EL MUNDO 03/12/12
Dos personas que se presentaron como funcionarios enviados por el Gobierno han visitado al etarra Juan Antonio Olarra Guridi, uno de los representantes del Colectivo de Presos de ETA, al menos una vez en el último mes en la prisión de Albolote (Granada). Según las fuentes consultadas, la función de los visitantes fue tantear cuál es la actitud de los reclusos, inmersos en un debate interno que ya debía haber llegado a su fin, realizando así una especie de «toma de temperatura».
Se trataría de saber si están dispuestos a asumir determinadas condiciones legales para reinsertarse y qué posturas del Gobierno consideran inmovilistas. Las mismas fuentes sostienen que los representantes del Ejecutivo no realizaron promesas.
En el Ministerio del Interior, del que depende la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se asegura que no les consta esta visita, la rechazaron por improbable y sugirieron que sus protagonistas podrían ser personas ajenas a la Administración. No obstante, no ha sido una práctica tan inhabitual en el pasado.
Juan Antonio Olarra Guridi fue jefe de comandos de ETA, pero antes engrosó su historial con decenas de atentados, de modo que, antes de ser trasladado a España de manera definitiva en 2010, ya había sido condenado a casi 1.400 años de prisión por 10 asesinatos y le quedaban 17 causas pendientes en la Audiencia Nacional, entre ellas las relacionadas con el asesinato del policía municipal Jesús Rebollo, el teniente coronel Jesus Cuesta o el magistrado del Supremo Rafael Martínez Emperador. Formó parte del comando Donosti y del comando Madrid.
Olarra Guridi es uno de los 20 reclusos que componen la dirección del denominado Colectivo de Presos, elegida el pasado mes de junio y que se ha mostrado más correosa e inflexible de lo que esperaba incluso la izquierda abertzale.
Los etarras suelen llamar tradicionalmente a los visitantes de estas características los pata negra, sin saber exactamente si pertenecen al CNI, a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, o simplemente forman parte del funcionariado de Instituciones Penitenciarias.
La última referencia documental que se tiene de ellos fue cuando, todavía con el Gobierno de Zapatero, Arnaldo Otegi, ya en prisión por intentar reflotar Batasuna con Bateragune, comentó a uno de sus intermediarios que le hiciese llegar al presidente del PSE, Jesús Eguiguren, su intención de seguir con los contactos y se extraña de que otros dos enviados -que él deduce pertenecientes a Instituciones Penitenciarias- le hayan tanteado por otra vía distinta.
Las circunstancias actuales son totalmente diferentes. Ya no se está en la post negociación de la izquierda abertzale para intentar reflotarse a la desesperada tras el fracaso de la última tregua, sino que ha pasado un año desde que ETA anunciase el cese definitivo de sus «acciones armadas» y los representantes de Batasuna, insertos en Bildu, están en el Parlamento vasco de nuevo.
Y Batasuna ha intentado, mediante la organización de la segunda parte de Ayete, presionar al Gobierno para que los acuerdos de aquella cumbre previa al cese definitivo se vayan cumpliendo. En aquel texto se hablaba de resolver las cuestiones técnicas, como las llaman los etarras (presos, huidos, desarme, desmilitarización y víctimas), y de la convocatoria de una consulta.
Sin embargo, el futuro lehendakari, Iñigo Urkullu, hizo saber recientemente a Jonathan Powell, uno de los mediadores internacionales que se había trasladado al País Vasco con este fin y que formó parte de la citada conferencia hace un año, que el lugar para resolver determinados asuntos es el Parlamento vasco. El presidente del PNV, en cualquier caso, al igual que el lehendakari en funciones, Patxi López, es partidario de que los reclusos de ETA sean acercados a las cárceles vascas y de una flexibilización en la política penitenciaria.
Recientemente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz admitió que «ETA quiere negociar con el Gobierno el futuro de los reclusos, que estaría dispuesta a disolverse, a desmantelar sus estructuras y a entregar las armas, sin duda, a cambio de un acuerdo sobre presos», pero precisó, no obstante, que «el Gobierno no va a negociar, porque si inicias una negociación es porque entiendes que tu interlocutor tiene razones y una organización terrorista no tiene ninguna razón».
Esto no impide que algunos asesores del Ejecutivo, que hasta el momento no han conseguido imponer sus tesis, se muestren partidarios de tomar medidas que faciliten a la banda anunciar su disolución, después de la cuál, el titular de Interior sí ha abierto la puerta a encontrar soluciones, que no ha especificado, en aplicación de la ley.
EL MUNDO 03/12/12