Ni rastro del plan alternativo al estado de alarma que, hace meses, prometió la vicepresidenta Carmen Calvo. Ni ganas de Sánchez de afrontar la pandemia del país desde su cabina de mandos. Y entramos en la semana crítica. Porque el próximo día 9 decaerá la legislación extraordinaria y las comunidades autónomas se quedarán a la intemperie jurídica. En línea paralela a la vacunación transitan los contagios. La situación sanitaria en Euskadi sigue siendo preocupante. Es la comunidad más castigada por la cuarta ola. Con UCI saturadas y operaciones aplazadas. Y según el plan Sánchez (que consiste en no tener plan) serán los jueces quienes examinen a los gobiernos autonómicos cada norma de restricción de movimientos que, ya hemos visto, es lo primero que se les ha ocurrido hasta ahora. Las medidas excepcionales lesionan derechos fundamentales. Los cierres perimetrales no han frenado la propagación del virus y, además, propiciaron los encuentros de grupos en locales interiores para celebrar las finales de Copa. La gente está descreída y agotada. Las esperanzas están depositadas en la vacunación que, a pesar del empujón del fin de semana, sigue siendo desproporcionadamente lenta. Seguimos a la cabeza de los contagios y a la cola de las vacunas. El Gobierno vasco, con diferencias internas entre los socios, desbordado. Estamos en un bucle.

Demasiado tarde para los lamentos. Pero si el Gobierno de Sánchez se instala en el desentendimiento, volverán a cometer errores de bulto. El covid no entiende de repúblicas independientes. Y los gobernantes autonómicos que reclamaron a Sánchez hace meses menos tutelas piden ahora normas precisas. Y globales. Por carta, incluso. Como hizo el lehendakari, aunque él tampoco se libra de las críticas domésticas. Su ‘ley antipandemia’ fue tomada en consideración por el Parlamento vasco. Pero varios expertos han destacado sus posibles carencias constitucionales y, además, no tiene el apoyo del PP.

Le recriminó el lehendakari a Iturgaiz que su partido fuera a recurrir al Tribunal Constitucional pero el caso es que Feijóo aprobó una ley para gestionar la pandemia en Galicia y fue el Gobierno de Sánchez quien primero se la suspendió y luego la remitió a los tribunales. Cogobernanza maniatada. La vicelehendakari Idoia Mendia, centrada en la cruzada de salvar al ‘soldado Sánchez’, se ha distanciado de su socio Urkullu. Y, desde su entorno, han criticado por escrito la ineptitud del Gobierno vasco. Como si ellos, socialistas, estuvieran en la oposición. Niegan que existan fricciones pero la realidad es otra.

El PP solicitará comparecencia urgente de Urkullu ante el Parlamento. Urkullu no tiene sesión de control hasta el 14 de mayo. Y no les parece serio que no dé cuenta de sus planes antes de que decaiga el estado de alarma. El lehendakari ya ha probado la medicina de la judicialización continua. Y le ha dejado un poso amargo.

Los jueces le obligaron a reabrir los bares. El malestar salta a la vista. Cuando las elecciones de Madrid despejen mañana el juego de tronos, Sánchez quizá se decida a abandonar su optimismo ‘naif’ y empiece a gestionar lo que verdaderamente importa a los ciudadanos. Sus socios, ante su desentendimiento, atienden el ‘plan B’ del PP. Aunque no llegue a tiempo. Pero necesitan aferrarse a una certeza jurídica. Si Sánchez persiste en su dejación, no saldremos juntos ni más fuertes. Justo lo contrario de lo que propagó.