EL CORREO 28/04/14
· La delegación del Gobierno ha forzado a más de la mitad de los apercibidos a izar la enseña desde las últimas municipales.
La bandera española se ha convertido en los juzgados de Euskadi en un motivo recurrente de litigio tras las últimas elecciones municipales y forales de mayo de 2011. Desde esa cita con las urnas, que marcó el ascenso de Bildu a numerosas alcaldías, la delegación del Gobierno en el País Vasco se ha prodigado en avisos y recursos judiciales a ayuntamientos que se negaban a colgar la enseña rojigualda o que lo hacían en un lugar no preferente del edificio.
En concreto, la institución que gestiona Carlos Urquijo ha amonestado a un total de 218 consistorios por incumplir la legislación que obliga a colocar la insignia constitucional en un emplazamiento destacado de la balconada. El dato revela el alto número de localidades que en algún momento del período analizado –entre 2011 y la actualidad– no ha hecho ondear el trapo como manda la ley en la comunidad autónoma, que agrupa a 252 ayuntamientos. Es decir, el 86,5% de ellos ha tenido que ser apercibido, aunque alrededor de la mitad ha terminado izando la bandera de España junto a la ikurriña, la europea y el resto de las oficiales que considere.
La estadística que maneja Carlos Urquijo pone de manifiesto el alcance de la ‘guerra de las banderas’ en los municipios vascos, la mayor parte de ellos gobernados por el PNV, Bildu y las agrupaciones de independientes. Las elecciones de 2011 se saldaron con un profundo retroceso del PSE, que perdió alcaldías tan emblemáticas como Vitoria, San Sebastián, Lasarte, Andoain, Rentería y Sestao. Aún así, gestiona en la actualidad Barakaldo, Portugalete, Ermua, Eibar, Irún, Zumarraga, Ribera baja y Iruña de Oca. Para el PP, esos comicios significaron la recuperación de la capital alavesa. Los populares dominan La Rioja alavesa con gobiernos en Oyón, Laguardia, Labastida, Baños de Ebro, Navaridas y Yécora. Pero el resto del mapa municipal vasco está en manos del nacionalismo, repartido entre el PNV y la izquierda abertzale, enrolada en Bildu tras superar su período de ilegalización.
El exparlamentario del PP vasco Carlos Urquijo asumió la responsabilidad al frente de la delegación del Gobierno el 9 de enero de 2012, tras la victoria de Mariano Rajoy en las generales, con el reto de aprovechar el cese de ETA para dar un nuevo enfoque a su gestión. Su idea era acercar la institución a los ciudadanos en materias como las pensiones, las prestaciones por desempleo, el TAV, los aeropuertos, el DNI, el carné de conducir y la lucha contra el crimen organizado y la inmigración ilegal. Sin embargo, la oposición de numerosos ayuntamientos vascos a colgar la bandera española ha ocupado buena parte de su proyección pública en los últimos tres años.
La ausencia de mástiles
El dato no es nada desdeñable. Desde 2011 hasta fechas muy recientes, la delegación ha apercibido a un total de 218 consistorios, casi un 90% del total de ayuntamientos que hay en Euskadi, para que coloquen la bandera en cumplimiento con la ley. En la inmensa mayoría de los casos, el motivo esgrimido por esas localidades es de carácter político, al considerar «una imposición» la colocación de la enseña española. Pero no son las únicas causas. La desidia de algunas alcaldías, la tradición de no poner ninguna insignia e, incluso, la ausencia de mástiles por problemas de intendencia en un pueblo alavés gobernado por el PP completan los factores susceptibles de infracción.
Urquijo considera que la ley de banderas «no es ni un capricho ni una obsesión». De hecho, los responsables municipales que se nieguen a acatar dicha normativa corren el riesgo de ser inhabilitados. «Se trata de velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes», explica el delegado a este periódico
De todos los ayuntamientos amonestados en primera instancia, hay un grupo importante de ellos, formado por 76, que ha decidido colgar la bandera señalada, lo que les evita eventuales pleitos en los tribunales. El caso de San Sebastián, gobernado por Bildu tras la etapa del socialista Odón Elorza, es singular. Ya el alcalde del PSE ordenó en la recta final de su último mandato que la bandera española ondeara en un lugar preferente tras varios apercibimientos de la Defensora del Pueblo. Tras la llegada de Juan Karlos Izagirre, la delegación del Gobierno abrió un pleito al considerar que la insignia, situada en la parte superior del edificio consistorial, no era el lugar más adecuado. El Ayuntamiento ha situado la bandera en su sitio, aunque se ha caracterizado por colgar todo un abanico de pendones, desde la bandera de la II República española a la estelada catalana pasando por la del Sáhara, Tíbet y Palestina «en señal de solidaridad con otros pueblos».
Pero no todos dan su brazo a torcer. Un nutrido grupo de ayuntamientos ha decidido llevar sus resistencias a los tribunales. Un centenar ha acabado en el juzgado –ya hay 36 sentencias firmes en esta instancia–, mientras otros siguen haciendo oídos sordos a la solicitud de la delegación. El Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Abadiño ha decidido poner fin a su litigio en el juzgado. Su alcalde, José Luis Navarro, miembro de una plataforma independiente, ha considerado «lamentable» que en Euskadi «algunos dediquen su tiempo remunerado a inspeccionar fachadas». «Por norma, sólo nos dedicamos a los problemas reales de la ciudadanía en lugar de abordar historias estériles y polémicas, que no interesan a casi nadie», ha recalcado. Navarro que izó la bandera española el miércoles pasado tras una sentencia, también ha instalado la enseña local, la de Bizkaia, la ikurriña y la europea.
El proceso judicial
Tras la fase del juzgado, el proceso judicial puede continuar para aquellos consistorios que no se plieguen a las primeras de cambio. Un total de 44 ayuntamientos ha terminado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con 13 sentencias en firme, tras cruzar recursos con la delegación del Gobierno a través de la Abogacía del Estado. El caso de Lekeitio quizá sea el más conocido. El Ayuntamiento, liderado por Bildu, se ha visto obligado a colocar la española después de una cadena de resoluciones y protestas. La izada ha dado lugar a escenas rocambolescas en los plenos. En uno de ellos, exconcejales del PNV, partido que gobernaba el Consistorio en anteriores mandatos, criticaron a la coalición soberanista por acatar la resolución. «Durante años hemos tenido que aguantar que la izquierda abertzale nos llame ¡PNV español! y ahora resulta que va a ser un Ayuntamiento gobernado por ellos el que pase a la historia del municipio por colocar esa enseña. ¡Bildu español! ¡Bienvenido al club!», espetó una exedil jeltzale.
Bildu sacó adelante una propuesta para colocar en el balcón principal una pancarta con el lema «Inposaketarik ez, geurea ikurrina» / «No a las imposiciones, la nuestra la ikurriña», recientemente retirado por orden judicial. En este tiempo, Urquijo ha llegado a calificar de «burla» algunos intentos de sortear la ley, situando la bandera española ‘camuflada’ entre otras numerosas enseñas. Ocurrió en Lekeitio con 43 distintivos de diferentes países y comunidades, y en Urretxu, con 38.
La delegación del Gobierno, que también se nutre de las informaciones de concejales y vecinos, calcula que existen al menos 21 recursos judiciales en marcha. Sin embargo, desconoce oficialmente el número concreto de ayuntamientos que siguen sin izar la bandera española o sin tenerla en su lugar correspondiente. Fuentes de la institución alegan que su labor no consiste en el «seguimiento» de la aplicación de las sentencias. «No tenemos una lupa», apuntan los mismos medios.
En algunos casos, las sentencias no se llevan a la práctica e, incluso, puede darse el caso de que la bandera sea retirada tras su colocación por orden de los tribunales. Recientemente, un grupo autodenominado ‘Arrantzale bizardunak’ ha colgado un vídeo festivo en el que sus miembros quitan la enseña española y la europea del exterior del Ayuntamiento de Mutriku para dejar únicamente la ikurriña.
Urquijo aboga por «la tolerancia y a la concordia para respetar no solo la ley sino también las distintas sensibilidades y sentimientos de pertenencia». «Ojalá no fuera necesario judicializar una cuestión que debiera ser pacífica y basada en el respeto a los símbolos que a todos representan y a nadie deben ofender. Todos, nacionalistas o no, debemos asumir que en un Estado de Derecho la ley es la única garantía para el ejercicio de la libertad y que el respeto al diferente es la base de la democracia», sostiene el delegado.
EL CORREO 28/04/14