines. Cuando Sánchez estaba en la oposición se quejaba del «plasma» de Mariano Rajoy, y ahora su fórmula favorita para comparecer es la declaración institucional sin preguntas y con teleprónter. En lo que va de año, el presidente solo ha dado dos ruedas de prensa en la Moncloa con más de dos turnos de preguntas: una en marzo y otra en julio, en el balance de fin de curso.

Entrevistas en España da contadas y siempre a los mismos medios. Este curso lo empezó en la SER, después fue a TVE y luego a El Intermedio. Le gusta más la prensa extranjera. En su reciente viaje a Nueva York fue entrevistado en la CNN, Bloomberg y en el programa The Weekly Show.

Hurtar debates al Congreso. Igual que la legislatura pasada el presidente no permitió que el Parlamento votara su giro respecto al Sáhara, en esta no ha dejado que las Cortes voten su plan de defensa, con una inversión extra de 10.471 millones, muy criticada por algunos de sus socios. Tampoco ha querido someterse a una cuestión de confianza. De hecho, cuando en junio el Congreso aprobó una moción no vinculante que le instaba a dar ese paso, Sánchez la despreció.

Prohibir las dimisiones. Para el presidente, las dimisiones no son un signo de responsabilidad, sino uno de debilidad. Razones ha tenido para pedir la renuncia, o forzarla, de sus cargos imputados: la directora general de la Guardia Civil, el DAO, la presidenta de la SEPI, la gerente del PSOE, el fiscal general en su día… El accidente de Adamuz se saldó sin dimisiones, y en la invasión de Ceuta el chivo expiatorio ha sido el eslabón más débil: el que fuera jefe de Gabinete del delegado del Gobierno. Además, el Gobierno reaccionó a la investigación de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón a la defensiva y desacreditando a la instructora.

Y así, hasta que el presidente convoque elecciones, que será cuando él quiera.