SANTIAGO GONZÁLEZ-EL MUNDO
El presidente del Gobierno español es un simple, de ahí que compareciera el sábado en rueda de prensa para anunciar a la peña el compromiso histórico que había arrancado a la Unión Europea y el Reino Unido para hacer valer los intereses de España respecto a Gibraltar.
No se han modificado ni el Acuerdo de Salida ni la Declaración Política, ni siquiera el famoso artículo 184 y su ominoso silencio sobre la última palabra de España sobre Gibraltar, tal como se había acordado por los 27 en 2017. Apenas repuesto del jet-lag, Pedro Sánchez compareció en una rueda de prensa en La Moncloa para calificar de histórico el acuerdo que le permitió comerse la bravata del boicot. No se había visto nada igual desde el Tratado de Utrech, 305 años teniendo en nuestro territorio la última colonia de Europa.
Un acuerdo histórico y sin despeinarse; desde Cuba, con su señora y el ministro escupido por toda compañía. Uno oía su comparecencia en directo con la incredulidad a la que este hombre le tiene acostumbrado. No tenía elementos de juicio para poner en duda su palabra salvo la tradición. ¿Iba a ser ésta la primera ocasión en la que dijese la verdad a los españoles? No era probable. Llamaban la atención algunos adornos que se permitió: el triple blindaje y las tres veces que se refirió a las garantías «por escrito» que Europa y el Reino Unido nos habían dado de que nuestro punto de vista sería determinante en el proceso.
Por escrito no quiere decir exactamente que se iba cambiar el texto del Tratado o modificarse el artículo 184. Por escrito es un sintagma que sirve a las personas con una relación no habitual con la palabra escrita. Los lectores con edad suficiente para haber hecho la mili recordarán las pomposas amenazas del sargento: «Te voy a meter un parte por escrito». Tres veces dijo el mago de Utrech que le habían garantizado los intereses de España por escrito, unas amables palabras, sin mayor valor jurídico que cualquier declaración de Sánchez desde que una tropa de socialistas demediados, populistas, golpistas catalanes, nacionalistas vascos, incluidos filoterroristas, y el juez De Prada, que dio el impulso original a todo, lo alzaron a una magistratura para la que no estaba dotado en contra de sus promesas previas.
Mientras, el otrora Grande, Marlaska y Margarita Robles acusaron a su compañera Lola Delgado de haber dinamitado el acuerdo para el CGPJ. El acuerdo lo rompió el PP, pero la ministra de Justicia puso la condición necesaria y suficiente para hacer saltar el proyecto: dar a conocer el acuerdo para hacer a Manuel Marchena presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
Claro que no se puede estar en todo. Pablo Iglesias acaba de abrocharle la legislatura, por mucho que el portento de Utrech insista en recordarle que «ésa es una prerrogativa constitucional que me corresponde», «porque yo soy el presidente del Gobierno». Y la ministra portavoz del Gobierno, esta Celaá, corrige al ministro del Interior en asuntos de su competencia cuando Marlaska dijo que la transferencia de Prisiones no estaba en la agenda. ¿Hay algo que pueda salir mal con este equipo? Entre la inutilidad de Theresa May y el campeón de la Roca, ¿a quién vamos a creer?