Eguiguren suscribe un texto de apoyo a 41 miembros de la ilegalizada Segi

El presidente del PSE, Jesús Eguiguren, ha suscrito, junto a diversos representantes de la política y la cultura vasca, un texto de apoyo a los 41 miembros de Segi que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional. El fiscal les imputa un delito de integración en organización terrorista, al considerar que ese colectivo juvenil fue creado dentro del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MNLV) para «complementar» la actividad de ETA y continuar con la labor de KAS y Ekin, organizaciones que también fueron ilegalizadas.

La vista oral afronta ya sus últimas jornadas –estaba previsto que finalizara hoy, pero proseguirá la próxima semana– y los grupos de apoyo a los procesados han convocado para esta mañana un acto de respaldo en San Sebastián. Consistirá en la lectura de un comunicado que, además de Eguiguren, han suscrito personajes de la cultura vasca como el bertsolari Amets Arzallus y deportistas como el futbolista Mikel Aranburu, el montañero Alex Txikon y el entrenador de remo José Luis Korta. Entre los políticos, además del presidente del PSE, figuran los socialistas navarros José Luis Uriz y Ainhoa Aznarez y la ex secretaria general de EA Begoña Errazti, ahora próxima al PNV. El abogado Txema Montero completa el avance de la lista de firmantes difundida ayer.

Los procesados defienden la tesis, como han reiterado sus defensas, de que el juicio abierto contra ellos tiene una «motivación política» y pretende impedir la «labor política» de la izquierda abertzale. Una idea se incluirá en el documento que se hará público hoy en San Sebastián y que apoya con su firma Eguiguren. El presidente de los socialistas vascos ha protagonizado en los últimos meses varios gestos en contra de los procesos judiciales iniciados contra la antigua Batasuna. El líder del PSE se ha mostrado en reiteradas ocasiones muy crítico con, por ejemplo, la condena que mantiene en prisión a Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga.

En la sesión del juicio celebrada ayer, la defensa de los imputados protestó por las, en su opinión, «exageradas» peticiones de cárcel, mientras que la Fiscalía se mantuvo en su solicitud de encarcelamiento para todos ellos. Apoyó la petición en las declaraciones que algunos de los acusados realizaron ante la Policía y en la reconocían sus delitos, unas autoinculpaciones que la defensa sostiene que fueron obtenidas con malos tratos.