EL CORREO – 26/03/15
· Ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento vasco que afectaría a firmas de telefonía y energéticas.
EH Bildu defenderá en el Parlamento vasco la aprobación de una nueva ley para garantizar los derechos lingüísticos de los euskaldunes, que contempla entre otras medidas multas de 6.000 euros para los bancos, compañías energéticas y de telecomunicaciones que no sean capaces de atender a sus clientes en lengua vasca en el plazo de uno a tres años según su tamaño. Esta iniciativa obligaría también al etiquetado en euskera de todos los productos que sean objeto de compra-venta en Euskadi, incluidos los medicamentos. Los objetos que no se ajusten a esa norma en tres años serían retirados del mercado.
El parlamentario de EH Bildu, Xabier Isasi, presentó ayer su proposición de ley. El texto establece una amplia batería de obligaciones lingüísticas a todas las empresas y establecimientos comerciales que operan en la comunidad autónoma vasca, aunque las sanciones económicas se limitan a los tres sectores: telefonía, bancos y compañías energéticas. Las multas en el resto quedarían, en su caso, para un desarrollo posterior a la aprobación del proyecto, vía decreto o reglamento. Isasi defendió que es necesaria la nueva normativa al quedar en evidencia «el escaso índice de cumplimiento» del decreto en vigor desde 2008. Esa normativa, aprobada por el Gobierno de Ibarretxe, fijaba sanciones para grandes empresas, pero fueron retiradas en una reforma posterior impulsada por el Ejecutivo socialista.
«Queda en evidencia que el índice de cumplimiento más elevado no pasa del 50% en el caso de los bancos, no supera el 25% en el comercio y en el resto de sectores se queda en torno al 6%», argumentó ayer el parlamentario de EH Bildu.
Isasi dijo que su formación pone encima de la mesa una nueva ley que «permita que los consumidores euskaldunes vean respetados sus derechos en los tres territorios históricos». En su opinión, deber se una ley «flexible en su aplicación según las circunstancias, pero rigurosa», y en todo caso «tiene que cumplirse en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para que los derechos lingüísticos sean respetados».
Los plazos de cumplimiento que prevén para que las empresas cumplan las obligaciones lingüísticas en la atención al público dependerían de su tamaño. Las empresas con más de 50 trabajadores tendrían un año; las empresas de entre 5 y 50 empleados, dos; y las de 5, cuatro años.
EL CORREO – 26/03/15