En Your Honor, una serie norteamericana bastante aceptable a pesar de ser norteamericana, un juez de Nueva Orleans se ve obligado a traicionar los más elementales principios de su profesión y a poner en riesgo su propia vida para evitar que su hijo sea asesinado por la mafia. Se trata de un thriller judicial que sitúa en primer plano la no siempre fácil cohabitación entre lo que es legal y lo que es justo. Your Honor, “Su Señoría”, es una buena serie, que no cae en la tentación, tan made in USA, de convertir la ficción en ciencia ficción, y cuya única debilidad quizá consista en haber estirado más de la cuenta un guion sin duda brillante. 

En España, hay otro juez que está comprobando cómo la vida real puede superar con mucho la ficción. El llamado ‘caso Dina’ reúne todos los ingredientes para que un productor avispado explote con habilidad una historia que daría para al menos tres temporadas. Hay mentiras, ambición, sexo, traición, poder, venganza; y un servidor público al que periódicamente se intenta linchar. Probablemente, Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, no era plenamente consciente de la que se le venía encima al poner en marcha la Pieza 10 de las Diligencias Previas 96/2017.

El Supremo, en contra de lo afirmado por portavoces de Unidas Podemos y algunos medios, lejos de archivar el caso, lo que ha ordenado es que el juez García-Castellón amplíe la  investigación

Todo empieza, Primera Temporada, y según relato textual de la Fiscalía del Tribunal Supremo, cuando “el 1 de noviembre de 2015, Dina Bousselham, asesora del Partido Podemos en el Parlamento Europeo, denuncia la sustracción de su móvil, Sony Xperia Z2 en cuyo interior existía una tarjeta de memoria mini SD de la marca Samsung”. Pero el primer hecho relevante que convierte lo que no es más que un presunto delito común en un thriller político, es la localización en el domicilio del comisario Villarejo, noviembre de 2017, de dos pendrive en los que se guardaban sendas carpetas con el nombre de Dina 2 y Dina 3, y en las que aparecían fotografías íntimas de su propietaria y otra documentación de carácter privado, entre ellas conversaciones e imágenes con Pablo Iglesias.

Lo que en ese momento no sabía García Castellón era que en enero de 2016 el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, había hecho entrega a Pablo Iglesias de la tarjeta de memoria de Bousselham, que llegó de forma anónima a la revista Interviú. Como tampoco supo hasta tiempo después que el señor Iglesias no informó a su exasesora de tal entrega. Sigue el relato de la Fiscalía: “El aforado [en lugar de ponerla a disposición del juzgado de Alcorcón que investigaba el robo o dársela a su propietaria] guarda la tarjeta que no entrega a Dina, ni le informa de su posesión. Meses después, sin poder concretarse fecha, pero antes de agosto de 2017 [año y medio más tarde], se la devuelve” (los corchetes son míos).

Manipulación

Con posterioridad, Dina declara en repetidas ocasiones que Iglesias le devuelve una tarjeta ilegible. Esta circunstancia, y el injustificado retraso en la devolución de la tarjeta a su legítima propietaria, llevan a la Fiscalía del Supremo, en su más reciente escrito, 5 de octubre de 2020, a considerar que “todos estos indicios permiten, con una solidez fundada, estimar la indiciaria existencia de un delito de daños informáticos” y “presentan indicios de tipicidad del art. 197.1 y 2 del CP [descubrimiento y revelación de secretos, el mismo delito del que se acusa a Villarejo] con el carácter provisional que exige el momento procesal”.

Es decir, la Fiscalía del alto tribunal, en contra de lo afirmado por portavoces de Unidas Podemos, respalda la actuación del juez en dos de los presuntos delitos investigados. Y sobre el tercero, la posibilidad de que estemos en presencia de una denuncia falsa, lo que hace es plantear un reparo procedimental, que no de fondo: “No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada”.

“El Supremo no ve delito de Iglesias en el ‘caso Dina’ y lo devuelve a la Audiencia”. Este era el titular de un periódico de tirada nacional el pasado 27 de enero. Y añadía: “El auto del Supremo supone una enmienda total a la instrucción del magistrado de la Audiencia, a quien insta a agotar su investigación y, solo entonces, decidir si procede remitir al alto tribunal otra exposición razonada contra Iglesias”. Burda manipulación de la realidad. Lo que hace el Supremo es instar a García-Castellón a que agote la investigación. La destinataria del reproche, en su caso, debiera ser la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que fue quien ordenó al juez que elevara la causa al Supremo al estar incursos en el procedimiento dos aforados, Iglesias y Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados.

De haber eliminado PSOE y UP los aforamientos, probablemente Iglesias estaría hoy imputado y solo la relajación de las exigencias estatutarias le permitiría soslayar la inmoralidad de mantenerse en el poder

El enredo judicial es importante. Y cuanto más gruesa sea la madeja, mejor para aquellos cuyo objetivo es que de ningún modo se sepa la verdad. Para ello, desacreditar al juez es fundamental. La colaboración mediática, basada en medias verdades, cuando no en abiertas falsedades, es también vital. “El Supremo archiva la causa contra Iglesias por el ‘caso Dina’ y devuelve la investigación a la Audiencia Nacional”, titulaba ese mismo día la web de RTVE. Si devuelve no archiva, pero los lugartenientes de Iglesias salieron en tromba para imponer esta versión. Hay mucho en juego. El fin de la carrera política de Iglesias, sin ir más lejos.

17 de septiembre de 2018, se celebran con gran boato los primeros cien días de Pedro Sánchez al frente del Gobierno post moción de censura. Un cambio de época, dijo, para notificarnos con solemnidad: “Quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Si todos actuamos con altura de miras esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados” (ver transcripción en la web de Moncloa). El 21 de ese mismo mes, viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra Isabel Celaá informaba que el Gobierno había decidido iniciar el procedimiento para cumplir con lo anunciado por el presidente. Hasta hoy.

¿Pacto oculto?

En abril de 2019 Pablo Iglesias utilizaba el ‘caso Dina’ para resucitar en las urnas. Segunda Temporada del serial: “Las cloacas del Estado”. Poco antes, 27 de marzo, Iglesias había declarado ante el juez. García-Castellón ve indicios de delito y sospecha que el líder de UP no dice la verdad. Pero la vida sigue. Elecciones del 10 de noviembre de 2019. En el artículo 124 del programa de Podemos se puede leer: “Suprimir los aforamientos y acabar con la irresponsabilidad del Rey. La proliferación de la figura de los aforamientos no ha tenido nada que ver con la protección de los representantes públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a algunos de sus miembros”. Nadie se aplica el cuento. De lo prometido, parece que sólo hay intención de cumplir lo que atañe al Rey.

30 de diciembre de 2019. Acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos: Punto 2.11.7.- “Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público”. ¡Ja! Nada de nada. La limitación de los aforamientos no está en la agenda. Al menos en la del Gobierno central. Porque Canarias ya aprobó la medida hace dos años y están a punto de hacerlo Murcia y Cantabria (en trámite en el Senado). Se desconoce si hay un pacto oculto entre Pedro Sánchez e Iglesias para desdecirse de este reiterado compromiso. Al menos hasta que se archive el ‘caso Dina’.

La opción de que finalmente el Supremo acabe procesando a Iglesias no es descartable. Dependerá en buena parte de lo que a partir de ahora haga el juez. De su capacidad de aguante

Lo que sí se sabe es que en 2018, quizá viéndolas venir, UP modificó su Código Ético, que en su antigua versión decía: “Cualquier candidatura en caso de ser imputado, procesado o condenado…”. Y ahora, tras quitar la palabra ‘imputado’, dice: “El compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías…”. Doble filtro para sortear la dimisión ante un potencial fin del aforamiento. Veámoslo de otro modo: de haber cumplido PSOE y UP en tiempo y forma su promesa, probablemente Iglesias estaría hoy imputado (investigado, en la nueva terminología) y solo la relajación de las exigencias estatutarias le permitiría soslayar la inmoralidad de mantenerse en el poder.  

Tercera Temporada (por escribir). La opción de que finalmente el Supremo acabe procesando a Iglesias por algunos de los delitos investigados (u otros que puedan aparecer), no es descartable. Dependerá en buena parte de lo que a partir de ahora haga el juez. De que acredite mejor la acusación, en especial la de denuncia falsa. De su capacidad de aguante. De que Su Señoría centre de una vez el tiro. De sus apoyos judiciales y mediáticos. Va a ser duro. Van a por él. Puede ser la última “víctima colateral”, así las llaman, de este enrevesado thriller político-judicial. Ya hay varias en la cuneta.