Recuperar los pactos para evitar el desastre

Hace unas semanas el presidente del Gobierno habló de la necesidad de un pacto de Estado para hacer frente al drama de los incendios. Pero lo hizo de forma tangencial, como quien lanza un brindis al sol, sin presentar un proyecto concreto, y pasó de largo sobre algo a lo que no ha vuelto a hacer la menor referencia.

Nadie creyó que la propuesta de Sánchez obedeciera a un deseo sincero, por la incapacidad del presidente para negociar nada con quienes piensan diferente, salvo que esté en juego su permanencia en la Moncloa.

Hablar de pactos de Estado en tiempos de enfrentamiento como el que vivimos puede parecer una causa perdida a la que no merece la pena dedicar la menor atención. Pero dentro de unos meses habrá elecciones y uno de los retos del nuevo presidente será recuperar los pactos, porque ni los incendios ni la vivienda ni la enseñanza ni las pensiones se podrán resolver sin la cooperación de las distintas administraciones y de los partidos que las gobiernen.

La realidad histórica de España nos enseña que, desde hace dos siglos, solo ha habido estabilidad en las pocas ocasiones en que los dirigentes de partidos distintos han llegado a acuerdos para hacer frente a los problemas de fondo.

Cuando España arde, miles de personas pierden su hogar y sus medios de vida. Las administraciones que tienen competencias y medios para afrontar esa catástrofe –autonómica, municipal y central– deben llegar a un pacto para abordar las causas de los incendios y dotar al Estado de medios suficientes para hacerles frente. Resolver desde las tres administraciones un problema de esa magnitud solo se consigue con un acuerdo nacional al margen del enfrentamiento partidista.

Lo mismo ocurre con la vivienda. Millones de españoles, especialmente los jóvenes, no pueden acceder a la propiedad o incluso al alquiler. Las cifras son demoledoras. El gobernador del Banco de España afirmó recientemente que «en España se construyen anualmente unas 100.000 viviendas y se renuevan 20.000, mientras que el número de hogares que se crean al año más que doblan esa cifra». Según el informe de Foessa de enero de 2025, hay 3,4 millones de personas que residen en espacios con menos de 15 metros cuadrados por persona. Y para hacerle frente es necesario un acuerdo de fondo entre las tres administraciones.

Tras los desastrosos datos del informe PISA, que conocimos hace unas semanas, con el peor resultado histórico sobre la calidad de la enseñanza, es imprescindible un acuerdo entre las administraciones central y autonómica.

La experiencia nos dice que el enfrentamiento radical nos lleva al desastre. Es lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando los dirigentes políticos fueron incapaces de llegar a un acuerdo que diera estabilidad al orden liberal.

Hasta que el conservador Cánovas se hizo eco del hartazgo de una burguesía dividida y enfrentada, que en medio siglo había tenido cinco Constituciones. Y en 1876 pactó con el liberal Sagasta un sistema con alternancia pacífica, que aseguró veinticinco años de estabilidad. Solo veinticinco; porque a finales del siglo XIX emergió la clase obrera organizada en sindicatos y partidos mayoritariamente anarquistas que aspiraban a demoler el sistema, no a reformarlo; y los políticos del sistema –con la excepción de Canalejas, asesinado por un anarquista– se negaron a las reformas necesarias.

La esperanza que algunos pusieron en la II República resultó fallida porque sus dirigentes redactaron una Constitución contra media España. Cuando Luis Jiménez de Asúa presentó a las Cortes el anteproyecto el 27 de agosto de 1931 afirmó: «Esta es una Constitución de izquierdas… para que no digan que hemos defraudado las ansias del pueblo». Así les fue.

Hubo que esperar un siglo para que la clase política cerrara otro pacto de Estado. En agosto de 1977 la economía española estaba al borde del abismo, con una inflación del 26 %, que amenazaba con llegar al 40 % en diciembre. Adolfo Suárez paró en seco aquella espiral con los Pactos de la Moncloa, a los que se sumaron el resto de los partidos y los sindicatos. Como en todo pacto, todos cedieron, pero salvaron a España del marasmo económico y social.

La iniciativa para poner en marcha unos pactos entre los principales partidos con el fin de afrontar los problemas de fondo que padece nuestro país corresponderá al próximo presidente del Gobierno, que deberá presentar propuestas concretas. Eso fue lo que se hizo el 5 de octubre de 1977; veinte días después se firmaron los Pactos de la Moncloa y un año más tarde se aprobó la única Constitución pactada por todos.

Pedro Sánchez no ha querido pactos porque la confrontación ha sido la base de su estrategia y porque serían un éxito compartido con otras fuerzas políticas, incluido el PP. Un error, porque Adolfo Suárez ganó las elecciones un año y medio después de los Pactos de la Moncloa y le sacó 47 diputados al PSOE.

Hay quienes desprecian los pactos porque los consideran una muestra de debilidad, una cesión, y prefieren encastillarse en sus convicciones dogmáticas, aunque eso suponga que los españoles pierdan en lugar de ganar, como ganaron en 1977 y 1978 con los pactos que salvaron su economía y a ellos mismos.

Después de ocho años con Sánchez en un clima de crispación, hablar hoy de pactos es predicar en el desierto. Pero la realidad es tozuda: o hay pactos o los problemas más graves nunca se resolverán. Al tiempo.