EL MUNDO 03/03/15
Resulta «imposible» escuchar las principales grabaciones de audio de la investigación contra el aparato de extorsión etarra que funcionaba en torno al bar Faisán. Así lo ha comunicado la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que ayer comenzó el juicio contra cinco acusados de gestionar la reclamación y cobro del impuesto revolucionario.
Se trata de decenas de conversaciones que las acusaciones querían reproducir en la vista. La más importante de ellas es la que varios acusados mantuvieron en una sidrería el 3 de mayo de 2006, víspera del chivatazo. La Policía se enteró de la reserva, colocó un micrófono en su mesa y les oyó decir que habían recibido dos pagos de empresarios y que al día siguiente el dueño del Faisán, Joseba Elosua, iba a entregar el dinero a otro etarra.
Según el tribunal, las decenas de conversaciones que las acusaciones habían pedido escuchar son «de baja calidad» y no pueden ser localizadas porque en su día los investigadores «no marcaron los pasos» en las más de 300 cintas que acumularon. Eso, dice la Sala, «hace imposible preparar su audición».
Este problema supone el enésimo obstáculo que sufre una investigación en la que cada vez es más difícil pronosticar condenas. El problema más grave fue, obviamente, el chivatazo, que provocó que la red de extorsión fuera desarticulada con un mes de retraso y con todos los implicados sobre aviso. No se pudo incautar nada de relevancia.
Además, el inicialmente nutrido banquillo ha ido menguando con el paso de los años por diversos motivos. En 2009, tres años después de la operación policial, murió el dirigente del PNV Gorka Aguirre, imputado como intermediario en los pagos. Hace un año falleció el propio dueño del Faisán y la semana pasada murió un tercer acusado. Además, el viernes el tribunal aceptó librar de juicio a otro acusado por la avanzada demencia que padece.
El fiscal Carlos Bautista, la AVT y Dignidad y Justicia también acusaban a cinco empresarios de Azcoyen que pagaron a ETA. Pero tampoco ellos estaban ayer en la Sala porque el tribunal aceptó su petición de que fueran juzgados en Navarra, ya que no se les atribuían delitos terroristas, sino administración fraudulenta.
En cuanto a las declaraciones ante la Audiencia Nacional de los cinco que han resistido hasta el banquillo, todos negaron pertenecer a la red de extorsión, pese a que en algún caso lo confesaron ante el juez. Ayer reconocieron la entrega de sobres y buzoneos detectados por la Policía, pero justificándolo de manera peculiar. Dos dijeron que se trataba de sobres con información sobre publicidad en una radio. Por su parte, Carmelo Luquín, yerno de Elosua y persona a la que el dueño del Faisán relató el soplo mientras la Policía escuchaba, alegó que las cartas eran en unos casos «felicitaciones de Navidad» y en otros convocatorias para la comida anual que organizaban «los compañeros de quinta» de su suegro.
Sobre las declaraciones del fallecido Elosua que les incriminaban, se las intentaron sacudir diciendo que tenía «incontinencia verbal» y «una imaginación sin límites», que «metía bolas» y que usaba «expresiones que solo él entendía».