El acierto esencial de la Transición, la lección magistral que la incluyó en la más valiosa historia de la política, fue el hallazgo de una vía para avanzar hacia una legalidad nueva a partir de la antigua, evitando las peligrosas convulsiones sociales características de los procesos rupturistas. Para eso era menester un experto en ingeniería jurídica, y fue Torcuato Fernández Miranda el encargado por el Rey Juan Carlos de abordar con pleno éxito esa misión delicadísima. Nadie pensó entonces que, del mismo modo que se podía pasar de forma pacífica de una dictadura a un régimen de libertades colectivas, era posible utilizar los mecanismos de la propia Constitución para deconstruirla. Fue Zapatero el primero en darse cuenta de que la propia ley fundamental permitía una reforma encubierta si alguien era capaz de pulsar las teclas adecuadas para darle la vuelta. Se quedó a medias pero la rendija ya estaba abierta, a la espera de circunstancias propicias para quien supiese valerse de ellas.

Entonces y ahora, el ideólogo de esta suerte de ‘neotorcuatismo’ a la inversa continúa acariciando la misma estrategia. Se llama Cándido Conde Pumpido, es un hombre inteligente y un jurista de indiscutido prestigio, aunque partidario de interpretar el Derecho con criterio imaginativo y el suficiente pragmatismo para elaborar doctrinas como la de las togas manchadas por el polvo del camino. La pieza que Sánchez necesita para dar cobertura a un proyecto deconstituyente subrepticio que le permita prolongar su alianza con el separatismo. Los nuevos nombramientos en el Tribunal Constitucional, procedentes de las filas del poder Ejecutivo, asientan la mayoría imprescindible para conseguirlo sin peligro de que, como ocurrió con Manuel Aragón en el Estatuto de Cataluña, un magistrado independiente se niegue a plegarse a los intereses de partido. El plan es sencillo. Se trata de amarrar una mayoría invulnerable a cualquier eventual rasgo de espíritu independiente o crítico.

El órgano de garantías diseñado a medida encontrará la manera de avalar la constitucionalidad de las normas que el Gobierno considere precisas. De la ley a la ley, tal como fue desmantelado el orden franquista, el sanchismo abrirá paso a las medidas que aseguren su hegemonía, incluido tal vez –si el mandato se revalida– un referéndum de autodeterminación, camuflado al amparo del Artículo 92 como una votación consultiva, o una relectura estatutaria que valide el poder judicial autónomo reclamado por los soberanistas. No hace falta romper el célebre ‘cerrojo del 78’ a martillazos; un TC dócil y bien manejado es la clave para prescindir del dificultoso consenso requerido en el marco del procedimiento agravado. El sinuoso invento de Torcuato convertido en fuerza motriz de un recorrido en sentido contrario. Y con una correlación de fuerzas favorable durante los próximos nueve años.