EL CORREO 10/06/13
La secretaría de Paz aguarda desde hace meses para reunirse con el ministerio y reactivar el proyecto del memorial
Retraso y silencio. Esta es la respuesta que el Gobierno vasco ha recibido por parte del Ministerio del Interior a sus propuestas desde que la nueva secretaría de Paz y Convivencia iniciase su nueva andadura a principios de año. La relación entre ambos es prácticamente inexistente, lo cual no deja de ser llamativo ya que ambos gestionan la política de víctimas. Este ‘bloqueo’ por parte de Madrid ha despertado cierto malestar en Lakua. Peticiones de reunión que permanecen en el aire desde hace meses, propuestas que aún no han recibido respuesta alguna… Y una comisión bilateral, la del centro de la memoria por los damnificados por el terrorismo, que no se ha reunido en nada menos que un año, pese a que desde Vitoria se requirió por escrito la reactivación de este foro el pasado mes de abril.
Desde el 11 de septiembre de 2011, cuando el pleno del Senado refrendó la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE y PP, la normativa, o más bien el desarrollo de la misma, ha sufrido un frenazo en seco. Entre las cuestiones que continúan pendientes, y que atañen también al Gobierno vasco, figura el impulso a la creación del memorial por los damnificados. Una iniciativa que suscitó el aplauso de los colectivos de afectados por la lacra del terrorismo, pero que a día de hoy sigue sin ver la luz.
El pasado 9 de abril, la secretaría de Paz y Convivencia del Ejecutivo autónomo, liderada por Jonan Fernández, solicitó por escrito al Ministerio del Interior –en concreto, a la Dirección de Víctimas– la convocatoria de la comisión mixta creada por ambas administraciones con el fin de dar forma a este organismo. «Lamentablemente, no hemos obtenido respuesta», aseguraba la semana pasada el lehendakari, Iñigo Urkullu. Dos meses de silencio que no sólo ha despertado los recelos y el malestar del Ejecutivo de Vitoria, sino que chocan con la ‘bandera’ que desde Madrid, en especial desde las filas del PP, se hizo en su día de este proyecto. Cabe recordar que la ubicación de este centro en recuerdo a las víctimas del terrorismo está prevista en Euskadi.
Un arranque polémico
La última vez que la comisión bilateral se reunió fue en mayo de 2012, cuando el Ejecutivo vasco estaba todavía en manos del socialista Patxi López. El Gobierno, que gestionará en exclusiva otro proyecto, el futuro Instituto de la Memoria, decidió en aquel encuentro dejar en manos de Madrid el control del memorial. Ambas administraciones acordaron constituir un Real Patronato, adscrito al Ministerio del Interior, que será el encargado de dirigirlo. La presidencia de honor la ostentará el Rey, la presidencia recaerá en el máximo representante del Ejecutivo central, en este caso Mariano Rajoy, y la vicepresidencia, en el lehendakari. Desde entonces han sido muchas las noticias que han rodeado el nacimiento del memorial, pero ninguna se ha tornado aún en realidad. La que ha cobrado más fuerza es la idea de ubicarlo en el palacio Zulueta de Vitoria, antigua sede del proyecto ‘Green Capital’.
La operación resultaría sencilla. Se da la circunstancia de que el edificio es de titularidad municipal, por lo que no se descartaría que el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Vitoria, ambos gobernados por el PP, realizasen una permuta. Es decir, que el Consistorio podría ceder el inmueble en cuestión para albergar el memorial y el Gobierno de Rajoy le ofrecería a cambio otro edificio de su propiedad, situado también en la capital alavesa.
Nada ha trascendido al respecto y la comisión, cuya presidencia asumió Mari Mar Blanco, lleva más de un año sin citarse. Desde el Ministerio del Interior atribuyen este escenario, así como el hecho de no haber respondido al Gobierno vasco en dos meses, a un «retraso habitual». Niegan, ahora bien, que se deba a posibles diferencias de criterio entre el los populares y el PNV.
Ni tampoco al hecho de que el nombramiento de Jonan Fernández como secretario de Paz y Convivencia sentara como un jarro de agua fría en las filas del PP vasco y entre algunos colectivos de víctimas, que no olvidan su pasado como concejal de Herri Batasuna. La AVT, principal azote del Ejecutivo de Rajoy, no dudó en romper, en un primer impulso, relaciones con el Ejecutivo de Vitoria por esta razón. Una decisión que desde Lakua llegaron incluso a interpretar como un ‘aviso a navegantes’ que podría condicionar, o intentarlo, la relación entre Interior y la secretaría de Paz y Convivencia.
Entre las personas más críticas con la designación de Fernández figura, precisamente, Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, pero también de la comisión del memorial. La hermana de Miguel Ángel Blanco se negó a entablar contacto con el exdirector de Baketik, cuya designación tildó de «humillación». Fuentes del Ministerio del Interior insisten en que el memorial es una de las cuestiones pendientes que «se van a tramitar», si bien no precisan cuándo se dará este paso.
Desde Madrid atribuyen este escenario a demoras «habituales» y rechazan diferencias con Lakua
Plan de trabajo
El impulso del centro no recaería, al menos a priori, en Jonan Fernández, sino en la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, liderada por Mónica Hernando y Txema Urkijo. Pero el Gobierno de Rajoy también tiene una reunión pendiente con ellos, nada menos que desde febrero. Tras ser designados por Urkullu en sus respectivos cargos, se pusieron en contacto con su homóloga en Madrid, Sonia Ramos, con un doble fin: que la directora de víctimas del Ejecutivo central tuviese un primer contacto formal con Hernando –hasta entonces quien ostentaba su puesto era Maixabel Lasa– y se le presentara, a grandes rasgos, el plan de trabajo del nuevo equipo, adscrito ahora a la Lehendakaritza. Sin embargo, a día de hoy el encuentro, que podría enmarcarse en la clásica cortesía institucional, sigue sin producirse. Cuatro meses después, el argumento de Madrid sigue siendo la existencia de «problemas de agenda».
El encuentro que sí se produjo fue el que protagonizaron a finales de enero el lehendakari y el presidente del Gobierno central. Entonces, Iñigo Urkullu pidió a Mariano Rajoy que el PP se implique de forma «activa» en la consecución de la paz, y le puso sobre la mesa –también se lo entregó por escrito– una propuesta sobre las medidas que el Ejecutivo vasco consideraba beneficiosas a la hora de construir una futura convivencia. Entre ellas, ponía en valor los encuentros entre víctimas de ETA y presos de la banda –en realidad expresos–, vinculados a la denominada ‘vía Nanclares’ de reinserción.
Al parecer, aquel documento tampoco ha recibido respuesta, y los ‘cara a cara’, que nacieron en 2011 gracias a la colaboración entre los gobiernos vasco y central, han llegado a un punto muerto. El temor a la reacción de asociaciones de víctimas como Covite o la AVT han llevado al Ministerio del Interior a medir hasta el extremo cualquier movimiento en torno a los reclusos etarras y la órbita de la izquierda abertzale.