Al vodevil interminable en que se ha convertido la renovación de los órganos judiciales se añadió ayer un nuevo capítulo. El PSOE va a deshacer la reforma que él mismo impulsó hace apenas unos meses para impedir que el Consejo General del Poder Judicial pudiera hacer nombramientos discrecionalmente.

Con la ‘reforma de la reforma’ de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Gobierno busca ahora acabar por la vía rápida con la situación de prórroga de mandato en la que se encuentra el CGPJ desde diciembre de 2018, permitiendo al órgano de gobierno de los jueces volver a designar magistrados en el Tribunal Constitucional.

¿Pero a qué viene ahora está urgencia por enmendar una situación a la que el propio PSOE condenó al órgano de gobierno del Poder Judicial?

Renovar sólo el TC

No cabe engañarse con las intenciones de Pedro Sánchez. Al Gobierno no le importa tanto la renovación del CGPJ como la del Tribunal Constitucional (TC). Para el Ejecutivo de Sánchez es urgente invertir la mayoría conservadora que hay actualmente en el TC.

No hay que olvidar que este tribunal ya le ha acarreado varios disgustos al presidente, como la declaración de inconstitucionalidad de los estados de alarma de la pandemia. Además, el balance de 7 a 5 a favor de los progresistas será también clave cuando el TC tenga que estudiar algunas de las leyes más ideológicas impulsadas recientemente por el Gobierno socialista, como la ley Celaá o la ley del sólo sí es sí.

Y de ahí la ‘contrarreforma’ con la que el Ejecutivo quiere desbloquear cuanto antes la renovación parcial del Tribunal Constitucional, permitiendo que el CGPJ pueda, ahora sí, elegir a los dos jueces que le corresponden.

Al desatar las manos del CGPJ sólo para la renovación del TC, el Gobierno está protagonizando un bochornoso ejercicio de instrumentalización de los órganos constitucionales. Uno que agravará la imagen de insuficiente independencia judicial que España acredita frente a la Unión Europea.

¿Qué hay detrás?

Pero hay un motivo más detrás de la enmienda del Gobierno a su propia ley sobre el Poder Judicial. Y es la intención de Sánchez de seguir alimentando el relato de un Partido Popular tan poco dialogante como el de la era de Pablo Casado.

Porque el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo ya anunció que estaba dispuesto a negociar con el PSOE la renovación del CGPJ. Con dicho acuerdo, Sánchez podría haber llegado a la misma situación de mayoría progresista de vocales en su favor que ahora busca. ¿Por qué entonces ha decidido no esperar a la propuesta de los populares, optando por una vía unilateral que no resuelve el problema de fondo?

Según el argumentario de los socialistas, la decisión ha estado motivada por la negativa de los populares a facilitar la renovación del CGPJ. Pero la realidad es que a Sánchez no le interesa negociar. Este atajo legislativo está pensado para poder seguir vendiendo la tesis de que Alberto Núñez Feijóo es igual que Pablo Casado.

El PSOE sabe que si acepta sentarse a la mesa con el PP se desmoronará la narrativa de la irresponsable cerrazón de los populares con la que ha justificado el retraso en la renovación del CGPJ.

Pero la anomalía constitucional que representa la prórroga indefinida de los órganos judiciales debe ser prioritaria a cualquier cábala partidista y electoral. Frenar y revertir el deterioro de la separación de poderes en España requiere mayor seriedad y altura de miras por parte del Gobierno.

La única reforma legal que procede en estos momentos es una que permita despolitizar de una vez el sistema de nombramiento de los miembros del CGPJ. Que los jueces elijan a los jueces, como piden la Constitución, la UE, los jueces y el PP. No hay más.