Lo primero que hay que hacer cuando se convoca una manifestación es llamarla por su nombre. O por un sinónimo como concentración, marcha u otro que pueda entender todo el mundo. Si empiezas llamándola «acto», aunque sea un «gran acto», demuestras voluntad de disimulo. Un acto es un concepto indeterminado, ambiguo, inocuo, que puede aludir a una reunión, a una conferencia, a una asamblea, a una fiesta incluso. Usarlo como eufemismo para rebajar el carácter político de una manifestación, como han hecho los dirigentes del PP, es absurdo y revela falta de convicción, soslayamiento, intención evasiva o necesidad de recurrir al subterfugio para no alarmar a unos ciudadanos que merecerían ser tratados como adultos.
En una democracia nadie puede limitar el derecho de la gente a expresar pacíficamente su opinión en la calle, y menos que nadie la izquierda, experta en organizar manifestaciones de toda clase y condición, no pocas veces violentas. No es menester, pues, encubrir con máscaras semánticas la naturaleza de la convocatoria madrileña: se trata de un acto, sí, pero de un acto de legítima protesta, en este caso contra la muy probable y nunca negada tramitación de una inaceptable amnistía para los participantes en una insurrección de independencia. No hay en ello, por mucha agresividad dialéctica con que el Gobierno haya cargado su desaforada respuesta, ningún motivo de oprobio, de ilicitud ni de sospecha, ninguna razón para sentir vergüenza. Otra cosa es que la iniciativa sea conveniente en términos de oportunidad estratégica.
Porque es obvio que una movilización así, a dos días de la investidura de Feijóo, la da ante la opinión pública por fallida. Y esa interiorización preventiva de la derrota puede contrarrestar la energía de una demostración de rebeldía –que no rebelión– cívica. Objetivamente devalúa el relato de las elecciones ganadas para asumir por adelantado un estatus de oposición o, en la interpretación más benévola, de alternativa. Que sin duda es ajustada a la realidad pero resta sentido al debate parlamentario, ofrece síntomas de confusión anímica y refuerza el discurso socialista de que sólo la candidatura de Sánchez tiene opciones reales de salir elegida.
El error está en el orden del calendario, que se le está haciendo al líder popular demasiado largo. La evidencia, más allá de la intuición, de que el sanchismo negocia con Puigdemont la amnistía ha calentado el ambiente y forzado a Feijóo a alterar el orden lógico de sus pasos para satisfacer la razonable inquietud –y frustración– de su electorado. Quizá tema que el adversario le madrugue el intento de investidura con el anuncio de un pacto. Ahora, tomada la decisión y hecho el llamamiento, no le queda otra que asumir el liderazgo y convertir la ocasión en un aldabonazo multitudinario que deje el tejemaneje en ciernes moral, política y socialmente desautorizado.