EDITORIAL EL MUNDO – 28/05/16
· La decisión de la agencia de calificación Moody’s de hundir un escalón más la deuda de la Generalitat de Cataluña, hasta el grado Ba3 con perspectiva negativa, indica el nivel de precariedad en la que se encuentra la economía de esa comunidad autónoma española. No hay paliativos para decir que, en estos momentos, se trata de una región que no depende de sí misma para funcionar normalmente. Y por funcionar entendemos poder pagar las nóminas de los empleados públicos y a sus proveedores. Ni que decir tiene que si tuviera que hacerse cargo de las pensiones de los jubilados catalanes –aunque recaudara las cotizaciones sociales–la suspensión de pagos de Cataluña estaría asegurada.
La rebaja de Moody’s se suma a la de Standard & Poor’s del pasado marzo. De cara a los grandes inversores internacionales –que utilizan los criterios de las agencias de calificación a la hora de decidir dónde colocar el dinero– Cataluña está en el mismo nivel de riesgo que Kenia, Nigeria o Bangladesh. Desde luego, no es una buena noticia para el Govern presidido por Carles Puigdemont.
Moody’s justifica esta decisión porque cree que la deuda de la región seguirá creciendo en los próximos años, algo que no podrá remediar el actual sistema de financiación autonómica, y porque el Gobierno de Puigdemont está en minoría parlamentaria, lo que hace imposible que tome las decisiones de ajuste que necesita la economía. Lo estamos comprobando estos días, cuando vemos al Govern rehén de los radicales de la CUP a la hora de aprobar los Presupuestos. Por eso, es un sarcasmo volver a escuchar al presidente de la Generalitat desentenderse de sus responsabilidades al sentirse «poquísimamente» concernido por la rebaja del rating y reclamar que cuando Cataluña recaude sus propios impuestos, «veremos qué calificación crediticia obtiene». En el Círculo de Economía. Oriol Junqueras quitó importancia a la rebaja porque la calificación de la deuda catalana «está entrelazada» con la española
El caso es que Puigdemont y Junqueras, como antes Artur Mas y Andreu Mas-Collel, han fracasado en su intento de cuadrar las cuentas de Cataluña y los datos son incuestionables: la deuda asciende a 370% del PIB y el déficit público terminó el año pasado en el 2,7% del PIB, el más alto de todas las comunidades autónomas. Y todo eso, a pesar de que el Gobierno del PP ha salido en auxilio de la Generalitat prestándole el dinero necesario para hacer frente a diversos compromisos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o mediante el plan de pago a proveedores.
Lo peor es que la Generalitat es incapaz de reconocer que esta complicada situación económica se debe a la ineficacia de su gestión. Es cierto que el modelo de financiación económica necesita una revisión a fondo, pero de ahí a que, como repiten machaconamente los dirigentes catalanes de ahora y de antes, la culpa de la postración económica de la Generalitat se deba a que Cataluña no es independiente no tiene ningún sentido.
Puigdemont, en cambio, reiteró ayer en Madrid que la Generalitat mantiene ese viaje a ninguna parte, que es el plan soberanista iniciado por Artur Mas. En un desayuno organizado por Nueva Economía Forum explicó que en un año convocará nuevas elecciones con carácter constituyente para celebrar un referéndum y declarar de forma efectiva la independencia, porque «ésa es la hoja de ruta que han trazado con sus votos millones de catalanes». Puigdemont vuelve a olvidar que las tesis separatistas sólo fueron votadas por el 47% de los ciudadanos, en unas elecciones que la propia Generalitat se encargó de presentar a la opinión pública como plebiscitarias.
Pero el president debería bajar al terreno y olvidarse de esos deseos que sabe que son irrealizables. A día de hoy, el hecho incuestionable es que, sin el auxilio financiero del Estado, Cataluña no podría conseguir financiación en los mercados internacionales para hacer frente al servicio de la deuda y, ni siquiera para pagar su funcionamiento. Los proveedores de la Generalitat tienen mucho que decir en este sentido.
Publicamos hoy que en los últimos tres años el Gobierno ha traspasado a la Generalitat 46.400 millones a través del FLA para hacer frente a la financiación de su deuda. Esto supone la tercera parte de lo destinado por el Fondo a todas las comunidades autónomas. El Espanya ens roba que sigue repitiendo sistemáticamente desde la Generalitat es un lema cínico que sólo pretende esconder las propias miserias. Lo único claro es que desde que empezó la deriva soberanista la economía catalana desvía más el rumbo.
EDITORIAL EL MUNDO – 28/05/16