José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
La épica del banquillo de Torra aleja a ERC de Sánchez, y la sentencia de los ERE, a Iglesias del socialista. Ambos han caído en la trampa del tiempo, que es la prisa
Hoy hace una semana del ortopédico abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la Moncloa a modo de rúbrica de un preacuerdo de Gobierno de coalición precipitado por el fracaso de ambos en las elecciones del 10-N. La entente entre los dos líderes se sobrepuso al recíproco desaprecio personal y político, porque ambos necesitaban cortar de raíz los análisis inmediatamente posteriores a la jornada electoral (-760.000 votos el PSOE y -640.000 UP) y que hubieran propiciado nuevos reproches entre los dos partidos. Y, al mismo tiempo, satisfacer fulminantemente ese pacto ‘progresista’, cuyo naufragio tras el 28-A podría explicar el fiasco de la repetición electoral.
El preacuerdo de Moncloa respondía, por lo tanto, a tres tácticas: 1) cortocircuitar una valoración mediática de los resultados que dejaba a ambos en mal lugar, 2) evitar discusiones internas en sus dos partido ejerciendo así un caudillismo que en Sánchez e Iglesias se ha convertido en pauta normal de conducta y 3) satisfacer con la coalición la pretensión de un Iglesias que, aunque mermado, de nuevo era inevitable para la investidura —en la opción ‘progresista’— de Sánchez.
Ese texto de 10 puntos es papel mojado si ERC no colabora en la investidura de Sánchez, y ayer esa posibilidad se vislumbró más improbable que hace una semana. Quim Torra interpretó con elocuencia la épica del banquillo, que tan efectiva ha sido en el proceso soberanista. El vicario de Puigdemont pasó a engrosar —con una autoinculpación victimizada de desobediencia a la Junta Electoral Central— el martirologio separatista, exasperando la emotividad del ‘procesismo’ y, al tiempo, restando margen a los republicanos para evitar que hagan rancho aparte de los posconvergentes y la CUP en el reto crucial de investir, o no, a Pedro Sánchez.
Torra, que dispone de un instinto activista sofisticado y que se cree sinceramente su papel resistente, estuvo acompañado del ‘pragmático’ Pere Aragonès y otros dirigentes de ERC que compatibilizan (¿hasta cuándo?) una supuesta ‘moderación’ con la radicalidad propia del entero movimiento secesionista. El vicepresidente de la Generalitat, que tendría línea directa con Carmen Calvo, no se priva de comportarse como un radical ni de manifestarse como un realista. Pero ¿cuál de las dos versiones de este republicano es la cierta? Sea cual fuere, si ERC (13 escaños en el Congreso) decide colaborar con el PSOE y UP, tendría que obtener unas garantías del PSOE de tal envergadura que enervasen la previsible acusación de ‘botiflers’ a los republicanos lanzada por el resto de los partidos de la secesión.
Torra ha jugado sus cartas en el banquillo, sin importarle no repetir al frente de la Generalitat (no parece ser esa su aspiración, sino obedecer a Waterloo y fomentar el principio de ‘independencia o caos’), y ha bombardeado el preacuerdo de Moncloa. Que recibirá hoy otro ‘bazukazo’, aunque se dude sobre su calibre. La sentencia sobre una posible desviación (mediando prevaricación y malversación) de más de 751 millones de euros —en la que se juzga a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a seis exconsejeros más y a 13 ex altos cargos de la Administración autonómica— mediatizará el discurso de Sánchez sobre la corrupción ‘gurteliana’ del PP en la que fundamentó su exitosa moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018.
El juicio de los ERE ha consumido 152 sesiones y quedó visto para sentencia el 18 de diciembre del año pasado. La redacción de la sentencia ha llevado 11 meses. Han comparecido 120 testigos y nueve peritos. La instrucción fue trabajosa y lenta, y los hechos juzgados abarcan casi 10 años a lo largo de los cuales centenares de millones de euros destinados a financiar empresas en crisis con necesidad de sanearse mediante expedientes de regulación de empleo se desviaron a sociedades y organismos más o menos próximos al PSOE en lo que la Fiscalía ha considerado una “red clientelar”. Las penas solicitadas son de inhabilitación, pero también de prisión. De seis años para José Antonio Griñán, al que se le imputa malversación continuada.’
La sentencia (salvo improbable absolución general) será un grave problema para Sánchez, pero más embarazosa resultará para Iglesias y su regeneracionismo y planteará, por si fuera poco, una adición de legitimación del primer pacto de las derechas consumado en Sevilla en diciembre del pasado año (PP, Cs y Vox) para desalojar al PSOE de la Junta y que ha sido ampliamente cuestionado por la presencia de la extrema derecha de Abascal. Manejar una sentencia condenatoria en este caso no será fácil para el líder socialista. En definitiva, es muy posible que Sánchez e Iglesias hayan caído en la prisa, que es la trampa del tiempo. O en la venta de la piel del oso antes de cazarlo.