EL CORREO 21/09/13
· Considera que el borrador del Gobierno vasco no va a la «raíz del conflicto» y reclama medidas más concretas sobre presos y en el ámbito de la tortura.
EH Bildu realizó ayer un análisis muy crítico sobre el borrador del plan de paz abanderado por el lehendakari, Iñigo Urkullu. En el límite del plazo dado por el Gobierno vasco para que los grupos de la Cámara de Vitoria presentaran sus aportaciones al texto, la coalición abertzale lamentó que el proyecto sitúe a ETA como «el único hacedor de todas las violencias» y no vaya a «la raíz del conflicto».
Los parlamentarios Laura Mintegi y Julen Arzuaga –principales interlocutores en esta materia– fueron los encargados de poner sobre la mesa lo que denominaron como el «ADN de EH Bildu». Sus enmiendas, de hecho, no difieren de la propuesta que la coalición llevó a la ponencia de paz, ahora en vía muerta. En un documento de 17 páginas íntegramente en euskera, la marca independentista desgrana 21 propuestas destinadas a «mejorar» un plan que adolece, a su juicio, de numerosas «deficiencias», incluso en su concepción.
Desde EH Bildu censuran que el proyecto del Gobierno vasco «ponga a ETA como el principio y el final de la tragedia» –PSE, PP y UPyD opinan que hace justamente lo contrario–, cuando «el conflicto que padece Euskal Herria tiene bases históricas y políticas». «La negación y las visiones cerradas de la democracia» están, según apuntaron, «en el origen» de la situación que atraviesa el País Vasco. Abogaron así por ir a «las raíces», «haciendo frente a las violencias en su conjunto», incluida «la ejercida por las Fuerzas de Seguridad y el terrorismo de Estado». Tanto Arzuaga como Mintegi evitaron, en cualquier caso, referirse a una hipotética petición de disolución de ETA por parte de su grupo.
Para la coalición soberanista, «no estamos aún en un escenario de postviolencia». Reprocharon en este sentido que el borrador de Lakua «olvide que a día de hoy no se respetan los derechos humanos de todas las personas», en alusión a las denuncias sobre torturas y a la situación de los presos en las cárceles.
Pese a que el plan recoge sendos apartados concretos en referencia a la necesidad de estudiar en profundidad el fenómeno de la tortura, así como un programa orientado a facilitar la reinserción de los reclusos, EH Bildu considera que el Ejecutivo del PNV se queda corto. «No hablan de reconocer ni reparar a las personas torturadas ni de establecer las garantías para que no se produzcan estos hechos», criticó Arzuaga, que insistió –y así se lo hicieron llegar ayer al Gobierno vasco por escrito– en «consensuar un plan» para favorecer el retorno a Euskadi de los presos y huidos de la banda terrorista.
«Categorías» de víctimas
La coalición tiene claro que «la prioridad ahora es invertir en el presente» y valora como un «error» que la convivencia deba basarse en la memoria. Ahora bien, sus portavoces lamentaron ayer que no se conceda «el mismo trato» a todas las víctimas y que el borrador «establezca categorías discriminatorias en las que se imponen calificativos tendenciosos». La izquierda abertzale reclamó igualmente que se impulsen «investigaciones de delitos cometidos durante la dictadura».
En cuanto a actuaciones concretas, más centradas en el escenario actual, la marca abertzale censuró que el plan no incluya una petición expresa «de repliegue» de las Fuerzas de Seguridad del Estado ni la «abolición de los tribunales excepcionales», en alusión a la Audiencia Nacional. Asimismo, apostó por la puesta en marcha de «instrumentos propios de las comisiones de la verdad independientes» que permitan arrojar luz sobre lo ocurrido en este país –«justicia transicional»– y diseñar un «plan que repare las agresiones que ha sufrido el euskera», fijando «el estatus jurídico que necesita».
El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga advirtió que a día de hoy existen, por un lado, el plan del Gobierno vasco y, por otro, «los planes que defienden los diferentes grupos». Ahora bien, no cerró la puerta a un posible consenso sobre esta delicada cuestión. Es más, la coalición abertzale mostró ayer su «disposición plena» a llegar a un «acuerdo de convivencia democrática» que posibilite el desarrollo de «todos los proyectos políticos», en base al principio de «ninguna violencia, ninguna imposición».
El Ejecutivo vasco deberá a partir de ahora hacer un encaje de bolillos con las aportaciones de todos los partidos. El lehendakari volvió a trasladar ayer la disposición de su equipo por lograr un consenso entre las cuatro grandes fuerzas políticas. Está previsto, y así lo confirmó Iñigo Urkullu, que el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto definitivo en el mes de noviembre.
EL CORREO 21/09/13