El martes sabremos qué da de sí la confrontación parlamentaria entre Feijóo y Sánchez. Es una forma de sortear la anomalía que significa que el líder de la oposición no tenga un asiento en el Congreso. Y para nuestras vituperadas Cortes Generales constituye una buena ocasión de poder reivindicarse como la sede central de nuestra conversación pública. A estos efectos es indiferente cuáles sean las razones por las que ambos han consentido en presentarse a este duelo —obviamente, por la presión del momento electoral—; lo más relevante es que sea en una de las Cámaras, no en un plató de televisión.

Otra cosa ya es lo que de ahí resulte. Los precedentes no nos permiten ser muy optimistas. En todos estos debates acaba haciéndose cierta esa máxima de que, después de la aportación de argumentos, los interlocutores proceden a su descalificación mutua. No de las argumentaciones, sino de quien las emite. Más que defenderse las razones que sostienen las diferentes propuestas, el objetivo siempre parece ser el mismo: la certificación de que el otro no es fiable. Al final, todo acaba reduciéndose a argumentos ad personam. Así es también como esta vez aparece enmarcado el debate. Por parte del PSOE, el objetivo último es oscurecer el resplandor demoscópico de Feijóo, presentarle como ajeno a las preocupaciones de la gente común y entregado a los grandes intereses económicos; negarle su presunta moderación y reducirle a su condición de ser un candidato más de la derecha. En el caso del PP, abundar en el antisanchismo, que ya es todo un género de retórica política: despilfarro, connivencia con los separatismos y la extrema izquierda, endeudamiento sin límites y un largo etcétera.

Lo interesante de la próxima confrontación a la que vamos a asistir es, sin embargo, que estará disciplinada por un tema central: las medidas de ahorro energético del Gobierno. Y esto obliga a la oposición a hacer algún tipo de contrapropuesta; no basta con críticas sobre el vacío, aquí hay que entrar en argumentos ad rem, ir a la cosa misma. Pero, y esto es lo que me parece más relevante, tanto en uno como otro caso la acusación central será que el otro no coopera, que se niega a buscar el entendimiento necesario para salir del trance en el que estamos. María Jesús Montero así lo dio a entender el otro día al acusar al PP de “negacionista y obstruccionista” y de negarse a “arrimar el hombro”, el no es no. Y ya conocemos la réplica del PP: “Oiga, si quieren nuestro apoyo, pactemos algo, llámennos y nos acercamos a discutirlo, no vamos a aceptar lo que proponen por su cara bonita”.

Observen cómo detrás de estas actitudes hay un reconocimiento implícito por ambas partes de la necesidad de pactar, pero ninguno parece estar dispuesto a hacerlo o, como en el caso del CGPJ, ponen condiciones que cada uno de ellos considera inasumibles. Cada uno se escuda en la reticencia del otro. Lo grave es que en algunos casos están obligados constitucionalmente a hacerlo —de nuevo el CGPJ y el Constitucional—, y en otros lo exigen las circunstancias. Decisiones clave en materia energética, por ejemplo, que exigirán inversiones ingentes, no pueden dejarse al albur de que exista una u otra mayoría, y las propias medidas de ahorro energético serán mucho más eficaces si las comunidades en manos de la oposición se esmeran en la vigilancia. Y, por lo que dicen las encuestas, es también lo que desea la mayor parte de la ciudadanía. Pero me temo que es justo lo que no se va a producir, ya estamos en periodo electoral. Lo interesante será ver cómo nos lo venden.