EL MUNDO – 06/10/15
· La ANC quiere convertir la declaración judicial del ‘president’ por el 9-N en un baño de masas.
Mientras Convergència, y también Esquerra –quién lo iba a decir–, siguen intentando convencer a la CUP de que vote la investidura de Artur Mas, el presidente catalán en funciones trata de sacar partido a su imputación por la consulta del 9-N. Ayer, la inauguración de la 58º reunión de la Unión Internacional de Magistrados, que se celebra en Barcelona, se convirtió en un duelo de pullas a cuenta del respeto a la ley: de un lado, Mas; del otro, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y miembros de la Judicatura.
Tras las elecciones del 27-S, que dieron mayoría a los independentistas en escaños pero no en votos, el foco de la actualidad política en Cataluña está en las negociaciones entre Junts pel Sí –la coalición entre Convergència y Esquerra– y la CUP para la investidura. Pero la imputación de Mas, y la noticia de que tendrá que declarar el 15 de octubre por el «proceso participativo» del 9-N, aportan variedad al menú, hasta el punto de que ayer se vivió un enfrentamiento en toda regla, aunque más con insinuaciones que con ataques directos.
En presencia de, entre otros, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, o la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, Mas y Catalá se cruzaron llamamientos a respetar la legalidad vigente y la independencia judicial.
Sin referirse en ningún momento a su imputación, Mas alertó de que «cualquier utilización partidista de la Justicia podría mermar el sustento democrático». Tanto él como sus socios han utilizado en los últimos días la situación para criticar que la Justicia actúe por «poner urnas» y han criticado la «politización» del sistema legal español. Mas lo repetía ayer, sin ir más lejos, en un artículo publicado en The Guardian, informa Efe.
El president en funciones –que debe convencer a dos diputados de la CUP de que se desdigan de su promesa de no investirle para continuar en el cargo– dijo ayer que Cataluña es «un país, una nación, una tierra con largas raíces desde el punto de vista del compromiso con los marcos legales», e hizo constantes alusiones al apego del territorio a la legalidad democrática.
Catalá también optó por las indirectas. El ministro de Justicia se remitió a las palabras que el Rey Felipe VI pronunció hace unos meses en Barcelona para defender que el respeto a la ley por parte de los poderes públicos no debe ser «una mera formalidad». «El respeto a la ley no es ni debe ser un puro trámite, una mera formalidad o una alternativa. El respeto a la ley es fuente de legitimidad», dijo Catalá parafraseando al Monarca.
La última intervención de la sesión inaugural de la Unión Internacional de Magistrados correspondió al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que defendió la independencia del Poder Judicial en España y proclamó que «hacer respetar la ley nunca debe considerarse una afrenta».
Pero el Gobierno no había dicho aún su última palabra. Horas después, y en relación con las alusiones de la mañana, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, instó al presidente de la Generalitat a dejar de buscar «culpables» sobre su situación judicial como si fuera un «investigador privado» y subrayó que en España la Justicia es independiente.
En un encuentro informativo en el Palacio de La Moncloa, Ayllón aconsejó a Mas que «deje de buscar culpables porque parece un investigador privado con el España nos roba o España nos juzga». Además, dijo que la actitud del presidente catalán es un «poco cobarde» porque, a su juicio, sabía que su papel en la consulta del 9-N podía acarrearle consecuencias judiciales.
El secretario de Estado aseguró también que la Justicia es independiente de la política y que existe separación de poderes.
Pero el entorno de Mas está dispuesto a hacer ruido con la declaración del president ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Por eso, las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y Asociación de Municipios por la Independencia han convocado para los días 13 –cuando comparecerán ante el juez las también imputadas Joana Ortega (ex vicepresidenta) e Irene Rigau (consejerade Educación)– y 15 de octubre –cuando lo hará el president– actos de apoyo.
Entre otras movilizaciones, piden «acompañar a las personas que declararán ante el TSJC». Así, la escena podría evocar el baño de masas que se dio Jordi Pujol en 1984, cuando, tras la querella por Banca Catalana, acusó al Estado desde el balcón de Sant Jaume de «haber hecho una jugada indigna».
Mas no se acuerda de Banca Catalana. Ni de todas las veces que la Policía ha pretendido arrancar los diversos casos Pujol y se ha quedado con el motor ahogado. Ni del informe policial en el que figuraba su propio nombre y por el que la Fiscalía catalana, lejos de impulsar la investigación a Pujol y Mas, decidió actuar contra los periodistas que publicaron la noticia. Ni de la denuncia del SUP sobre la reunión mantenida en los días previos a las elecciones catalanas de 2012 en la que, según los policías afectados, miembros de la Fiscalía habrían desaconsejado el registro del domicilio del tesorero de CDC. Ni de la ausencia de medidas cautelares para ninguno de los 10 imputados de la familia Pujol, a pesar de la constatación de que Jordi Pujol Jr. trasladó dinero de cuentas en Andorra justo después de negar en sede judicial la existencia de depósitos «en terceros países». Ni de su personal advertencia a Maragall para que olvidase las menciones al 3% hace 10 años. Ni por supuesto de la violación reiterada de los requisitos legales en educación, lengua, control del gasto o barreras comerciales que sucede día tras día en Cataluña.
Porque sólo un protagonista de la política catalana con una profunda amnesia podría decir, como acaba de hacer Mas, que Cataluña es «un país, una nación, una tierra con largas raíces desde el punto de vista del compromiso con los marcos legales». Y sólo bajo los efectos de algún alucinógeno podría una persona conocedora de las estructuras y financiación de Convergència afirmar sin despeinarse que la independencia judicial representa el «sustento fundamental de la democracia».
Y es que, si algo ha permitido que Cataluña haya llegado a la situación actual, ha sido la ausencia de una aplicación estricta de la ley. La sensación de que algo ha frenado cada intento de investigar la maraña de corrupción y ha impedido el cumplimiento de las normas exactamente igual que se le exigen a cualquier otro ciudadano. Algo que ha sido la larga mano de eso que algunos llaman «la política inteligente»: la negociación de apoyos cortoplacistas a cambio de desastres largoplacistas.
Pero es normal que Mas se atreva a practicar el cinismo en grado máximo. Porque, a fin de cuentas, ha experimentado la ausencia de castigo. Y porque simultáneamente a sus palabras, ayer mismo eran Zapatero y Ximo Puig quienes volvían a reclamar nuevas cesiones a Cataluña. Y Mas no frenará hasta encontrar un bloque constitucional fuerte, decidido y sin fisuras que frene su desafío.
APOYO DE AYUNTAMIENTOS
El Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) y el de El Morell (Tarragona) aprobaron ayer una proposición de apoyo a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, tras su imputación por la organización del 9-N.
En Sabadell, la junta de portavoces aprobó el texto por iniciativa de CiU y ERC. Se les unieron los votos de Unitat pel Canvi, Crida por Sabadell y Guanyem Sabadell, mientras que PSC, Ciutadans y PP votaron en contra.
La proposición subraya el amplio apoyo que el 9-N tuvo entre la ciudadanía de Cataluña y el carácter pacífico del «proceso participativo» que tuvo lugar en la comunidad en noviembre del año pasado.