Ningún Gobierno sería capaz de presentar una reforma de las pensiones viable (es decir, realista y necesariamente restrictiva) con unas elecciones a dos meses vista. Y menos que ninguno el de Sánchez, que además de vivir en estado de propaganda constante ha hecho del populismo un rasgo de identidad, una cuestión de carácter. El populista es por antonomasia un estafador de masas que huye de cualquier clase de medidas impopulares para evitar que la realidad destape sus trucos de prestidigitador irresponsable. Y las jubilaciones, con nueve millones largos de beneficiarios en España, constituyen la materia más delicada de la política, una cuestión de potencia social explosiva que debe manejarse como si fuese un frasco de nitroglicerina. Máxime para un partido como el PSOE, cuyo principal granero de votantes son personas de más de 55 años que si no están percibiendo ya el retiro se hallan cerca de alcanzar la edad de cobrarlo y que, a diferencia de los jóvenes, acuden siempre a las urnas y por tanto tienen una influencia decisiva en el resultado.

El proyecto de Escrivá, que antes de ser ministro defendía una posición bastante distinta de la que ahora ha adoptado, consiste en la práctica en mantener o incluso ampliar la actual tendencia de gasto, ignorando a conciencia los cálculos demográficos, y descargar sus costes sobre asalariados y empresarios, los dos colectivos que la izquierda utiliza de manera habitual como cajero automático. Todo el mundo sabe, incluido el Ejecutivo, que esas previsiones no funcionarán a medio ni a largo plazo en un país con baja proyección de crecimiento y alta tasa estructural de paro, pero da igual porque de lo que se trataba era de no irritar a los sindicatos y de llevar a Bruselas un documento susceptible de ser aprobado siempre que Von der Leyen lo mire con el escaso reparo que su galanteo político con Sánchez garantiza de antemano. Patada a seguir, como en el rugby: balonazo para adelante y vámonos que nos vamos.

La ventaja de ese pacto, salvo para los que lo tengan que pagar en las dos siguientes décadas, es que no va a cumplirse. Por una razón muy simple: sus premisas son literalmente insostenibles. El próximo Gabinete, y quizá los siguientes, deberán reajustar las cuentas presionados por la propia Comisión Europea, con alta probabilidad de enfrentarse a la feroz oposición callejera de quienes les han dejado pendiente la papeleta. Es una historia bien conocida: la tradicional trampa que el socialismo deja en herencia para que se pille las manos la derecha. La factura de la juerga apuntada con tiza en la barra, como en los bares antiguos, y que arree con ella el que venga. Mientras tanto, a sacar pecho de solidaridad redistributiva a base de presión tributaria sobre las rentas y de darle a la manivela de la deuda. Allá se las compongan como puedan los que estén al mando cuando se pare la rueda.