Dinero público para la nueva oligarquía empresarial

Juan Ramón Rallo-El Confidencial

¿Están nuestros gobernantes desviando 300 millones de euros de los españoles para proteger a los empresarios mediáticos afines a cambio de más propaganda en su favor?

Una de las razones por las que, en términos generales, los gobiernos no deberían seleccionar a qué compañías privadas rescatar o recapitalizar es que carecen de la necesaria información para ello. El futuro es irreductiblemente incierto y, por tanto, destinar fondos públicos a reflotar un proyecto empresarial fallido constituye una actividad tan arriesgada que debería dejarse en manos de aquel personal ultraespecializado que se dedica día a día a este tipo de menesteres y que, además, posee cierto ‘skin in the game’ (si se equivoca de manera sistemática o bien pierde su dinero o, como poco, su empleo).

Pero los problemas del rescate estatal de empresas no terminan en la deficiente información que manejan nuestros gobernantes, sino que también abarcan los muy perversos incentivos a los que se enfrentan. Aun cuando supusiéramos que los políticos sí son perfectamente conscientes de qué empresas pueden ser rescatadas sin riesgo para el contribuyente, seguiría subsistiendo el problema de que nuestros gobernantes podrían abusar de semejante poder en su propio beneficio. A la postre, ¿qué les impide transferir dinero público a empresarios cercanos y amigos del régimen? ¿Cómo presuponer que nuestros mandatarios perseguirán objetivamente el interés general y no subjetivamente su interés particular?En este sentido, resultan como poco cuestionables las últimas decisiones tomadas por la SEPI para salvar a parte de nuestras empresas patrias bajo el argumento de que se trata de «industrias estratégicas»: préstamos de 475 millones de euros para Air Europa, de 120 millones para Duro Felguera, de 53 millones para Plus Ultra y, en fase todavía de negociación, de 300 millones para Mediapro.

Por ejemplo, Plus Ultra es una aerolínea que mueve menos del 1% del tráfico aéreo español y que, desde que fuera creada en 2011, ha acumulado pérdidas año tras año. Es decir, no se trata ni de una compañía imprescindible para mantener los flujos turísticos hacia España ni de una empresa cuya solvencia se haya visto excepcionalmente impactada por la pandemia: es una compañía cuyas actividades pueden ser fácil y rápidamente sustituidas por otras empresas similares y es una empresa con un modelo de negocio inviable desde antes del covid. ¿Por qué entonces enterrar 53 millones de euros en esta operación?

Uno no se halla en la cabeza de los miembros del Gobierno, pero es inevitable sospechar que la estructura de propiedad de Plus Ultra puede haber sido un factor relevante en la decisión: concretamente, el 47% de las acciones de la compañía están en manos de Rodolfo José Reyes Rojas, empresario venezolano vinculado al chavismo. ¿Es posible que las simpatías bolivarianas del Ejecutivo de coalición hayan inclinado la balanza en favor de arriesgar el dinero del contribuyente en esta operación tan potencialmente beneficiosa para oligarcas filochavistas como nociva para los contribuyentes españoles?

O tomemos el caso de Mediapro. La productora audiovisual ha abusado del apalancamiento financiero como estrategia de crecimiento y ello la vuelve especialmente frágil ante la aparición de malos resultados: en 2019 ya acumuló pérdidas de 39 millones de euros y, en 2020 y 2021, se enfrenta a resultados extraordinarios negativos de hasta 560 millones como consecuencia de la rescisión de sus derechos audiovisuales sobre la liga francesa e italiana. Nuevamente, por tanto, no nos encontramos ni ante una industria estratégica (¿una productora audiovisual?), ni tampoco ante un sector afectado por la pandemia (las pérdidas ordinarias eran previas a la pandemia y las extraordinarias no guardan relación alguna con el coronavirus).

¿Por qué entonces la SEPI está siquiera planteándose otorgarles una ayuda pública de 300 millones? De nuevo, uno no puede más que sospechar que la estrechísima afinidad ideológica del administrador único de Mediapro, Jaume Roures, con muchos miembros del Ejecutivo (por ejemplo, Roures es también uno de los principales accionistas del diario ‘Público’, donde Pablo Iglesias emitía ‘Otra vuelta de Tuerka’ hasta que accedió a la Vicepresidencia) esté siendo un factor determinante. ¿Están nuestros gobernantes desviando 300 millones de los españoles para proteger a los empresarios mediáticos afines a cambio de más incienso y propaganda ideológica en su favor?

En definitiva, más allá de que los políticos tengan muy complicado distinguir qué compañías con pérdidas son viables a largo plazo de cuáles no lo son, el riesgo de instrumentación personalista del dinero público para rescatar a empresarios amigos siempre va a estar ahí. De ahí que deberíamos minimizar los recursos destinados a tales finalidades o, al menos, establecer una muy rigurosa fiscalización y control extragubernamental sobre semejante uso de los recursos. Mientras tanto, nuestros gobernantes seguirán tratando el dinero público, ese que, según la vicepresidenta Calvo, no era de nadie, como si de su cortijo particular se tratara.