Que yo sepa, en todos los países civilizados se educa a niños y adolescentes para que convivan pacíficamente. Aún más: ese objetivo se da por supuesto sin necesidad siquiera de enfatizarlo con especiales técnicas de enseñanza.
Desde hace bastante tiempo venimos arrastrando en Euskadi la cuestión de definir y establecer unas actividades de ‘educación para la paz’ en nuestro plan de bachillerato. Por lo visto, es muy complicado lograr un diseño que dé gusto a todo el mundo (lo que no está claro es por qué todo el mundo tiene que meter baza en esta materia y no en la asignatura de geografía o de gimnasia): unos exigen más presencia de víctimas, otros se conforman con menos, los hay que reclaman mayor variedad en el tipo de víctimas que irán a las aulas, etc… Y lo mismo ocurre en lo referente a los contenidos teóricos que deben impartirse y sobre los que tampoco hay demasiado acuerdo. Pasa lo de siempre en nuestro bendito país: no hay nada que suscite más discordia entre nosotros que la definición de la paz.
Desde un punto de vista estrictamente pedagógico, la verdad es que toda esta polémica resulta bastante asombrosa. Que yo sepa, y algún tiempo he dedicado a la cuestión, en todos los países civilizados se educa a niños y adolescentes para que convivan pacíficamente. Aún más: ese objetivo se da por supuesto sin necesidad siquiera de enfatizarlo con especiales técnicas de enseñanza. Se les enseña cuáles son sus derechos y sus deberes en la comunidad que comparten, sin necesidad de recordarles que no deben ejercer la violencia contra sus vecinos ni mostrarles en vivo ejemplos trágicos de lo que ocurre cuando se viola esta norma elemental. Me resisto a creer que los alumnos vascos están hechos de una pasta especial y que tienen más tendencias homicidas que el resto de sus coetáneos. Si tienden a excusar los comportamientos violentos más que otros, será porque algunos adultos se han esforzado en condicionarles perversamente. De modo que lo urgente no es darles argumentos contra la violencia sino dejar de dárselos para la violencia.
Hace pocas semanas, la prensa informaba de un encuentro del diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, con estudiantes de bachillerato. Por lo visto, el señor Olano les argumentó contra el uso de la violencia y les recordó los padecimientos de las víctimas que causa pero quedó algo sorprendido al ver que los muchachos parecían estar más preocupados por los abusos del Estado y por los males políticos que pueden venirnos de la coalición entre socialistas y populares que por los daños del terrorismo etarra. Comparto desde luego la buena intención pedagógica del diputado general y su preocupación, pero algo menos su sorpresa. Después de todo, él mismo ha creído oportuno poner una placa que califica izar la bandera del Estado del que somos ciudadanos y que él representa como «imposición» legal, dando a entender cierto abuso coactivo de la ley misma. Quizá sean lecciones como esa las que hayan perturbado el juicio moral y político de algunos neófitos.
A mi juicio, cuando estamos formando a los ciudadanos que han de vivir en un Estado de derecho, la mejor educación para la paz es inculcar el conocimiento y el respeto de las leyes vigentes. Que naturalmente pueden ser modificadas cuando llegue el caso, pero desde lo preceptuado por la misma legislación: nunca cuestionadas o atropelladas desde fuera, como si se tratase de imposiciones antidemocráticas contra los ciudadanos. La paz de la convivencia social que nos interesa no es un estado de ánimo o un mero atributo de la conciencia moral de cada uno sino el marco de la legalidad legítimamente establecida. Fuera de él, habrá tantas opiniones sobre lo bueno y lo malo, lo injustificado y lo justificable, como individuos y el acuerdo efectivo será un deseo piadoso pero imposible.
De modo que resulta prioritariamente educativo aclarar que quienes pretenden hacer política asesinando y extorsionando están tan fuera de las leyes democráticas como los miembros de las fuerzas del orden público que utilizan procedimientos ilícitos -torturas, malos tratos�- contra los sospechosos detenidos (o quienes denuncian falsamente haberlos padecido). No se pueden imponer proyectos políticos por medio del terrorismo ni defender la legalidad vigente con métodos ilegales. Y todo ello es una lección especialmente pertinente ahora, cuando parece que finalmente incluso quienes se han mantenido más tenazmente al margen y en contra de las instituciones democráticas parecen dispuestos a aceptar -sin duda forzados por las circunstancias y por la constatación del fracaso de los métodos criminales- que deben asumirlas e integrarse en ellas para tratar de convencer a la ciudadanía de la pertinencia de su proyecto político. Que nunca podrá invalidar la legalidad vigente sino todo lo más aspirar a cambiarla de acuerdo con lo en ella misma establecido.
Puede ser pedagógicamente oportuno que los escolares conozcan de primera mano las vivencias de las víctimas del terrorismo, para que se informen mejor de la historia reciente de su país. Pero esas entrevistas no deben sustituir sino complementar la comprensión de la realidad constitucional en que vivimos y dentro de la cual aspiramos a una convivencia en paz no retórica sino efectiva.
Fernando Savater, EL CORREO, 27/2/2011