Ni el mando único, ni las 17 velocidades autonómicas, ni nada que se le parezca a ese artefacto que La Moncloa llama “cogobernanza del Estado compuesto”. España no funciona ni llegando a un acuerdo, que tampoco es el caso. Nos estamos tragando las olas de la epidemia una detrás de otra. La primera fue negada, la segunda olvidada y la tercera se mezcla con el desastre nacional de una campaña de vacunación inexistente. Por mucho que se relea la Constitución no se encuentra la definición de España como “Estado compuesto”, sino la evidente suma de las personas que forman la soberanía nacional de la que emanan los poderes del Estado.

El reconocimiento de la autonomía de nacionalidades y regiones se ha interpretado como la negación del todo del que forman parte. La legalidad constitucional ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional con decenas de sentencias que han llevado al sistema a un colapso que la pandemia ha dejado de nuevo al descubierto. Nadie ha querido aprender la lección de la crisis del euro, que dejó como herencia el hundimiento de la mitad del sistema financiero español. Las cajas de ahorro, controladas por miles de cargos políticos nombrados a dedo, sin tener en cuenta su origen o cualificación profesional, formaron el brazo financiero de los gobiernos autonómicos. Unos juguetes muy caros, todavía sin pagar. Los políticos autonómicos, amparados por sus dirigentes nacionales, hicieron tambalear el conjunto del sistema financiero español. Hay escenas memorables de enfrentamientos tribales dentro del mismo partido por el control de una caja. No eran bancos ni tenían accionistas, pero servían para colocar a los amigos o desplazar a los adversarios a un lugar confortable donde dejaran de molestar.

Sistema fallido

El rescate a la banca no fue para el sector privado, sino el público; mejor dicho, al sector partidista del sistema financiero. No es cierto que se ayudara a la banca con el rescate que el Gobierno de Rajoy pidió el 9 de junio de 2012. Se sacó del fango a cajas de ahorro controladas por las autonomías, arruinadas tanto por la izquierda como por la derecha, nacionalistas e independentistas incluidos. Los 42.000 millones del rescate sirvieron para que los clientes de esas entidades tuvieran dinero en sus cuentas corrientes tras las fechorías cometidas por militantes de partidos políticos metidos a banqueros. Antes de la crisis del euro se les veía como poderosos e intocables. Pero no era verdad, sino otra realidad virtual propia de un país que no tiene por costumbre mirarse al espejo, salvo cuando se rompe.

Las cajas de ahorro formaban parte de un sistema autonómico en el que cada parte actúa por su cuenta. Ya no se puede volver a meter la pasta de dientes dentro de mismo tubo, pero algo habrá que hacer y no vale dejarlo pasar de nuevo y echarle la culpa a la pandemia en la presente ocasión. El sistema autonómico ha resultado fallido con la inestimable colaboración de la vaciada Administración General del Estado, incapaz, por ejemplo, de comprar mascarillas en el mercado internacional al carecer del personal cualificado para dicho empeño.

En la primera ola del virus, el Gobierno de Sánchez negó la realidad y cuando quiso reaccionar ni sabía como hacerlo, ya que el Ministerio de Sanidad no es más que un gabinete de estudios y programas dirigido por el señor Simón. Como gato escaldado, Sánchez huyó de la quema traspasando la respuesta de un problema global a instituciones regionales que solo sirven para cerrar bares, llamar irresponsables a los ciudadanos, imponer normas que arruinan el tejido productivo y recortan las libertades individuales como si nada. Por si faltaba algo, los gobiernos regionales han empezado a almacenar vacunas para tener reservas de seguridad confirmando que en España ya no hay ciudadanos libres e iguales, sino habitantes de territorios fronterizos entre sí. Un sálvese quien pueda secular.

Si en la crisis del euro se llevó por delante el control autonómico de las cajas de ahorro, en este caso debería ocurrir otra rectificación, reorganizando las competencias sanitarias

El descontrol organizativo con la vacunación se suma al caos autonómico de nunca acabar. No había un plan. Solo una caja y su pegatina del Gobierno de España. La ruptura de la unidad de mercado en 17 autonomías no solo es un problema que preocupe a la Unión Europea, lastra el crecimiento y eleva fronteras en un territorio supranacional que las suprime, sino una disfunción crónica que la pandemia ha puesto al descubierto, una vez más, cuando se trata de responder con eficacia en la gestión a un problema de España. Si la crisis del euro se llevó por delante el control autonómico de las cajas de ahorro, en este caso debería ocurrir otra rectificación, reorganizando las competencias sanitarias, para que España no sea todavía un país más pequeño dentro de una pandemia mundial. No obstante, habrá que abandonar toda esperanza.

Ni el actual PSOE, con su variante sanchista enamorada del independentismo regional, ni el PP fragmentado en 17 trozos, ni Ciudadanos, que ha olvidado sus orígenes en cuanto ha tocado poder regional, ni tampoco Vox, que desde que tienen escaños autonómicos rugen con la boca pequeña, van a ser capaces de admitir la realidad y lo que se viene encima con la crisis económica y social. Mientras tanto, los independentistas catalanes, vascos y gallegos, por un lado, y el vicepresidente Iglesias, por el otro, aprovechan el caos autonómico y el Estado vaciado para desmontar lo que queda, especialmente los primeros cuatro artículos de la Constitución. Si se agrietan los cimientos, ya se sabe lo que pasa después.