JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS-EL CONFIDENCIAL
- El asalto al Capitolio no tiene similitudes con acontecimientos en España salvo con los de Cataluña en 2017. La campaña del 14-F será distinta a lo previsto y seguramente sin indultos.
Los protagonistas de aquellos acontecimientos, todos instalados legítimamente en el poder autonómico, consumaron la mayor operación de deslegitimación de todas las instancias del Estado democrático español. Durante los años precedentes al asedio el 20 de septiembre a la consejería de Hacienda y Economía y al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el independentismo desplegó mediante procedimientos varias verdades alternativas y falsedades para retirar la legitimidad al Gobierno, a las Cortes y a los Tribunales. Y se fundamentó todo ello en una supuesta voluntad colectiva tenida por la auténticamente democrática al margen de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.
Se llegó a tratar de derogar la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña mediante las «leyes de desconexión» aprobadas por el Parlamento autonómico en las aciagas sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017. Porque la legalidad estatal y autonómica decaía ante la legitimidad extralimitada de una asamblea legislativa autonómica que barrió, además de la jerarquía normativa, el derecho de las minorías. Fue un despropósito completo por más que fuera perpetrado por una mayoría parlamentaria. Populismo en estado puro. Y propulsado desde el poder obtenido por el mismo procedimiento legítimo que Donald Trump: un proceso electoral.
Llama mucho la atención el rebrote de purismo democrático convencional y representativo de quienes estuvieron en la inspiración y ejecución de aquellos hechos y de los que callaron ante ellos y que ahora se rasgan las vestiduras por el asalto al Capitolio y, sobre todo, por las tretas de Trump al negar legitimidad a sus contrincantes políticos. Incluso hasta horas antes de los acontecimientos de Washington se escuchaba en Cataluña el remoquete de «lo volveremos a hacer». Después de este día de Reyes de 2021, hay razones por las que no es probable que lo hagan. Al menos cuatro.
La primera es que Joe Biden ha internacionalizado el concepto de la sedición. No se trata solo –lean a Beatriz Parera este viernes– de un delito tipificado en el código penal español, sino en los de todas las democracias, con variantes que introducen matices pero que convergen en el mismo rasgo penal: se trata siempre de un alzamiento tumultuario contra el principio de legalidad y/o los legítimos mandatos de las autoridades y los funcionarios.
La segunda es que existe un clamor para que Donald Trump sea castigado («Clamor para destituir inmediatamente a Trump por incapacidad», titulaba este viernes ‘La Vanguardia’), con el cese exprés por inhabilitación e, incluso, juzgado penalmente. En estas circunstancias se comprenderá que el Estado en España no podía dejar de sancionar a los responsables últimos de los hechos de septiembre y octubre en Cataluña. Hasta el indulto se le ha puesto muy cuesta arriba al Gobierno. Lo decía en ‘El Correo’, en su edición de este viernes, Miquel Iceta: «Los líderes del ‘procés’ dicen que lo volverán a hacer y eso es contradictorio con un indulto». La sanción es penosa para quien la sufre e incómoda para quien la impone, pero tiene una indeclinable función disuasoria.
La tercera razón por la que no lo volverán a hacer es muy obvia: porque los medios de comunicación echados al monte del populismo no reiterarán el apoyo frívolo e irresponsable a los líderes aventureros y estafadores como Donald Trump o como Carles Puigdemont; ni serán benévolos con personajes que, como el expresidente de la Generalitat, Joaquim Torra, se abonan a tesis de la superioridad étnica; ni reivindicarán las referencias esencialistas del siglo pasado que militaban en lo que hoy se denomina nativismo nacionalista.
Y la cuarta razón por la que seguramente los líderes del proceso soberanista no volverán a repetir lo que hicieron estriba en el hecho de que deslegitimar las reglas de un Estado democrático resultará insoportable dentro y fuera de él –internacionalmente– tras comprobar a dónde conducen la impunidad en el lenguaje y las decisiones y actitudes arbitrarias.
Todas las comparaciones son odiosas aunque muchas veces resultan necesarias. El asalto al Capitolio, instigado por el propio presidente de los Estados Unidos, no tiene similitudes con acontecimientos en España –lean también a Iván Gil al respecto– salvo con los que ocurrieron en Cataluña en 2017. Se entenderá así por qué el jefe del Estado salió a defender la Constitución el 3 de octubre de 2017 y por qué el Tribunal Supremo dictó la sentencia del 14 de octubre de 2019.
Que los sucesos de Washington se hayan producido en fechas próximas a las elecciones catalanas –que se celebrarán, en principio, el 14 de febrero– incidirá en los discursos de la campañ; proscribirá, seguramente, la contumaz frase de «lo volveremos a hacer»; y se cuidará de no deslegitimar al Estado democrático ni de persistir en esas posverdades y ‘fakes’ independentistas para abducir a determinados ámbitos electorales con pulsiones emocionales. Y una coda final: Salvador Illa y el PSC sacarán un excelente resultado. El ministro de Sanidad es la antítesis –en su idiosincrasia– de todo lo que ahora se denuesta tras el día de la Epifanía en el National Mall de la capital estadounidense.