EL CORREO 03/09/14
TONIA ETXARRI
El ministro Montoro no dejó ayer margen a Jordi Pujol para su escapatoria, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. No descartó que la familia del ‘deshonorable’ hubiera cometido varios delitos y se refirió a los 30 años de «clandestinidad fiscal» del exresponsable de la Generalitat. No se trata de «la saña con que persigue el Gobierno del PP a Pujol», como llegaban a protestar ayer algunos analistas que siguen sin rendirse a la evidencia de semejante escándalo económico de consecuencias políticas. Se trata de poner al evasor fiscal en su sitio. Si el ministro de Hacienda no se hubiese comprometido ante el Parlamento a «ir hasta el final en sede administrativa y judicial», seguramente la opinión pública, la misma que le pidió la cabeza de Bárcenas, estaría despellejándole por «blando» ante uno de los escándalos más graves de la historia de la corrupción en España. No dio cifras, porque el secreto tributario ampara a todos los ciudadanos. Salvo que el propio interesado renuncie a la protección de datos, que fue lo que ocurrió en el caso del extesorero del PP. Aquel defraudador ,que ocultó 11,5 millones de euros y llegó a tener otros 48,2 millones en diversas cuentas suizas, actualmente está en prisión. Una broma en comparación con el dinero oculto atribuido a la familia Pujol. Aparte de los cuatro millones de la herencia a la que aludió el expresidente de la Generalitat, la UDEF (esa unidad de delitos fiscales de la Policía cuya existencia desconocía el interesado) ha calculado que podría haber amasado una fortuna cercana a los 500 millones de euros, tan sólo del cobro de las comisiones ilegales (3% para CDC,1,5% para la familia).
Desde que el evasor fiscal confesara su trampa sin entrar en detalles, se ha derrumbado su credibilidad como un castillo de naipes. Quien había hecho creer a la sociedad española que era un hombre cabal, responsable y con gran sentido de Estado, ha resultado ser un tramposo con afán de lucro.
Resulta difícil imaginar la decepción que se habría llevado su antecesor Josep Tarradellas, de haber vivido en esta época para contarlo. Pero llama la atención lo que le está costando a CiU (más a Convergencia que a Unió) soltar el lastre que le está suponiendo su vínculo con Pujol. Apenados, tristes. Ni siquiera indignados.
«El Gobierno va a explotar a fondo el ‘caso Pujol’», se malician algunos analistas que tampoco están indignados con quién ha robado. No. Ese sentimiento lo dirigen al Gobierno del PP, al que ven dispuesto a desmoralizar a los seguidores independentistas. ¿Pero cómo no iba a manifestarse tan duro el ministro de Hacienda después de haber aguantado durante los últimos años, la cantinela de que «España ens roba»?
Una vez descubierto quién era el ladrón, por propia confesión después de saberse investigado, la ciudadanía se merece mucho más que una petición de perdón. Tiene que devolver todo el dinero que no le pertenece. Los que han mirado para otro lado durante tantos años, empiezan a hablar. Seguramente porque ya han perdido el miedo. O por oportunismo. Pero la culpa no la tiene el mensajero. No la tienen quienes desvelan secretos de los delitos cometidos. La culpa es de los delincuentes. Con nombres y apellido.