No le arriendo la ganancia a la directora general de la Guardia Civil. Cada vez que salga de su despacho y camine por los enrevesados pasillos del viejo caserón de Guzmán el Bueno, cada vez que se dirija a su coche oficial, tendrá la desagradable certeza de saber sin ningún género de duda lo que están pensando sus subordinados. “La ciega obediencia y el profundo respeto a sus superiores es la primera obligación del guardia joven” (artículo 84 del Reglamento de Guardias Jóvenes, 1864). La obediencia viene de serie, y mientras Mercedes González siga ocupando el puesto del Duque de Ahumada, los de verde seguirán cuadrándose a su paso. Pero el respeto hay que ganárselo; a diario.

Ya le pasó a Luis Roldán, director del Cuerpo muy respetado hasta que le pillaron. Son casos muy distintos, este de González y el del director general fugado, pero a la vez parecidos. Son distintos porque aquel gobierno (1994) estaba a por uvas. Tan a por uvas que a punto estuvo Roldán de ser nombrado ministro del Interior. Fue la prensa quien levantó la liebre y evitó un escándalo aún mayor. No es el caso de Mercedes González, donde el Gobierno aparece como sospechoso congénito de instigar la confabulación, lo que explicaría el cerrado respaldo mostrado a la directora investigada.

¿Cuál es el punto de conexión entre Roldán y González? La sensación de impunidad. Infinita la percepción de intocable de aquel, quien ante la sorpresa de los operarios supervisaba personalmente las obras del piso de 400 metros cuadrados que había adquirido en Chamartín. Más limitada la de González, consciente ya de que este contexto no es el de hace 32 años, y de que el enemigo principal no es la prensa, sino el propio Cuerpo. Con lo que no contaba su excelencia, en parte debido a su incapacidad para entender y adaptarse a las exigencias del cargo, es con la vigencia del “síndrome Roldán” y la ley no escrita que rige desde entonces para evitar que aquello -con el subsiguiente descrédito de la Benemérita- vuelva a pasar.

El denominador común que conecta a la directora de la Guardia Civil con, pongamos, la presidenta de la SEPI, y otros responsables de organismos públicos, es la tenacidad demostrada por unas y otros cuando se trata de proteger los intereses del Gobierno-partido. Dicho de otro modo: cuando lo que se les ha requerido es que, sin importar precio ni consecuencias, pusieran las instituciones que dirigen o dirigían al servicio del poder político. Pero lo que hace especialmente grave el caso de la directora de la Guardia Civil, y convierte en auténtico disparate su continuidad en el cargo, es su señalamiento por parte de la Fiscalía como posible cómplice de “un verdadero entramado diseñado para presionar e incluso asustar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que se encargaban de investigar las causas más duras contra el Gobierno”.

La conexión con Moncloa

El juez Santiago Pedraz no es un neófito. Ni se ha vuelto loco. Si ha decidido investigar a la señora González es que no estamos hablando de meras sospechas. Con su decisión, Pedraz ha liquidado la legitimidad de los dos máximos responsable de la Guardia Civil, la de González y la del director operativo, Manuel Llamas. La imputación de este, uno de los cinco tenientes generales que hay en el Cuerpo, su presunta participación en una maniobra para desacreditar a la UCO, duele mucho más. González debe dimitir; Llamas está obligado a colgar la guerrera. Entre otras razones porque el artículo 92 del reglamento interno de la Guardia Civil así lo exige: “La situación de suspensión de funciones se acuerda ante la imputación de un delito o por la existencia de faltas muy graves”. En uno y otro caso, el daño complementario que ocasiona la resistencia de ambos a hacerse a un lado opera como factor agravante y devalúa su derecho a la presunción de inocencia.

Es más, al aferrarse ellos al cargo contra toda racionalidad, y al respaldar el presidente del Gobierno la continuidad de quienes han sido señalados por la Justicia como presuntos copartícipes en una operación de desprestigio de sus subordinados, lo que asoma es la presunción de que algo todavía más grave de lo que intuimos se intenta tapar. Estamos ante un supuesto en el que la responsabilidad de los acusados aconsejaría a estos, para mejor defenderse por medio de una voluntaria dimisión, aceptar una suerte de inversión excepcional de la carga de la prueba. De otro modo, lo que es inevitable es contemplar como hipótesis más probable -antijurídica pero socialmente lícita- la presunción de culpabilidad.

En España, la pertenencia a las fuerzas de seguridad puede actuar como agravante penal si el agente se aprovecha del carácter público de su cargo o de los medios que este le proporciona para delinquir (artículo 22.7 del Código Penal). Ese agravante es aún mayor en el caso de Mercedes González y Manuel Llamas, por cuanto las víctimas del presunto delito son los encargados de impedirlo. Y así lo ha entendido con toda seguridad el juez Pedraz al tomar una medida de tanto alcance penal, político y social. No estamos ante unas imputaciones cualquiera, porque además de la averiguación de determinados hechos lo que en este caso la Justicia también debe buscar es la protección efectiva de la institución.

Se ha dicho que el ‘caso cloacas’ es, de los conocidos hasta ahora, el de mayor gravedad. Porque se diseñó para ocultar actividades ilícitas saboteando los instrumentos del Estado de Derecho; y porque puede acabar siendo el que conecte de forma más directa a la Presidencia del Gobierno con estas prácticas. Habrá que verlo, pero la mala noticia para Moncloa es que el Estado de Derecho resiste y está desequilibrando el pulso a su favor; que no va a ser la Guardia Civil la que se deje en este episodio jirones de su prestigio, ni la que rescate de la cada día más espesa capa de fango al Gobierno.

Echar el guante al criminal

El patriotismo bien entendido es el que cada cual practica cumpliendo con sus obligaciones. Y las de la directora de la Guardia Civil o la presidenta de la SEPI nada tienen que ver con salvar la cabeza de nadie, sino poner esta, por muy arriba que esté, a disposición de los únicos legitimados para ello: los tribunales de Justicia. Y es eso lo que la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y los tribunales, pese a las dificultades, se diría que están haciendo.

En 1988 el añorado Santiago Varela, entonces subsecretario del Ministerio del Interior, encargó como regalo navideño una edición facsímil de dos publicaciones en las que se enumeraban los métodos de los distintos tipos de delincuentes y se daban pautas de comportamiento a los miembros de las fuerzas del orden. Una era “Historia de zorrastrones ó descubrimiento interesante de las finas y diabolicas astucias de los caballeros de industria, rateros y estafadores” (Madrid, 1821). La otra, publicada en 1902, lleva por título “Piltrafas del arroyo (policía y malhechores)”. Reproduzco un párrafo del Capítulo II (“Vocación”), de esta última:

“No es posible describir con exactitud qué clase de alegría, qué género de raro placer se experimenta cuando, después de una o varias noches de insomnio, después de muchas conferencias, planes, cabildeos, idas y venidas, se consigue dar con la solución de un servicio, echando el guante a un criminal”.