ABC 17/11/12
«No hay precedentes de un caso como éste. Si ha habido presiones políticas o no, es imposible probarlo, pero sí se han producido perniciosas dilaciones que han perjudicado a la causa». Es la opinión de uno de los investigadores del llamado «caso Palau» –el desvío de más de 30 millones de euros de esta institución pública–, dentro del cual se investiga la financiación ilícita de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), al menos entre 2002 y 2008 cuando podrían haber llegado a sus arcas unos 5,9 millones.
¿Cuáles son esas dilaciones o movimientos difícilmente explicables? El más evidente se conoció en julio, cuando el juez instructor, Josep María Pijuán, ordenó a los Mossos d’Esquadra el registro de las viviendas de los dos responsables del Palau, la de Félix Millet en Ametlla del Vallés (Barcelona), y la de su mano derecha, Jordi Montull, en Teia, en busca de «dinero en efectivo, valores y documentos relacionados con el destino dado al dinero defraudado», según el auto dictado. Habían pasado justo tres años desde que estalló el escándalo del Palau y en ese tiempo ninguno de los dos jueces anteriores llevó a cabo esos registros.
La Fundación no se miró
«Hay diligencias de manual que en este caso no se han practicado. A los tres años, lógicamente el juez sabía que no se iba a encontrar ni documentación relevante ni dinero, pero quería asegurar la responsabilidad civil, dado que Millet y Montull declarararon un patrimonio muy por debajo del real», explican fuentes del caso. Esas diligencias de manual no practicadas incluyen que, por ejemplo, la Fundación Trias Fargas de CDC, eje de la operativa de desvío de fondos, tampoco fuera registrada, sino que solo se le pidió documentación. Algo similar ocurrió con los bancos, que «de manera general incumplieron las obligaciones de identificación» de las personas que cobraron los cheques en ventanilla, causando gran perjuicio a la instrucción, tal y como dictaminaron en sus informes Agencia Tributaria y Policía.
El primer juez instructor, Juli Solaz, fue cuestionado nada más saltar el escándalo en julio de 2009. La magistrada de la Audiencia de Barcelona María Sanahuja criticó ese mismo otoño que se tardara más de tres meses en imputar a los saqueadores confesos –Millet y Montull– y que no se adoptara ninguna medida cautelar contra ellos pese a que se llevaron cajas de documentación del Palau, y pese a que la Fiscalía pidió su ingreso en prisión.
Los sumarios de corrupción, parados durante la campaña.
Los jueces de instrucción de Cataluña han recibido la petición de que durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas de la comunidad no se hiciesen diligencias que pudieran interferir en el resultado de los comicios, siempre que eso no ponga en peligro la investigación.
Fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC consideran que esta petición no se basa tanto en un intento de paralizar o entorpecer las pesquisas —lo que sería un delito—, sino en que no se quiere que las actuaciones judiciales puedan ser entendidas como un intento de influir en el resultado de las elecciones.
En el «caso Palau» no hay constancia de que se haya aplazado diligencia aguna por esta circunstancia. Sin embargo, según ha podido saber ABC, la solicitud ha hecho que se posponga durante algunas semanas la detención de un cargo político de relevancia por un caso de corrupción que nada tiene que ver con el de la supuesta financiación ilegal de Convergencia. Al no haber riesgo de fuga ni de que se destruya información, esa demora no tiene relevancia alguna en la instrucción.
Este tipo de peticiones son habituales —también las han recibido en alguna ocasión las Fuerzas de Seguridad—, si bien en algunos casos hay jueces que no las siguen, como ha sucedido recientemente en Galicia con la «operación Campeón».
ABC 17/11/12