ABC 06/01/17
· El crimen de «los novios de Cádiz», del que hoy se cumplen 38 años, es el primero que el Proyecto Dignidad intenta reabrir
La madrugada del día de Reyes de 1979, el guardia civil Antonio Ramírez, de 24 años, y su novia, Hortensia González, de 20, volvían a casa tras pasar unas horas bailando en una sala de fiestas de Beasain (Guipúzcoa). Antonio detuvo el coche, un Renault 5 naranja, en un stop, donde al menos dos etarras con una metralleta Sten y una pistola calibre 9 milímetros Parabellum los acribillaron. Antonio recibió ocho balazos; Hortensia, diez.
La escena fue horrible: el coche parecía un colador y el cuerpo del joven guardia civil quedó sobre la bocina, que sonó ininterrumpidamente durante 20 minutos eternos sin que nadie los socorriera. Dos vidas segadas, una inminente boda que no se celebró y dos familias muertas en vida. Tras una exigua investigación, el Juzgado Central de Instrucción número dos sobreseyó el caso en dos meses por «falta de autor conocido».
300 muertes impunes
El asesinato de los novios de Cádiz –Antonio era de Tarifa; Hortensia, de San Roque– forma parte de las alrededor de 300 muertes a manos de ETA que no han sido resueltas. El crimen de Beasain ha prescrito, pero como el dolor que generaron los etarras no caduca, Aurora González, hermana de Hortensia, ha dado un paso al frente. Asistida por la Fundación Villacisneros y el despacho Milans del Bosch Abogados, ha solicitado a la Audiencia Nacional la reapertura del caso.
El recurso fue presentado el pasado 12 de octubre y está a la espera de que el fiscal se pronuncie sobre su viabilidad. Los argumentos que esgrime el letrado Santiago Milans del Bosch pivotan en que «España debe respetar los tratados internacionales, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por el que estos delitos no prescriben», asegura a ABC. El escrito presentado en la Audiencia argumenta que el terrorismo «es un delito internacional» y, como tal, «imprescriptible». No depende de «las reglas que tenga en cada momento» un Estado, sostiene.
Santiago Milans del Bosch, magistrado en excedencia, incide en la contradicción que supone la prescripción de un asesinato como el de Antonio y Hortensia: «El paso del tiempo no borra las huellas de lo sufrido, sino todo lo contrario, provoca un aumento del estrés postraumático». Es el caso de su representada, Aurora, quien ha narrado a este diario sus 39 años de calvario. Mujer de guardia civil de Tráfico destinado en Villafranca de Ordicia, se llevó al País Vasco a su hermana pequeña, que se enamoró de otro integrante de la Benemérita, Antonio.
La mañana del atentado escuchó por la ventana a sus vecinos guardias que decían alarmados «el Antonio, el Antonio». Salió asustada y le contaron que le habían tiroteado, «que mi hermana también estaba pero ella no había muerto», recuerda. Aurora fue a la clínica de Beasain y allí se encontró de bruces con el cadáver acribillado de Hortensia.
Aurora lleva 38 años tomando pastillas para los nervios. «Nos enterraron en vida», dice apenada. «Mi padre murió ocho años después diciendo “mi niña, mi niña”, y mi madre, que falleció hace nueve, ni siquiera pudo ir a las bodas de mis hermanos porque no soportaba ver a sus seis hijos juntos sin Hortensia», continúa el relato.
«Desde el atentado no ha habido Navidades en mi casa. El día de Reyes es mortal. Llegando noviembre, ya me pongo mala», remacha. Llama la atención que a la familia de Hortensia no le dijeron «nada de nada» de la investigación. Lo mismo le ocurrió a los familiares de Antonio. Su hermano, Diego, guardia civil en la reserva, recuerda para ABC que «ese día me hicieron hijo único», y corrobora que no solo no les comunicaron «ni una palabra sobre la investigación», sino que «mi padre pagó de su bolsillo la reparación del R5 de mi hermano, el chapista que tapó los agujeros de las balas».
Un altar de fotos y luces
Su testimonio es estremecedor: «Aún conservamos el coche, porque es el único en el que mi madre, que tiene 90 años, no se marea». Diego lo usa para llevarla al cementerio de Sabadell (Barcelona), donde descansa Antonio junto a su padre, que también fue guardia civil.
«El dolor que sufrimos es el mismo que el primer día. Mi madre tiene una habitación que es como una sacristía, un altar lleno de luces y de fotos de mi hermano y de Hortensia». «Saber quiénes son esos “gudaris” –dice en tono despectivo– que mataron a mi hermano y a Hortensia y, sobre todo, que paguen, sería una descarga de adrenalina, una satisfacción», relata Diego emocionado, que estaba muy unido a su único hermano, con el que sólo se llevaba 18 meses. «No sé si los asesinos viven, si están felices o tienen remordimientos, pero sí me gustaría saberlo». Diego no figura en el escrito presentado en la Audiencia Nacional, pero apoya la decisión de Aurora de intentar reabrir el sumario «porque el no ya lo tenemos y el recurso supone una pequeña esperanza».
El Proyecto Dignidad de la Fundación Villacisneros, nació el año pasado con cuatro líneas de actuación: jurídica, literaria, cinematográfica y artística. La primera de ellas intenta «reabrir casos para meter en la cárcel a asesinos que se están paseando por los bares», en palabras de Íñigo Gómez-Pineda, presidente de una fundación que también tiene en su patronato a la exlíder del PP vasco María San Gil y a Ana Velasco Vidal-Abarca, hija del comandante Jesús Velasco, asesinado por ETA en 1980. Para este propósito, la Fundación Villacisneros, domiciliada en Madrid, ha llegado a un acuerdo con el despacho de Santiago Milans del Bosch, que además del atentado contra los novios de Cádiz, ya trabaja en otro sumario «cerrado sin apenas investigación».