Tras el ‘espíritu de Ermua’, el excluyente Pacto de Lizarra, el Pacto Antiterrorista y la Ley de partidos, no se puede retroceder diez años, como si desde el Pacto de Ajuria Enea no hubiera pasado nada. Un nuevo pacto antiterrorista deberá tener como base la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que avala la ilegalización de Batasuna.
El PNV propone a los socialistas un pacto de estabilidad mientras sus dirigentes califican de «yugo» el pacto PSE-PP en un intento de encontrar algún atajo para su larga travesía en la oposición, la primera después de casi treinta años. Por eso sus discursos todavía se ven envueltos en una contradicción permanente y caracterizados por un sospechoso doble lenguaje. Puede ser que en el cambio de actitud del PNV en relación al nuevo Gobierno vasco haya algo más que propaganda pero, de momento, el lehendakari y el partido que le apoya (PP) no terminan de ver clara la actitud de la formación de Urkulllu.
El presidente del EBB adornándose con su apariencia amable, niega la mayor al Ejecutivo autónomo. Todo lo que hace le parece mal. Incluso lo que, en su opinión, es una copia del anterior lehendakari. Dice que el nuevo Gobierno no tiene discurso, ni programa, ni plan (esta última condición no deja de ser un alivio para los ciudadanos vascos tan escaldados como quedaron después de los mandatos de Ibarretxe empeñado con sus planes de nacionalismo obligatorio). Anuncia Urkullu que se reserva la capacidad de pactar con otros partidos en función de «un ejercicio aritmético de gobiernos sólidos» y, sin embargo, niega a los socialistas su opción porque sea el PP quien sostenga Ajuria Enea. La ley del embudo.
Sea como fuere el PNV no desperdicia resquicio para introducir una cuña de desestabilización, aunque estén en juego las ventajas que le comportaría su apoyo al presidente Zapatero en su ley presupuestaria en el Congreso . El último movimiento de acercamiento entre el PNV y el PSOE, con el ministro Rubalcaba como maestro de ceremonias, para recrear un pacto antiterrorista que logre implicar al PNV junto a otros partidos, de momento, ha pinchado en hueso porque tanto el lehendakari como Antonio Basagoiti coinciden en señalar que la sentencia de Estrasburgo debería servir de base para la nueva unidad contra ETA. En efecto, la reciente sentencia del Tribunal Europeo avalando la ilegalización de Batasuna como núcleo del futuro pacto antiterrorista se cita en la ponencia política de los socialistas para su congreso, mientras el PP se muestra completamente de acuerdo con esa tesis.
«Para que el PNV de un paso adelante en su compromiso en la derrota de ETA no tenemos que dar diez pasos atrás el resto de partidos», señala Antonio Basagoiti que no oculta cierto escepticismo ante la posibilidad de crear un nuevo acuerdo antiterrorista con un PNV que considera que una foto de un preso «no es apología del terrorismo sino una reivindicación legal».
Al Gobierno vasco le espera un largo camino por recorrer hasta que pueda contar con un PNV comprometido en un acuerdo que tenga como máximo reto la derrota incondicional de la banda terrorista. Pero lo que parece claro es que, después del espíritu de Ermua, del excluyente y fracasado Pacto de Lizarra, el pacto antiterrorista y la ley de partidos, no se puede retroceder más de diez años como si desde el Pacto de Ajuria Enea no hubiera pasado nada.
El próximo domingo el PNV celebra el Alderdi Eguna; el primero en su nueva condición de partido de la oposición. El discurso de Urkullu se espera con máxima expectación. Sobre todo por saber si despejará las incógnitas en torno al camino que piensa seguir en una legislatura que, a medida que pasan los días, va cobrando más estabilidad institucional.
Hoy lunes el lehendakari Patxi López recibirá a los magistrados del Tribunal Superior vasco y las disputas interpartidarias tampoco hacen pensar en un inminente desbloqueo en la renovación de su presidente. Cuatro candidatos mantienen un pulso constante. El actual presidente, Fernando Ruiz Piñeiro, está apoyado por la APM y nadie ve ilógico que se presente a la reelección si no fuera porque la fuerte oposición del PNV, que en numerosas ocasiones le advirtió que su papel en el proceso contra el ex presidente del Parlamento vasco Atutxa y el ex lehendakari Ibarretxe le iba a pasar factura.
También sentó en el banquillo a Patxi López y Rodolfo Ares; sin embargo, el papel de respeto y discreción que mantuvo el PSE ha hecho posible que ahora, desde la portavocía del Gobierno vasco, Idoia Mendia haya declarado que «nosotros no vetamos a ningún candidato». Ni Jaime Tapia, ni María Victoria Cinto, ni Manuel Díaz de Rábago, presentado por fin, convencido por sectores próximos al nacionalismo, gozan del consenso necesario. Todos necesitan 13 apoyos de los 21 del CGPJ y ninguno los reúne. Quedan pocos días para resolver el enigma. Lo peor que podría pasar es que la pugna por la renovación se perpetuara en un empate infinito. Hasta ahora Ruiz Piñeiro ha demostrado independencia de criterio y capacidad de resistencia a las presiones políticas; dos valores de gran importancia en un país donde las ingerencias de la política en la Justicia son moneda corriente.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 21/9/2009