La colaboración antiterrorista ha quedado de nuevo en evidencia tras la frustrada detención de una proetarra en Bayona. Históricamente, París ayuda cuando teme que ETA actúe en su suelo.
La interrupción, hace días, del operativo desplegado en Bayona para arrestar a la ex dirigente «abertzale» vascofrancesa Aurore Martin, reclamada por la justicia española por su actividad en la ilegalizada Batasuna, ha desenterrado de manera espectacular viejas incomprensiones de fondo entre España y Francia en el terreno estratégico de la lucha contra el terrorismo etarra. Sucesivos gobiernos de distinto signo político, en Madrid y París, han conseguido articular unas relaciones policiales muy eficaces, que ambas partes han considerado como «modélicas».
La excelencia de esa cooperación policial ha dado históricos frutos contra la banda terrorista: decenas, centenares de detenciones, expulsiones y entregas a la justicia española de etarras, a lo largo de más de dos décadas. Sin embargo, el caso de Aurore Martin nos recuerda que, en verdad, la cooperación policial y judicial siempre ha sido víctima de reservas y diferencias de fondo. Un freno inconfesable, que ETA, sus colaboradores y simpatizantes, han sabido utilizar con temible eficacia contra España. Las semillas y raíces podridas de esa incomprensión vienen de muy lejos.
Relaciones casi rotas
Durante la presidencia de Valery Giscard d’Estaing (1974–1981) la incomprensión entre Madrid y París tuvo matices espectaculares. Un ministro español llegó a insinuar que España debía «romper» sus relaciones diplomáticas con Francia (¡¡!!), si Francia continuaba concediendo el estatuto de refugiados políticos a numerosos etarras. Durante la misma presidencia también se echaron los cimientos de una cooperación policial de nuevo cuño. Un ministro giscardiano (Michel Poniatowski) fue el primero en denunciar el apoyo que Gadafi había prestado a ETA, con dinero, armas y entrenamiento. París filtró a la prensa española esas informaciones. Sin embargo, el mismo gobierno francés continuaba ofreciendo derecho de asilo político a numerosos etarras. Había un «acuerdo» inconfesable: París ofrecía derecho de asilo; y, a cambio, ETA solo ponía bombas en España.
Durante la doble presidencia de François Mitterrand (1981–1988 y 1988– 1995) la cooperación anti terrorista sufrió grandísimos cambios, pero nunca desearon clarificarse gravísimas cuestiones de fondo. Siendo candidato a presidente, Mitterrand anunció que su gobierno «nunca» concedería las extradiciones reclamadas por España de numerosos etarras. Fue célebre el caso de Tomás Linaza Echevarría. Elegido presidente, sin embargo, un tribunal francés se pronunció favorable a la concesión de extradiciones, abriendo un formidable debate de fondo entre sucesivos gobiernos franceses.
En ese marco hicieron su histórica aparición los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), coincidiendo «misteriosamente» con una visita «privada» de Felipe González a Mitterrand… No se ha escrito todavía la historia de las relaciones policiales hispano-francesas, durante esos años. En París, nadie dudaba que el GAL era una «emanación» del Gobierno español, sistemáticamente negada en Madrid.
Cínico pragmático, Mitterrand se acomodó a muy distintas relaciones de fuerza: fue concediendo extradiciones, a cambio de concesiones españolas de muy diversa índole; y, al mismo tiempo, «cedía» a las presiones de sus ministros contrarios a las extradiciones y la cooperación policial de fondo. Hubo años de soterrada tensión nada confesable.
En un desayuno de trabajo con la prensa española, Jean-Louis Bianco, secretario general de la Presidencia francesa, desveló «of the record» las más oscuras relaciones de fondo. Francia consideraba «nada amistoso» que España no comprase trenes de alta velocidad franceses para la línea Madrid-Sevilla. En términos apenas velados, Bianco dejaba al descubierto una realidad cínica y brutal: Mitterrand entregaría más etarras a España, si España compraba a Francia trenes de alta velocidad. España acabó comprando los trenes franceses, en detrimento de las ofertas alemanas. A cambio, Francia aceptó profundizar en la cooperación antiterrorista.
Esa era la realidad brutal cuando, entre 1986 y 1988, Mitterrand se vio forzado a gobernar con una mayoría parlamentaria conservadora. Jacques Chirac y sus ministros del Interior, Charles Pasqua y Robert Pandreau, ofrecieron a Felipe González y José Barrionuevo un acuerdo estratégico: «Vosotros enterráis el GAL y nosotros os entregamos a todos los etarras que nos pidáis». Los GAL desaparecieron meses más tarde, en 1987. Comenzó entonces una cooperación policial muy pragmática que dio muchos resultados eficaces. Comenzó entonces el desmantelamiento del «santuario etarra». Al mismo tiempo, el pragmatismo puramente policial dejó sin solventar viejas cuestiones de fondo, nunca planteadas.
Uso del «grifo» policial
Durante la doble presidencia de Jacques Chirac (1995–2002 y 2002–2007), ese pragmatismo empírico siguió dando buenos resultados, pero «oficializó» una relación inconfesable, hasta hoy: París utilizaba y ha seguido utilizando el «grifo» policial antietarra como «herramienta» de presión política a geometría variable. Mientras España siguió a la diplomacia francesa, la cooperación funcionó muy bien. Cuando la guerra de Irak enfrentó de muy mala manera a Jacques Chirac con José María Aznar, la cooperación policial tuvo un curso un poco más sinuoso. Con menos entusiasmo.
La presidencia de Nicolas Sarkozy, desde 2007, volvió a relanzar la cooperación bilateral antiterrorista, con un nuevo matiz. ETA comenzó a estar más presente en Francia. Y París comprendió el riesgo de una «importación» de esa amenaza. El asesinato de un gendarme francés, en 2010, volvió a confirmar la vieja «determinación sin falla», en el terreno policial.
La interrupción del operativo desplegado en Bayona para arrestar a la ex dirigente «abertzale» vascofrancesa Aurore Martin, reclamada por la justicia española por su actividad en la ilegalizada Batasuna, ha desenterrado de manera espectacular viejas incomprensiones de fondo. España considera Batasuna como una emanación directa de la banda etarra. En Francia, por el contrario, Batasuna es una organización legal. Con un éxito sencillamente irrisorio, pero beneficiándose de un estatuto legal.
De Giscard a Sarkozy, pasando por Mitterrand y Chirac, siempre ha sido igual: Francia interviene activamente contra ETA cuando el terrorismo amenaza con propagarse en su territorio. Y acepta siempre ciertas concesiones a la «izquierda abertzale» a cambio, inconfesable, de la «no importación» de la violencia, criminal o callejera, a territorio francés.
ABC, 26/6/2011