Editorial en EL PAÍS, 14/6/2011
Habrá que ver si la dimisión en bloque de los tres magistrados sirve de revulsivo para que el PSOE y el PP se responsabilicen de sus deberes institucionales.
La dimisión de tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) es un hecho nuevo, a la vez que preocupante, en la historia de la democracia española, aunque no puede decirse que sorprenda. En esta y la anterior legislatura, el Constitucional está soportando presiones exteriores sin precedentes, zarandeado por los vientos de la áspera batalla política librada en torno al Estatuto catalán.
En estos años no solo se intentó romper su equilibrio interno con recusaciones jurídicamente forzadas o burdamente amañadas, sino que el Partido Popular no dudó en mantener bloqueada durante tres años su renovación, con el propósito apenas velado de no perder cuotas de influencia en la institución. Y, últimamente, la sentencia sobre Bildu ha provocado una preocupante ola de deslegitimación del tribunal por parte de sectores políticos contrarios a su legalización, mientras que los seis magistrados que la acordaron son gravemente insultados e injuriados y tildados incluso de delincuentes por la derecha mediática más reaccionaria.
Los tres magistrados que han dimitido -Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado- han presentado su renuncia para evitar que se repita en su caso la anómala y prolongada prórroga de funciones padecida durante tres años por sus colegas del cupo del Senado, finalmente renovados en diciembre de 2010. Desde noviembre pasado, fecha límite para su sustitución, el PSOE y el PP se hallan paralizados por su desacuerdo sobre el magistrado de la Audiencia Nacional y vocal del anterior Consejo del Poder Judicial Enrique López, al que los populares quieren hacer magistrado del TC a toda costa, sin importarles que el Senado lo haya rechazado en su momento y que carezca de un currículo con las garantías de cualificación y especialización jurídicas exigibles por la jurisdicción constitucional.
Habrá que ver si la dimisión en bloque de los tres magistrados sirve de revulsivo para que el PSOE y el PP se responsabilicen de sus deberes institucionales. La renuncia no ha sido aceptada por el presidente del TC, Pascual Sala, que evita así que el tribunal quede al borde del colapso, con un quórum de ocho magistrados que es el mínimo con el que puede funcionar. Pero mientras el PSOE y el PP no anuncien que el Congreso, al que corresponde designar los sustitutos de los magistrados dimisionarios, procederá en breve plazo a su renovación, la autoridad moral de Sala para mantener el rechazo estará debilitada. Gay, Pérez Vera y Delgado tienen razones para estar indignados y mostrar su malestar mediante la renuncia a un cargo que vienen ejerciendo en funciones desde hace meses sin que el PSOE y el PP den signos de querer resolver la situación.
La carta de renuncia enviada por Gay describe bien cuál es esa situación: no pone en entredicho la legitimidad del tribunal ni de sus decisiones durante este periodo, pero la prolongada y excesiva prórroga en funciones sin que los partidos actúen y sin que los magistrados afectados puedan renunciar, le produce al vicepresidente la sensación de «formar parte de un tribunal secuestrado».
Ante esta situación de emergencia institucional, lo único que se le ocurre a la secretaria general del PP y presidenta electa de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, es echar la culpa al Gobierno. ¿No tiene ninguna su partido? Si el TC queda menoscabado en sus funciones será responsable desde luego el PSOE como partido del Gobierno. Pero lo es también el PP, y en mayor medida, puesto que ha actuado con oportunismo y ventajismos descarados como minoría de bloqueo, con el objetivo de mantener la composición surgida de su mayoría absoluta y diferir los efectos de la vigente correlación de fuerzas parlamentarias hasta la siguiente contienda electoral.
Editorial en EL PAÍS, 14/6/2011