El desahucio de Maricarmen, una madrileña de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en un piso de Retiro, reúne todos los elementos para provocar una comprensible conmoción social. Pero una democracia responsable debe distinguir entre la dimensión humana de un caso doloroso, su realidad jurídica y el uso político que se haga de él. En torno a Maricarmen esa frontera ha sido borrada deliberadamente. No estamos ante un desahucio decidido por Isabel Díaz Ayuso ni por José Luis Martínez-Almeida. Su origen jurídico está en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada por el Gobierno de Felipe González, que limitó la subrogación de los hijos en determinados contratos de renta antigua y estableció excepciones, entre ellas para quienes acreditasen una discapacidad del 65 por ciento. Maricarmen tiene reconocido un 50. Los tribunales resolvieron el litigio conforme a esa norma y la resolución quedó firme en favor de la propiedad.

Nada de esto hace menos penosa la situación, pero esto no puede alterar la realidad jurídica ni trasladar al propietario obligaciones que corresponden al Estado. La protección de las personas vulnerables recae en los poderes públicos y debe ser sostenida por todos los contribuyentes, no cargada sobre el patrimonio de un particular. Y hubo alternativas. El Ayuntamiento había acreditado la vulnerabilidad de Maricarmen, le prestaba servicios asistenciales y le ofreció una plaza residencial gratuita, que rechazó porque prefería alojarse con familiares. El Gobierno central, en cambio, reaccionó en vísperas del lanzamiento: Casa 47 anunció que estudiaba una solución para un caso cuyo primer desalojo llevaba meses señalado.

La izquierda prefirió fabricar un símbolo. Cerca de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron ante el ático adquirido por la Comunidad de Madrid al grito de «el ático para Maricarmen» y «Ayuso dimisión». Pedro Sánchez culminó la operación desde Nueva York. En la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas responsabilizó a Ayuso y Almeida y mezcló el caso con la polémica del ático. La paradoja es elocuente: la ley aplicable es estatal, la Policía Nacional ejecutó el lanzamiento por orden judicial y el requerimiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU tenía como destinatario el Estado español.

Más que buscar culpables ajenos, el Ejecutivo debería explicar por qué, después de ocho años y de una Ley de Vivienda aprobada en 2023, no reformó la disposición que ahora denuncia ni articuló antes una solución. Maricarmen merece respeto, asistencia y una solución digna y no verse convertida en el instrumento partidista de un problema que en gran parte ha sido creado por el actual Gobierno de coalición de izquierdas. Han sido sus medidas las que han encarecido el mercado de alquiler y creado una brecha insalvable entre los salarios de los españoles y el precio de la vivienda. En 2018, cuando Sánchez llegó al poder, la vivienda era el decimoquito problema señalado por los españoles, hoy es el primero y más urgente. La ley que desembocó en su desahucio la aprobó un Gobierno socialista y otro Gobierno socialista tuvo años para modificarla. Pero han preferido buscar un culpable en otro lado.