FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD. 21/03/2014
· La Fundación para la Libertad, con estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ha remitido el siguiente documento a la secretaría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, anunciando el contenido de la posición que, de ahora en adelante, impulsará en ese foro internacional, tomando parte en los debates que se susciten en ese ámbito y que aborden las cuestiones referidas al tratamiento de las vulneraciones de los Derechos Humanos provocadas por la práctica del terrorismo en sociedades democráticas: derecho a la paz, memoria de las víctimas, etc.
· Este documento desarrolla otro anterior que la Fundación elaboró para dar respuesta a las recomendaciones formuladas por el conocido como “Foro social para impulsar el proceso de paz” promovido por la plataforma Lokarri y que titulamos entonces “12 denuncias para 12 recomendaciones”.
· En el contexto general de la promoción y defensa de los Derechos Humanos que desarrolla Naciones Unidas, tienen cabida distintas iniciativas que construyen doctrinalmente ampliaciones extensivas del concepto “Derecho Humano”. Recientemente, están en boga las que postulan la inclusión en el acervo de derechos amparados por Naciones Unidas del “derecho humano a la paz”.
Como Fundación emanada de la sociedad civil, que ha dedicado sus esfuerzos a la defensa de los Derechos Humanos en un entorno muy concreto: en el País Vasco, donde durante largo tiempo, como en el conjunto de España, han sufrido agresión y vulneración constantes los más elementales, empezando por el derecho a la vida, queremos trasladar una serie de consideraciones.
Queremos advertir del sesgo exculpatorio del que distintos agentes políticos pueden aprovecharse, amparados en algunas de estas construcciones doctrinales. En concreto, que se pudiera hacer un aprovechamiento fraudulento para armar un discurso en alguna medida justificativo de la actividad criminal que, en el caso que nos ocupa, ha venido sosteniendo la organización terrorista ETA.
No desearíamos que, inadvertidamente, la buena fe de los impulsores de tales iniciativas, y la de Naciones Unidas, pudiera ser manipulada por intereses políticos muy alejados de la defensa real de los Derechos Humanos.
Por eso, queremos puntualizar, en referencia a la realidad que más directamente nos concierne, que:
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Las alteraciones de la paz social y de la libertad por parte de una banda terrorista en sociedades democráticas, nunca pueden ser definidas como situaciones de conflicto que merezcan el tratamiento de un arbitraje imparcial sostenido en conceptos tales como el de “justicia transicional” y similares.
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Se debe denunciar el aprovechamiento propagandístico, que busca dotar de legitimidad histórica la trayectoria criminal de organizaciones terroristas, utilizando interesadamente el trabajo de organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos y el asentamiento de la paz, en escenarios en los que la legitimidad del Estado de Derecho ha permanecido intacta.
Queremos hacer llegar a todos los foros internacionales que son susceptibles de padecer ese tipo de tergiversaciones, nuestra posición relativa a los acontecimientos recientes que se están viviendo en el País Vasco.
Tras el comunicado de la banda terrorista ETA, de octubre de 2011, en el que declaraba el “cese definitivo de su actividad armada”, es decir, su anuncio de cesación de su campaña de atentados terroristas, el reto que se le plantea ahora a la democracia española debe ser la definitiva desaparición de la organización terrorista y la derrota de su proyecto político totalitario. Por lo cual, queremos efectuar las siguientes consideraciones:
Partimos de la consideración de que la situación a la que ETA ha llegado se debe a la resistencia de los demócratas, a la presión policial ejercida sobre ella, y a la colaboración internacional, especialmente de la República francesa.
Debe exigirse el respeto al ordenamiento jurídico y el ejercicio de dirección del proceso de liquidación del terrorismo de forma tal que la democracia quede fortalecida y no en entredicho ante la espiral de actuaciones propagandísticas de la banda y sus aliados. En este sentido, es imprescindible no conceder ninguna coartada política al entorno político de la banda, que sólo pretende rentabilizar la situación haciendo materializable su proyecto político en un horizonte temporal próximo.
La liquidación de ETA no debe realizarse a partir de la impunidad de los criminales, ni sobre la negociación de concesiones políticas. Por el contrario, el respeto a la dignidad de las víctimas debe sustentarse en el respeto al marco de legalidad jurídico- política, en el que éstas han confiado para ser resarcidas en derecho y justicia.
Queremos, en esta materia, partir de una premisa básica: hasta su total y definitiva disolución, la amenaza que ETA representa, subsiste.
Se conoce el deseo de ETA de someter a la sociedad y al Estado a un último chantaje: posponer su desaparición condicionándola a la obtención de determinadas concesiones. El peligro de someterse a tal coacción reside en que, en la medida en que esas concesiones se produjeran, desaparecerían los incentivos que favorecen la disolución, porque los terroristas descubrirían la rentabilidad de mantenerse “en activo”; aunque su presencia no se concrete en atentados; aceptar esa lógica perversa supone un grave error que retrasa la extinción de la amenaza terrorista.
Es conocido el uso que en el País Vasco se ha hecho de la teoría sobre la “resolución de conflictos” y la posición pública de determinados “grupos de mediación” que se arrogan una facultad arbitral sólo reconocida por la banda, sus adláteres políticos y, preciso es reconocerlo, el nacionalismo en su conjunto. Les sirve a todos ellos para dotar de legitimidad un escenario negociador que contemple explícita o implícitamente el pago de un precio político como coste de la “resolución del conflicto”.
Tales “mediadores” han invocado siempre la existencia de una serie de pautas, de reglas universalmente aplicables a todo “proceso de paz”. Y han pasado por alto, deliberadamente, las realidades que hacen excepcional el terrorismo de ETA. Como son:
La constatación de que España es una democracia consolidada; no registra déficit democrático alguno que consienta sostener planteamientos de equiparación de la legitimidad política del Estado con la de una banda terrorista o con la de sus tentáculos políticos
El hecho cierto de que en España la respuesta de la sociedad al desafío etarra no ha sido nunca violenta, de tal suerte que es disparatado argumentar en términos de “conflicto civil”. Las víctimas del terrorismo han observado históricamente un comportamiento ejemplar, renunciando a la venganza y confiando en la Justicia del Estado. De hecho, de la impostergable atención a sus justas demandas de memoria, dignidad y justicia deriva una importantísima fuente de vigor moral en la sociedad española
La experiencia de que la facilitación de procesos que abocan a la total o parcial impunidad de notorios violadores de Derechos Humanos no ha pacificado de forma auténtica ningún conflicto en ninguna parte del mundo.
A la luz de lo anterior, postulamos las siguientes consideraciones:
La única violación sistemática de Derechos Humanos en España es la que ha protagonizado ETA a través de su acción criminal.
Las instituciones democráticas en España son una realidad consolidada: cualquier iniciativa que dude de su legitimidad debe ser rechazada.
La consolidación de las instituciones democráticas en España y la imprescindible defensa de su legitimidad condicionan por completo las políticas frente a ETA, y nos obligan a rechazar que una organización criminal imponga la modificación de las normas que la democracia dicta.
Algo tan básico, y determinante, es ignorado constantemente por unos ‘mediadores’ que persiguen una ‘mediación’ totalmente dañina para los intereses de la sociedad, a la que se desea forzar a una negociación con quienes violan sistemáticamente los derechos humanos; no debe aceptarse un chantaje a plazos.
Por ello el ‘diálogo’ que reivindican no facilita la paz que dicen perseguir, sino que oculta la verdadera realidad en torno al terrorismo, imponiendo una narrativa que perjudica gravemente a sus víctimas, esto es, el Estado y la sociedad.
En el País Vasco y en el conjunto de España el Estado de Derecho y la democracia no habían desaparecido cuando ETA actuaba. No se puede ocupar una falsa ‘tierra de nadie’ entre la democracia y el terror para extender recetas de impunidad y olvido.
La mediación de esos autoproclamados ‘expertos’ se fundamenta en una terrible y negativa desigualdad con la que se pretende distorsionar la realidad al eximir a ETA de sus responsabilidades.
En este sentido, cabe recordar la reflexión de Michael Ignatieff recogida en ‘El honor del guerrero’: «Los pacificadores son imparciales por definición y no les compete establecer distinciones morales entre el agresor y la víctima, pero su sola presencia en la línea de demarcación ratifica de hecho las conquistas de los agresores e impide que las víctimas recuperen el terreno perdido».
El final de ETA solo puede ser uno: la derrota de los terroristas y la victoria del Estado de Derecho. Nunca puede resolverse la lucha contra el terrorismo en un empate. Por eso carecen de la más mínima lógica las propuestas de ningún mediador de parte para resolver lo que tan impropiamente llaman el conflicto.
Precisamente por eso también están de más todas las recetas que proponen para el País Vasco, cuando sólo son remedios articulados en lugares donde el Estado ha desaparecido.
Derrotar la estrategia terrorista implica asentar una idea fundamental: que recurrir al asesinato fue una iniquidad y que quienes lo hicieron deben repudiar su historia y su pasado; es elaborar el relato que vaya a quedar de todo esto, supone que la renuncia al uso de la violencia en el futuro vaya acompañado de la petición de que se disuelva la banda que la practicaba, así como el rechazo a toda su trayectoria delictiva.
Los organismos internacionales que velan por el respeto debido a los derechos humanos, y particularmente por los de los de las víctimas del terrorismo deben ser conscientes de las realidades descritas eludiendo los mensajes distorsionadores que sobre la realidad del terrorismo de ETA difunden los que durante toda su historia de actividad terrorista han justificado con coartadas políticas los crímenes que la jalonan y ahora pretenden maquillar su derrota en procura de réditos políticos.
Fundación para la Libertad. 2014
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ENGLISH VERSION
Within the general context of the promotion and defence of Human Rights developed by the United Nations, there is room for different initiatives that doctrinally make wide extensions to the «Human Right» concept: recently, those that call for the inclusion of the «human right to peace» within the set of rights protected by the United Nations.
As a civil society Foundation that has devoted its efforts to the defence of Human Rights in a specific environment, namely the Basque Country, Spain, which has suffered sustained aggression and violation of basic rights, starting with the right to life, we would like to pass on a series of considerations.
We would like to warn of the exculpating bias that different political agents may use under some of these doctrinal constructions. More specifically, that of a fraudulent argument to support a speech justifying the criminal activity carried out by the ETA terrorist organisation.
We do not want the good faith of the driving forces of such initiatives, and that of the United Nations, to be inadvertently manipulated by political interests far removed from the real defence of Human Rights.
Therefore, in relation to the reality that most directly concerns us we would like to point out that:
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Alterations to social peace and freedom by a terrorist group in democratic societies can never be defined as conflict situations that deserve to be handled by impartial arbitration, based on concepts such as «transitional justice» and similar.
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Use of propaganda that seeks to give historic legitimacy to the criminal record of terrorist organisations, using the work of organisations and people committed to human rights and peace-building in scenarios in which the legitimacy of the Rule of Law has remained intact should be denounced.
We want to make our position in relation to recent events in the Basque Country clear to all international forums that are likely to suffer this type of distortion.
Faced with the new situation following the communiqué by the ETA terrorist group in October 2011, in which it declared the «definitive cessation of its armed activity», in other words, the announcement of the end of its campaign of terrorist attacks, the challenge that Spanish democracy now faces is the disappearance of the terrorist organisation and the defeat of its totalitarian political project. Therefore, we would like to make the following considerations:
Our starting point is the fact that ETA has reached this situation due to the resistance of the democrats, police pressure and international cooperation, particularly that of the French Republic.
Respect for legal order and the strengthening of democracy in the process of winding up terrorism should be called for, without falling into the spiral of propaganda actions by the terrorist group and its allies. In this respect, it is essential not to concede any political alibi to the group and its political environment, which only aims to take advantage of the situation, bringing its political project to fruition in the near future.
The dissolution of ETA should not be based on the impunity of criminals nor on the negotiation of political concessions. On the contrary, respect for the dignity of victims should be based on respect for the legal-political framework in which the victims have placed their trust in order to be compensated in law and justice.
We would like to start off from a basic premise: until its total and definitive dissolution, the threat that ETA represents exists.
We are aware of ETA’s desire to subject society and the State to an ultimate extortion: postpone its disappearance by conditioning it to obtaining certain concessions. The danger of being subjected to such coercion lies in the fact that as these concessions occur, the incentives that encourage dissolution would disappear because the terrorists would discover the profitability of remaining “active”; although their presence is not manifested through attacks; accepting this perverse logic is a serious mistake that would delay the extinction of the terrorist threat.
Use in the Basque Country of the «conflict resolution» theory and the public stance regarding certain «mediation groups» that claim arbitration power which is only recognised by the group, its political cohorts and, it must be pointed out, nationalism in general, is well known. They all use it to provide legitimacy to a negotiation scenario that explicitly or implicitly contemplates the payment of a political price such as the cost of «conflict resolution».
Such «mediators» have always invoked the existence of a series of guidelines, rules that are universally applicable to all «peace processes». They have deliberately ignored the realities that make ETA’s terrorism different, such as:
The fact that Spain is a consolidated democracy; it does not have any democratic deficit that allows the political legitimacy of the State to be compared with that of a terrorist group or its political tentacles.
The truth is that in Spain, society’s response to the ETA challenge has never been violent, so much so that it is absurd to argue in terms of «civil conflict». The victims of terrorism have traditionally behaved in an exemplary manner, renouncing revenge and placing their trust in State Justice. In fact, an important source of moral strength in Spanish society comes from their pressing calls for memory, dignity and justice.
The experience of facilitating processes that seek full or partial impunity for notorious abusers of Human Rights has not genuinely pacified any conflict anywhere in the world.
In view of the above, we advocate the following considerations:
The only systematic violation of Human Rights in Spain is that of ETA through its criminal action.
The democratic institutions in Spain are a consolidated reality: any initiative that questions their legitimacy should be rejected.
The consolidation of the democratic institutions in Spain and the indispensable defence of their legitimacy fully condition the policies against ETA, and force us to reject that a criminal organisation imposes the modification of the rules of democracy.
Something so basic and determining is constantly ignored by ‘mediators’ seeking ‘mediation’ that is harmful for the interests of the society in which negotiation with those who systematically violate human rights is imposed; blackmail in instalments should not be accepted.
Therefore, the ‘dialogue’ that they are calling for does not facilitate the peace they claim to seek, but hides the true reality of terrorism, imposing a narrative that seriously jeopardises its victims, society and the State.
In the Basque Country and in the whole of Spain, the Law of Rule and democracy had not disappeared when ETA was active. It is not possible to occupy a false ‘no-man’s land’ between democracy and terror to extend impunity and oblivion.
Mediation by these self-proclaimed ‘experts’ is based on a terrible and negative inequality which aims to distort reality by exempting ETA of its responsibilities.
To this effect, it is worth remembering the reflection made by Michael Ignatieff in ‘The Warrior’s Honour’: “Peace-makers, by definition, are impartial and it is not their task to make moral distinctions between aggressor and victim, but their very presence on the demarcation line effectively ratifies the conquests of aggressors and impedes attempts by victims to recapture lost ground”.
The end of ETA can only be one: defeat of the terrorists and victory for the Rule of Law. The fight against terrorism can never be resolved in the form of “tied” formula. Therefore, the proposals of any mediator to resolve what is so inappropriately called «the conflict» lacks all logic. For the same reason, all of the recipes proposed for the Basque Country, supposed remedies drawn up in places in which the State has disappeared, are also redundant.
Defeating the terrorist strategy implies the consolidation of a fundamental idea: resorting to murder was an iniquity and those that committed such acts should condemn their history and past. Drafting the story that will live on implies the fact that renouncing the use of violence in the future should be accompanied by the request for the group responsible for the violence to be dissolved, along with the rejection of its entire criminal history.
International organisations that claim to ensure respect for human rights, and particularly those of terrorism victims, should be aware of the realities described. They should avoid messages that distort the reality of ETA terrorism. Those that throughout the history of terrorist activity have been justified as political alibis of the crimes they mark. Now they seek to mask their defeat with political rewards.
Fundación para la Libertad. 2014