Mientras dure el período electoral que ya se ha abierto y no se cerrará hasta después de las elecciones legislativas de 2012, lo único que a socialistas y populares vascos les queda es su propia confianza en que la alianza que entre ellos han forjado sea lo bastante fuerte como para navegar en la tempestad que se avecina sin zozobrar.
Hay fenómenos cuyas causas son menos claras que sus efectos. No se sabe muy bien por qué ocurren, pero nadie duda de cuáles son sus consecuencias. Viene esta banalidad a cuento del comportamiento que ha adoptado en las últimas semanas el Partido Popular, volviendo a hacer de la política antiterrorista el caballo de batalla de su acoso al Gobierno.
Por si alguien tuviere la tentación de cuestionar la realidad del hecho, ahí están los datos para demostrarla. A la persecución que de tiempo atrás emprendieron los populares contra el ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno a causa del ‘caso Faisán’ se ha añadido ahora la difusión de insidias que tienen por único objetivo poner bajo sospecha toda la política del Ejecutivo en materia antiterrorista. Por citar algunos ejemplos extremos, aunque no sean los únicos, he ahí la participación de significados miembros del partido en una manifestación que, pese a estar convocada en contra de ETA, se deshizo en eslóganes de exclusivo contenido antigubernamental, las desaforadas acusaciones de los siempre proclives a la conspiración Aznar y Mayor Oreja, y el apoyo prestado a aquella y a éstas por la segunda autoridad del partido, María Dolores de Cospedal, que parece empeñada en dar razón, con su impasible frialdad, a quien de ella dijo que «no sangra, aunque la pinchen».
El porqué de esta nueva actitud de los populares es, como decía, difícil de desentrañar. Parece como si hubieran comenzado a dudar de la ventaja electoral que las encuestas les anuncian por razones ligadas a la crisis económica y rebuscado en el pasado otras líneas de oposición más dura y aguerrida. Podría ser, en efecto, que al Partido Popular hayan empezado a ponerle nervioso los elogios que cosechan en ciertos medios internacionales las más recientes medidas que está adoptando el Ejecutivo en el terreno de la macroeconomía y piense que sus críticas puedan volvérsele en contra, al verse contrarrestadas por aquellos. O, más simple aún, que la retirada de Zapatero de la contienda política haya centrado los focos en su probable sucesor y obligado a los populares a desviar hacia éste y su área de responsabilidad la dirección de sus ataques.
Pero, sean cuales fueren las razones del cambio, el hecho es que sus efectos en el futuro próximo de la política, sobre todo en el ámbito vasco, son perfectamente previsibles.
Es muy posible que los populares estén ya frotándose las manos al pensar que la opinión pública española percibe que son ellos, y no el Gobierno, los que marcan la línea que ha de seguirse en materia antiterrorista. Y es que, tanto en lo que tiene que ver con la ilegalización de Sortu o con la admisión de las listas de Bildu al proceso electoral como en lo relativo a la más reciente polémica sobre las excarcelaciones, el Partido Popular cree estar transmitiendo a esa opinión pública la impresión de que el Ejecutivo socialista camina, no sólo en sus acciones, sino, sobre todo, en su discurso, arrastrado por el ronzal del que él tira. Resulta, en efecto, muy difícil de discernir en ocasiones cuánto hay de voluntario y cuánto de forzado en las iniciativas que sobre este particular está adoptando el Gobierno y, sobre todo, en las explicaciones que a su propósito se ve obligado a ofrecer.
Ahora bien, dirímase a favor de quien se dirima esta lucha que socialistas y populares libran por ganarse, cada uno para sí, la opinión pública española, el efecto que esta polémica produce de rebote en la vasca tiene características peculiares. A nadie se le oculta que, en muchos asuntos, pero, sobre todo, en este que se refiere al tratamiento de la violencia y de su final, las opiniones públicas vasca y española se comportan de manera diferente. La estrategia que se cree beneficiosa en el ámbito estatal puede resultar desastrosa en el vasco.
Y, así, mirando más allá de los intereses particulares de cada contendiente, para fijarse sólo en los que a los dos les son comunes, hemos podido ya constatar que el efecto más directo e inmediato que esta polémica ha producido en la política vasca es el de la desestabilización de la alianza que los dos partidos mantienen en este ámbito concreto. No de otro modo han de interpretarse las explosivas declaraciones con que se despachó anteayer el presidente de los socialistas vascos, amenazando con la disolución del acuerdo, si las desavenencias en materia antiterrorista eran de verdad tan profundas como la polémica de ámbito estatal daba de hecho a entender. Pues, si el acuerdo sobre el final del terrorismo fue el eje y fundamento de la alianza entre socialistas y populares vascos, ningún sentido le queda a ésta si aquél se rompe. Por incómodas que resulten, las palabras de Eguiguren son certeras y no pueden echarse en saco roto.
Sería ingenuo pensar que, o bien los liderazgos centrales de estos dos partidos vayan a renunciar a sus intereses por no incomodar a sus franquicias territoriales, o bien que éstas vayan a ser capaces de blindarse respecto de los efectos que sobre ellas produce el ruido mediático que aquellas ocasionan. Ni lo primero es posible dada la voracidad de los partidos ni lo segundo esperable en una sociedad abierta. Así que mientras dure el período electoral que ya se ha abierto y no se cerrará hasta después de las elecciones legislativas de 2012, lo único que a socialistas y populares vascos les queda es su propia confianza en que la alianza que entre ellos han forjado sea lo bastante fuerte como para navegar en la tempestad que se avecina sin zozobrar.
José Luis Zubizarreta, EL CORREO, 17/4/2011