Al parecer, la vicepresidenta segunda ha ido a Europa a pedir lo que aquí no consigue imponer. Y tampoco es seguro que, a pesar de sus declaraciones, desee hacerlo. Me refiero a la idea de limitar la libertad de la banca para pagar los sueldos de sus altos directivos, las atenciones estatutarias de sus consejos y distribuir los dividendos entre sus accionistas, a la vez que plantea EREs enormes destinados a adelgazar sus plantillas. Una decisión privada que siempre provoca abolladuras en lo público, por un lado o por otro. El tema me parece delicado y complejo. No hay duda de que es una desagradable coincidencia el que los sueldos sean tan abultados y los despidos tan extensos. El nivel de esas remuneraciones resulta obsceno (en cruda definición de uno de sus beneficiarios), es perfectamente innecesario y está desequilibrado pues carece de armonía con los resultados obtenidos para sus accionistas. Máxime cuando venimos de un año en el que estos han visto cómo desaparecían sus dividendos, ante la preocupación del BCE por la solvencia de las entidades en tiempos de pandemia.

También está claro que hablamos de empresas privadas a quienes la ley les exige que su política de remuneración sea transparente, pública y resulte aprobada por las juntas generales de cada una. Cosa que sucede siempre, aunque no es necesario ser catedrático de Derecho Mercantil por la Universidad de Yale para saber cómo se obtienen las delegaciones de voto en las mismas, lo cual no elimina la responsabilidad final de los accionistas.

El proceso de consolidación bancaria, a través de unas fusiones que reducen de manera drástica el número de participantes en el sector, está dirigido, fundamentalmente, al ahorro de costes que se deriva de un mayor tamaño que permite eliminar sucursales y amortizar puestos de trabajo. ¿Qué podía haber hecho aquí el Gobierno? Nada, salvo en el caso de Bankia, en el que no puede aducir ignorancia acerca de sus intenciones reales cuando se planteó, admitió y apoyó su fusión con CaixaBank.

Armonizar el interés privado de lograr una mayor eficacia de las entidades con el interés público de la defensa del empleo, sobre todo ahora que nos faltan más de un millón de puestos de trabajo, es una cuestión espinosa que habría que afrontar con generosidad por parte de todos. Que empiecen a mostrarla los directivos apelados, que son quienes más ganan.