El proceso judicial que ha desembocado en la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido un seguimiento exhaustivo de parte de EEUU y su Departamento de Estado, cuyos funcionarios han expresado en varias comunicaciones sus dudas sobre la imparcialidad de la Fiscalía Geneneral del Estado y la posible influencia del papel del Ministerio Público en la instrucción de la causa de Plus Ultra.

En concreto, la Administración norteamericana pidió a su enviados diplomáticos informes en torno a las eventuales presiones que podían ejercerse desde el máximo órgano del Ministerio Público sobre la Fiscalía Anticorrupción en un momento en el que la investigación sobre Zapatero, conocida con mucha antelación por las autoridades estadounidenses, “les parecía estar varada en la Audiencia Nacional”.

Comunicación con Madrid

Según información consultada por Vozpópuli, la representación de la política exterior de EEUU giró indicaciones a sus enlaces en Madrid para que se le trasladaran datos relacionados con el curso de la investigación de la UDEF relativa al exjefe del Ejecutivo socialista.

Estas instrucciones incidían sobre la postura y los eventuales movimientos de la Fiscalía General, al tiempo que significaban el nivel de influencia de Zapatero sobre los poderes institucionales españoles.

De acuerdo con fuentes conocedoras de la postura norteamericana en torno al ‘caso Zapatero’, el primer motivo de inquietud de Estados Unidos, el pasado mes de febrero, guardaba relación con el papel de la UDEF como Policía Judicial en el ‘caso Plus Ultra’. Disipadas las dudas en virtud de la “estrecha relación entre las fuerzas policiales de EEUU y España, y el excelente trabajo de investigación relacionado con la división contra la delincuencia económica del Cuerpo Nacional de Policía”, la siguiente causa de preocupación aludía, a principios del pasado mes de mayo, al papel de la Fiscalía General del Estado.

El ‘caso mascarillas’ como detonante

En este sentido, las alarmas en Washington se dispararon a raíz de la orden cursada por la fiscal general, Teresa Peramato, al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, de no rebajar más la pena solicitada para Víctor de Aldama -bien conocido por las autoridades estadounidenses- en el ‘caso mascarillas’ pese a su colaboración con la Justicia. El cariz marcadamente jerárquico del Ministerio Público llevó a Luzón a acatar la orden y, en consecuencia, a no aplicar la atenuante de confesión muy cualificada que solicitaba la defensa del comisionista.

Las reservas expresadas en el Departamento de Estado respecto a la posición de la Fiscalía General revelan además que, si bien la prioridad de la Casa Blanca se centra en el ‘caso Zapatero‘, la diplomacia norteamericana ha venido “monitorizando, con carácter general, la totalidad de los causas judiciales de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y al propio entorno personal de este”.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el seguimiento de Washington de la dinámica política en España apunta a una «enorme inquietud por la deriva de la vida pública en el país, solo equiparable a la que, por razones muy diferentes, despierta el caso de Alemania entre las autoridades norteamericanas».

“Retención» en Dominicana

En cualquier caso, la prioridad del Gobierno de Trump sigue siendo Zapatero, como acredita el hecho de que el pasado 19 de mayo, día en que el expresidente fuera imputado por la Audiencia Nacional, el Departamento del Tesoro norteamericano ordenó para esa fecha el despliegue de varios de sus agentes en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, con el objetivo de “retenerlo” e impedir así que pudiera viajar a Caracas.

Como informó este periódico, la intención era devolverlo a Madrid tras notificarle su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), donde figuran individuos objeto de escrutinio de Washington que lleva ligado un estricto cuadro sancionador para quienes la integran, como la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de entrada en territorio estadounidense.

Ese plan de la Casa Blanca, preparado con mucha antelación, era el de “interceptar” al expresidente español para impedir que llegara a Caracas ante la sospecha de que este planeaba ocultar pruebas en la capital venezolana sobre sus actividades económicas en el país.

La imputación de Zapatero por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal, delitos a los que se han sumado ahora los incluidos en una pieza separada por contrabando y fraude fiscal, supuso, según las fuentes consultadas, “un alivio” para la Administración Trump, donde al menos desde el pasado febrero existía cierto “escepticismo” respecto a que la causa de Plus Ultra avanzara “en la dirección correcta”.