En Ceuta, Sánchez desertó en su obligación de defender la soberanía española. Nadie podía reemplazar al Presidente del Gobierno a la hora de asumir el mandato constitucional que le atribuye “la gestión en las situaciones de crisis que afectan a la defensa”, pero con el paso del tiempo la sombra de la traición al interés general se agranda. Que estuviera condicionado por Pegasus, por los intereses económicos de socialistas en Marruecos o por las cesiones sobre el Sahara no es lo más grave, sino que pusiera en peligro la seguridad y defensa de España. Y aún peor. La secuencia de hechos demuestra que, desde el primer momento, el Rey fue conscientemente marginado por Sánchez y su Gobierno.

Reacción del Rey

Con la imprescindible complicidad de la ministra Margarita Robles, ignoraron torticeramente la función constitucional del Jefe del Estado como “mando supremo de las Fuerzas Armadas”, en una crisis que exigía el despliegue militar. Se le ocultaron informes determinantes del CNI o la paralela invasión del espacio marítimo nacional por barcos de guerra marroquís. Que Felipe VI era consciente de la marginación a la que le estaban sometiendo lo demuestra la reunión organizada por él en Zarzuela con el jefe del Estado Mayor y otros mandos militares, con la ministra de convidada de piedra. La foto distribuida por la Casa Real expresa una imagen contundente de la auctoritas del Rey, reforzada por el encuentro programado con el presidente Juan José Vivas en Palma para comprometer públicamente la visita real a Ceuta.

Era la respuesta necesaria a la actitud irresponsable de Sánchez. Al regresar del veraneo, vetó la presencia del Rey en un Consejo de Seguridad Nacional en el que más obligada era su participación para presidirlo, en un momento crítico para la defensa de España. ¿Cuándo, si no? La reacción real, inequívoca y comprometida, remite a la del 23-F de hace 45 años, también al rescate del Estado en peligro. Entonces, el Gobierno estaba secuestrado por golpistas, ahora era el propio Gobierno el que renunciaba a proteger la Nación como exigía el golpe a su integridad territorial con una agresión que identifican como “ataque híbrido” planificado por Marruecos todos los expertos militares españoles, entre ellos, el Almirante Garat o el Teniente General Gan Pampols. El Presidente, a años luz de la autoridad moral de Adolfo Suárez, desertó, como en Paiporta, y el Rey dio la cara en una situación extrema. En su visita a las ciudades autónomas, cada acto, cada palabra suya retrató la traición de Sánchez. Para no dejar dudas: ”Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben regresar a su país de origen”. O esto: ”Ante cualquier riesgo, nuestra obligación es defender una parte irrenunciable de España”. Sencillo, para que lo entiendan Óscar Puente, el del bombo, y los ministros comunistas del España mañana será republicana: “¡La soberanía española es indiscutible!”, en Ceuta, en Zamora o en Alicante.

Investigar la traición

En una crisis existencial de seguridad nacional, el objetivo sanchista era ignorar al Rey y al Parlamento. Como portavoz del PSOE, fui ponente de la ley de Defensa de 2005, en un momento en el que, a raíz de la guerra de Irak, la prioridad consistía en potenciar la función fiscalizadora de las Cortes Generales sobre las misiones militares. Por su artículo cuatro, compete al poder legislativo “controlar la acción del Gobierno en materia de defensa”. Pues vaya giro el del Partido Socialista que, pasados 20 años, en la mayor crisis desencadenada con un ataque bélico por tierra, mar y aire, se mofa del Congreso de los Diputados, le oculta información y le miente con descaro, como hizo su Secretario General (el enamorado), el pasado tres de septiembre en sede parlamentaria. Ese partido queda descalificado para dirigir la política de seguridad nacional. Para no olvidar: la humillación de una emboscada a soldados españoles en Ceuta organizada por militares extranjeros camuflados (¡¡señora Robles!!).

En tanto Felipe VI honró sus compromisos con la defensa del Estado, Sánchez traicionó la responsabilidad a la que le obliga la presidencia. ¿Con implicaciones penales? El pasado 8 de septiembre, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón abrió investigaciones por hechos relacionados con la invasión de 100.000 personas y, en su desarrollo, se podrá conocer si el ”guiado activo” de los asaltantes contó además con la ”cooperación activa”, o no, del Gobierno español; si los comportamientos del presidente y sus ministros se corresponden, o no, con actos contra la independencia y seguridad del Estado; o si sus relaciones con Marruecos han perjudicado intereses vitales de España. Ahora es de “urgente necesidad” que la Diputación Permanente, en vez de tratar iniciativas demagógicas e inconstitucionales electoralistas, asuma la propuesta de Núñez Feijóo sobre Ceuta y se declare de una vez el estado de excepción para devolver la normalidad a los ceutíes. Y que los españoles se pronuncien el 29 de noviembre.