José Antonio Zarzalejos-EL CONFIDENCIAL

En el caso de que tuvieran que celebrarse unas terceras elecciones serían de tipo constituyente, y significaría que el régimen y la Constitución de 1978 han fracasado

Las encuestas, el debate a cinco, la campaña y la proyección prospectiva de todo ello arroja una hipótesis imposible para la gobernación del Estado. No habrá forma de componer mayorías de gobierno si no es con una generosidad estadista que en nuestro país es una rara virtud cívica. En palabras de Antonio Machado, que recoge Paul Preston en las primeras líneas de su nueva obra (‘Un pueblo traicionado’, Editorial Debate), «en España lo mejor es el pueblo». Y lo peor, salvo en algunos paréntesis históricos, sus clases dirigentes. Disponemos ahora de unos representantes políticos de acreditada escasa talla en los atributos que se predican de los buenos líderes. O en otras palabras: el siniestro político español les viene grande y, seguramente, nos abocarán —ya lo hicieron tras el 28 de abril— a una situación imposible.

Si la sedicente solución a un Congreso fragmentado y sin capacidad de acuerdo fuese convocar unas nuevas elecciones tras las del próximo domingo, caería el régimen constitucional de 1978 como en Francia feneció la IV República (1958) y en Alemania naufragó la entonces ejemplar Constitución de Weimar (1933). Hay aparentes soluciones que son mucho peores que el problema que pretenden resolver, y barajar —sea como mera hipótesis de trabajo— una nueva convocatoria electoral resultaría, de hecho, sobre un escándalo político, la sentencia de muerte del sistema.

 Porque esa incapacidad de acuerdo estadista se produciría en un momento histórico decisivo: cuando, desde el independentismo y el nacionalismo (catalán aquel, vasco este) se proponen fórmulas de disolución de los fundamentos constitucionales (el régimen se basa en «la indisoluble unidad de la Nación española», siendo «la forma política del Estado español la Monarquía parlamentaria») y, al tiempo que desde una nueva extrema derecha se propugna la supresión del Estado autonómico previsto en la Carta Magna (que garantiza «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» que integran España).

Añádase a la potencia parlamentaria de estas fuerzas extremistas antagónicas —porque lo son para unos o para otros, en mayor o en menor medida— la marginalidad constitucional en la que deambula el populismo de izquierdas representado por Unidas Podemos (partidario del derecho de autodeterminación, militantemente antimonárquico y ansioso por la apertura de un proceso constituyente) y la prevista pulverización del espacio político de Ciudadanos un partido que, gestionado irresponsablemente por Albert Rivera, tuvo en su mano forzar a Pedro Sánchez a conformar un Ejecutivo de centro-izquierda respaldado por 180 diputados.

Y un argumento añadido no menos importante: los poderes arbitrales del Jefe del Estado (artículo 99 de la Constitución) para proponer un candidato a la presidencia del Gobierno son, dado el uso constitucional con el que se han ejercido, puramente formales y transformarlos ahora en operativos provocaría el histerismo extremista.

Hay que dar por supuesto que el PSOE y el PP, ante la eventualidad de un fin de régimen, reaccionarían con un cierto instinto de supervivencia mediante mecanismos de acuerdo que en este momento no es posible concretar. Pero el drama sería que la abstención «patriótica» del PP no fuera suficiente para investir a Pedro Sánchez, si el PSOE fuese la fuerza más votada, y se requiriese de los conservadores una actitud todavía más proactiva. Cabría otro escenario: que las tres derechas (PP, Vox y Cs) sumasen holgadamente más que PSOE y Unidas Podemos y aquellas reclamasen para sí el gobierno, lo que tampoco consentirían ni los socialistas ni el amplio grupo de nacionalistas e independentistas (estará integrado por una cuarentena de escaños) que se sentarán en el Congreso de los Diputados. Y una tercera opción: que Sánchez se líe la manta a la cabeza y acuerde el Gobierno con UP y los separatistas. El resultado sería el mismo: el colapso constitucional.

¿Remedios? Están inventados: gobiernos de gran coalición o de concentración nacional y grandes pactos parlamentarios transversales, fórmulas indicadas para situaciones de emergencia. Como la que se está produciendo, indiscutiblemente, en España. Si tampoco ninguna de esas modalidades excepcionales se aceptase se convocarían unas terceras elecciones, pero serían ya constituyentes porque el régimen de 1978 habría fracasado. Saldría de ellas un mandato para un proceso de elaboración de una nueva Constitución o para la reforma radical de la actual.

Concentrar el voto en los partidos vertebrales del sistema —en la medida en que los nuevos han sido ideológica y estratégicamente fraudulentos y han mejorado al bipartidismo en capacidad destructiva y en inanidad política— se percibe como una solución de abajo a arriba que protagonizaría ese pueblo que para Antonio Machado «era lo mejor de España» y que como escribe Preston ha sido «traicionado» en estos dos últimos siglos de su historia, retrotrayéndonos a algo tan corrosivo como el pesimismo noventayochista. Ahí, justo ahí, en ese estado de ánimo es en el que nos encontramos.