Han llegado esas movilizaciones y al Gobierno le ha dado por empezar a sacarse reales decretos-ley de la manga a la velocidad de un ventilador, uno diseñado exclusivamente para no salir votado: el de Sumar y el Sindicato de Inquilinas, al que el PNV y Junts se oponen manifiestamente y que postula la renovación automática de los alquileres que haría indefinidos los contratos de arrendamiento. El otro decreto, al que también se ha apuntado Sumar a última hora, es el que tiene más posibilidades de salir adelante y presenta unos planteamientos que van abiertamente contra el libre mercado, como son el de prohibir los desahucios hasta el año 2030 y la propia compra de viviendas a los llamados fondos buitres.

La primera de esas medidas desampara al arrendador aún más de lo que lo está con la protección jurídica a los okupas y tendrá como consecuencia el aumento del temor de los propietarios y una mayor reducción de la oferta, o sea, el agravamiento del problema y un efecto opuesto al que pretende. La segunda de esas medidas equivale a una suerte de ‘apartheid económico’ contrario a la igualdad ante la ley y a la propia legalidad constitucional -«Tu dinero no vale en este bar»- y plantea además un problema semántico: ¿Quién decide quién es buitre y quién es paloma? ¿Por qué criterios se pertenece a esa especie ornitológica en un sentido que sería necesariamente figurado (el ‘buitrismo’ es una licencia literaria) y que no puede tener por lo tanto una consideración legal?

Estamos ante una categoría metafórica y subjetiva que podemos usar como arma arrojadiza contra cualquiera. Dicho de otro modo, podríamos empezar a hablar de políticos buitres, ministros buitres, presidentes águilas y vicepresidentas cuervos. Podemos convertir el debate nacional sobre la vivienda en una fábula de Esopo. Y, lo que es peor, podemos obtener con esas políticas el resultado que obtendría quien, para salir de un agujero, se pone a cavar hacia abajo.