ISABEL SAN SEBASTIÁN-ABC
Los que «arrean» allí no se llaman ETA, sino Comités de Defensa de la República, Òmnium Cultural o ANC.
«N o conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan. (…) Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas». Esta célebre frase de Xabier Arzalluz, a la sazón líder del «muy leal» Partido Nacionalista Vasco, fue pronunciada en el transcurso de una reunión secreta mantenida con representantes del tentáculo político de ETA, cuando su brazo armado «sacudía» brutalmente el árbol constitucional a base de tiros en la nuca y coches bomba. Hoy los interlocutores de entonces se reparten cargos, dinero y poder en las instituciones, mientras las víctimas supervivientes de su vomitiva estrategia cómplice contemplan, atónitas, el triunfo de la ignominia sobre la más elemental decencia democrática.
La situación creada en Cataluña es similar, si bien, afortunadamente, la intensidad de la «sacudida» es menor. Los independentistas que «arrean» allí no matan, aunque, como decía una concejal del PP en la San Sebastián de la tregua-trampa, tampoco dejan vivir. No se llaman ETA, sino Comités de Defensa de la República, Òmnium Cultural o ANC. Han aprendido de los vascos el arte de expulsar de las calles a quienes no comparten sus pretensiones. «Terrorismo de baja intensidad», lo denominan algunos. Kaleborroka, violencia urbana, vandalismo, intimidación… Existen muchos nombres para describir lo que hacen, pero todo conduce a un mismo objetivo: imponer su concepto totalitario y excluyente de la sociedad. «Alcanzar su liberación», diría Arzalluz, a costa de ignorar el marco legal vigente y silenciar por la fuerza a los discrepantes.
La Guardia Civil, ella sí leal de verdad a nuestro Estado de Derecho, ha documentado ante el Supremo trescientos quince actos de violencia perpetrados por los agitadores del «procés» separatista en los últimos meses. Abarcan desde cortes de carreteras o vías férreas hasta agresiones directas a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sin olvidar algaradas, destrozo de mobiliario urbano y demás salvajismo útil a los fines que persiguen los que «discuten». Ninguna de esas barbaridades ha sido condenada hasta hoy por los líderes nacionalistas, ni tampoco por la marca local de Podemos, a pesar de que la Ley de Partidos establece claramente que la violencia es incompatible con cualquier actividad política. Es evidente que no se dan por aludidos. Si Batasuna es legal una vez reconvertida en Bildu, ¿por qué habrían de hacer ascos ellos a unas cuantas patadas?
Los recogedores de nueces catalanes no solo no condenan, sino que animan. «Vuestra solidaridad, afecto y compromiso nos alienta. Seguimos». Esto escribía en su twitter el imputado Carles Puigdemont, siendo todavía «president», mientras sus hordas esteladas se adueñaban de la vía pública. Ayer mismo, en el parlamento, la propuesta popular de rechazar cualquier manifestación violenta puso a cada cual en su sitio: Ciudadanos, PSC y PP del lado de la democracia, respaldando esa obviedad. El resto, incluida Catalunya en Comú (los de Pablo Iglesias y Ada Colau), en el «frente unitario» cuyo fin independentista justifica cualquier medio. A saber; bronca, altercados, amenazas explícitas y hasta señalamientos a través de la televisión autonómica, que el pasado lunes no dudaba en dar a conocer el nombre completo de la esposa del juez Llarena, así como el lugar donde trabaja y la ciudad en la que reside. Miserable ¿verdad? Nada lo es en demasía a sus ojos. Todo es lícito para conseguir esa abundante cosecha. Son discípulos aventajados de Arzalluz en una España que, en aras de una «paz» claudicante, premió irresponsablemente lo que nunca debería haber tolerado. De esos polvos, estos lodos.