Antes de indultar a Griñán, Sánchez intentará agotar otras vías de menor desgaste para sus expectativas electorales. La principal consiste en dejar el asunto en manos de un Tribunal Constitucional ya renovado con mayoría favorable a eso que en la terminología convencional se ha dado en etiquetar como ‘sector progresista’. Pero el plan se ha ralentizado por el atasco del pacto de la justicia, que está dilatando el nombramiento de los nuevos magistrados de la Corte de Garantías. Así las cosas, los intereses del presidente del Gobierno y los del ex mandatario andaluz empiezan a bifurcarse: a la frialdad de cálculo del primero podría convenirle que el segundo pase al menos un tiempo en la cárcel mientras el interesado, como es lógico, trata por todos los medios de apartar de sí ese amargo cáliz. Tras el contundente informe de la Fiscalía –«las sentencias claman por ser cumplidas»–, la decisión de ejecutar o suspender la condena está en manos de la Audiencia de Sevilla. Sin plazos determinados, aunque en medios judiciales se espera un pronunciamiento más o menos inmediato.

Existen precedentes en cualquiera de los dos sentidos. La costumbre procesal tiende a ordenar prisión cuando la pena es superior a cinco años, aunque hay registradas excepciones en más de una docena de casos. Y de delitos graves, como violación y terrorismo. En caso de suspensión se oirán en La Moncloa suspiros de alivio: la presión aflojará y la urgencia del indulto se quedará en el limbo, tal vez incluso para que lo resuelva un futuro Ejecutivo. Compromiso diluido. Por el contrario, si el tribunal sentenciador dicta pronto presidio arreciará el debate y se volverá muy antipático para Sánchez. Aunque los socialistas llevan desde el verano fabricando el argumentario exculpatorio y minimizando la importancia del fraude no les resultará fácil convencer a la opinión pública de que no pretenden autoperdonarse.

De un escándalo de corrupción, además, por mucho que se empeñen en negarlo. Griñán, o su abogado, yerran el enfoque estratégico. Están centrando la defensa en la ausencia de beneficio propio obviando que el Supremo ha apreciado colaboración –activa y/o pasiva– en el lucro ajeno. Reivindican la inocencia en el plano moral, no en el jurídico, y con un criterio muy discutible sobre la naturaleza leve del delito. A estas alturas no hay aparato propagandístico capaz de convertir la gigantesca trama de los ERE en un insignificante error formal, un mero defecto administrativo. O de persuadir a nadie de que la malversación y la prevaricación son nimios gajes del oficio político si sus autores no se llevan dinero a su bolsillo. La condonación de pena es un derecho legítimo de cualquier gobernante en ejercicio. Pero el sanchismo la está prefigurando como una revocación del veredicto. Y tendrá que exponerse a que los ciudadanos se formen al respecto su propio juicio.