Nada es para siempre, dice la regla, y Sánchez acabará saliendo de La Moncloa, pero el sanchismo, esa corrupción integral de política e instituciones, no saldrá de nuestras vidas si no aprendemos de tan desastrosa experiencia y reparamos los defectos del edificio constitucional que le han permitido ocho años de saqueo y ruina. Cierto, no hay Constitución perfecta, ni que pueda impedir la instalación de un Gobierno corrupto, pero sí una mejor preparada que para hacerlo más difícil y breve, y penalizar el intento.

Los principales fallos actuales afectan a tres bloques: control del Gobierno (prácticamente reducido ahora a la vía penal), separación de poderes (destruida por el Tribunal Constitucional al servicio del Gobierno) y organización territorial del Estado (el desdichado Título VIII). Propongo doce reformas constitucionales urgentes que la sociedad debería exigir para salvar la democracia de nuevos asaltos. Partido Popular y Vox deberían pactar ponerlas en marcha cuando su mayoría conjunta lo permita, y antes de que un nuevo “periodo Rajoy” de abulia y negligencia bloquee cualquier cambio de urgencia evidente, como en el 2011.

Me baso en la experiencia reciente, pero también en la propuesta de reforma constitucional que UPyD propuso en 2007, validada por los hechos como propuesta lúcida y necesaria, aunque muy pocos lo viéramos entonces. Ahí van:

1 – Control del Gobierno: disolución automática de las Cortes (Congreso y Senado) y nuevas elecciones generales si el Gobierno no consigue la aprobación de los Presupuestos antes de fin de año.

2 – Limitación estricta del gobierno ejecutivo por Real Decreto y Decreto Ley a decisiones ejecutivas sin repercusión presupuestaria o legislativa, como nombramientos y ceses o reorganización interna, y a circunstancias extraordinarias como catástrofes naturales y estados de alarma, excepción o guerra.

3 – Adaptación de la destitución parlamentaria (impeachment) de miembros del Gobierno por delitos o incapacidad manifiesta en el desempeño de sus funciones (a lo Marlaska, Bolaños y Óscar Puente). Cese automático del Gobierno al término de su mandato sin posibilidad de prórroga por causas extraordinarias, y convocatoria automática de elecciones generales.

4 – Separación efectiva de poderes: elección del Consejo General del Poder Judicial por los jueces y magistrados en activo, sin injerencia del Gobierno ni de los partidos políticos; control judicial de la Fiscalía, separada del Gobierno; protección de la acción y acusación popular como derecho fundamental no derogable ni limitable por ley ordinaria.

5 – Desaparición del Tribunal Constitucional, sustituido por una sala especial del Tribunal Supremo con funciones claramente limitadas al control de constitucionalidad y protección de los derechos fundamentales.

6 – Supresión de todos los aforamientos de cargos públicos, y ascenso de la transparencia para el control de las administraciones y entidades públicas a exigencia legal de obligado cumplimiento mediante sanciones efectivas.

7 – Protección de la seguridad jurídica mediante el control previo de constitucionalidad (derogado por Felipe González en 1985) que inhabilite decretos y leyes de cualquier ámbito que contradigan o modifiquen la Constitución y las leyes vigentes aprobadas por el Legislativo.

8 – Control de partidos políticos: prohibición de los que persiguen la secesión de una parte del territorio nacional o su entrega a una potencia extranjera, de los que pretendan sustituir la democracia liberal por dictaduras o sistemas totalitarios, y disolución de aquellos condenados por terrorismo, sedición y crimen organizado, impidiendo su refundación enmascarada bajo nuevas siglas y denominaciones.

9 – Redistribución del modelo y competencias territoriales, e igualdad ciudadana de derechos y obligaciones: lista de las exclusivas del Estado intransferibles (que incluya sanidad, seguridad y educación), lista de competencias autonómicas y lista de competencias municipales, evitando en lo posible solapamientos, redundancias y ambigüedades.

10 – Supresión de las diputaciones provinciales y entidades administrativas redundantes, de ministerios y direcciones generales cuyas competencias sean de titularidad autonómica o municipal. Eliminación de las disposiciones adicionales que elevan privilegios anacrónicos a “derechos históricos”, suprimiendo el régimen fiscal de Concierto y Cupo o Aportación.

11 – Obligación de ofrecer educación en español a lo largo de todo el sistema educativo, de primaria al doctorado, prohibiendo la inmersión lingüística obligatoria de alumnos hispanohablantes, con el aprendizaje de lenguas cooficiales autonómicas como opción optativa, y con la educación en lengua cooficial como opción electiva que también deberá garantizar la adquisición de conocimientos y habilidades básicas. Veto de las barreras de acceso a ayudas y empleos públicos por exigencia abusiva de la lengua cooficial.

12 – Exigencia de residencia habitual en España, incluyendo domicilio fiscal, para derecho al sufragio activo y pasivo (candidaturas a cargos públicos y voto), distinguiendo la nacionalidad de la ciudadanía de modo que la posesión de la nacionalidad, por nacimiento o por adquisición legal, no sea equiparable a la plena ciudadanía activa.

Una reforma para cuarenta años

Sin duda el lector tendrá en mente otras reformas que no están en esta breve lista, o enfocaría algunas de las propuestas de modo diferente, e incluso añadiría y suprimiría otras por razones que considera de peso. Perfecto. Ese es el objetivo de un debate constitucional, que no constituyente. Esta diferencia es importante: sería absurdo y destructivo empeñarse en una Constitución que parta de cero y cuestione la continuidad de la monarquía, la descentralización del Estado en comunidades autónomas -una forma cuasi federal. pero caótica hoy en día-, o la pertenencia a la Unión Europea, por citar algunos temas que demonizan los extremos ideológicos.

No porque no sea legítimo preferir la república, un Estado centralizado o inclinarse por el euroescepticismo, sino por el objetivo de la reforma: debe preocuparse de que el sistema constitucional haga muy difícil el regreso de un nuevo Pedro Sánchez y su corte del delito, asociada a partidos vinculados al terrorismo, la sedición y la incesante demolición de la democracia y el Estado de derecho.

Si les parece poco recuerden que está demostrado que pequeños cambios pueden modificar mucho un sistema, y si les parece excesivo recuerden que la autocomplacencia en los logros de la Transición, Constitución incluida, ha estado a punto de costarnos muy cara, y de que el peligro sigue vivo y activo en La Moncloa.

Se trata, como dice el sabio dicho, de evitar tirar al niño con el agua sucia del baño. Es decir, de aprovechar y proteger lo mejor de la Constitución de 1978 con las reformas necesarias, aceptables para cualquier demócrata, de modo que dure otros cuarenta años protegiéndonos de nuevos sanchismos y hasta que nuevos e inesperados peligros aconsejen otra revisión a fondo.