Todo lenguaje es performativo, es decir, crea realidades virtuales. Más aún, el discurso político y en grado superlativo es el propio de los nacionalismos irredentos, que suplen su ausencia de mayorías sociales con expresiones verbales susceptibles de crear estereotipos que se asumen con cierta facilidad por los sectores ‘buenistas’ y concesivos. El buenismo —que se acuñó a propósito de la semántica de Zapatero— es un rasgo temperamental de determinada izquierda.

Funciona el estereotipo según el cual el catalán no es español, de que el castellano se habla en Cataluña para desnacionalizarla y es una lengua ajena al país y que el catalán es detestado por el resto de los españoles. Ninguno de estos asertos es cierto, pero el nacionalismo ha ido inculcando de manera constante y perseverante percepciones engañosas. Lo catalán o lo vasco es tan español, por una parte, y tan específico, por otra, como lo extremeño, lo andaluz, lo castellano o lo gallego. El ‘lapsus linguae’ de la ministra de Justicia, cuando el pasado día 14 se preguntó en la tribuna del Congreso sobre si acaso no había españoles que vivían en Cataluña, fue una expresión del subconsciente que considera lo español como no catalán y lo catalán como no español.

La titular de Justicia no quería establecer dos ciudadanías distintas (la española y la catalana), pero no acertó a descontaminarse del lenguaje separatista que opone ambas identidades frente a la gran mayoría de ciudadanos, también en Cataluña, que concilian las dos pertenencias sin conflicto alguno. Pero es que este Gobierno, necesitado de los independentismos catalán y vasco para continuar su renqueante trayecto, ha desposeído de carácter vehicular al castellano en la escuela de Cataluña mediante una modificación de la ley orgánica de Educación aprobada en diciembre de 2020.

Ocurre que el nacionalismo en deriva separatista desde hace más de una década, aunque fracasado, ha logrado algunos objetivos. El primero y más relevante: el de dar carta de naturaleza al principio de que el idioma catalán es el factor identitario esencial de la futura república independiente. Recobra significado el manifiesto del Grupo Koiné —suscrito por casi 200 personalidades del ámbito cultural de Cataluña— que en marzo de 2016 sembró la semilla que va arraigando en aquella comunidad: el monolingüismo catalán como objetivo político.

Los firmantes —algunos de ellos, popes culturales del nacionalismo— calificaron el catalán en aquel manifiesto como la “lengua endógena del territorio”; afirmaron que “el catalán es la lengua que siempre habla el pueblo catalán”; sostuvieron que el “castellano es una lengua de dominación” introducida, en parte, e involuntariamente, por “la inmigración”; calificaron el bilingüismo como “una ideología”, y manifestaron “la necesidad de que el catalán se incorpore al proceso constituyente con la voluntad de articular la lengua catalana como un eje integrador de nuestra ciudadanía”.

El monolingüismo es la aspiración totalitaria de un muy amplio sector del independentismo catalán. La izquierda española —me refiero obviamente al PSOE y al PSC, dejando al margen a otros grupos desaforados— quiere creer que en Cataluña no hay ‘conflicto lingüístico’. Ciertamente no lo hay. Las lenguas no tienen derechos ni entran en colisión. Pero sus hablantes sí lo hacen cuando desde el poder se impone un idioma como un signo de identidad que incluye o excluye a grandes bolsas ciudadanas de las élites dirigentes de la comunidad. Cuando crea la clase preferente y la clase turista aplicadas a la ciudadanía.

La pretensión del Grupo Koiné ha avanzado con esta concesión al independentismo. Y esa es la razón, muy justa, de miles de personas que el domingo pasado protestaron en Barcelona emitiendo un manifiesto en el que se afirma con la mayor sensatez y ecuanimidad: “Queremos una Cataluña en la que el bilingüismo sea real; en que las instituciones y la escuela utilicen tanto el español como el catalán y el aranés, y en la que sean respetadas y reconocidas todas las lenguas oficiales. El afecto al español, tanto en Cataluña como en todas las comunidades autónomas, es la única base posible para la convivencia, una convivencia que no es posible si se excluye como lengua vehicular la lengua común de todos los españoles y materna de la inmensa mayoría de ellos”.

El Gobierno de España está sostenido, sin embargo, por partidos que comulgan con las afirmaciones del Grupo Koiné (en griego, ‘koiné’ significa “lengua común que resulta de la unificación de variedades idiomáticas”), aunque no quieran reconocerlo, tratando de hacer creer que se están apoyando las tradicionales tesis catalanistas. Que no se engañen ambos partidos: hoy por hoy, entre los dirigentes más conspicuos del independentismo podemos encontrar un amplio listado de exmilitantes del Partido de los Socialistas de Cataluña. Por algo habrá sido.

Desde el presidente al último ministro están poniendo por delante cuestiones ideológicas a las de gestión. Facilitar a los secesionistas y nacionalistas instrumentos identitarios con manifiesta injusticia, es una de ellas. No es una afirmación propia, sino que se infiere literalmente de la encuesta de Metroscopia publicada en su web este lunes, según la cual los ciudadanos creen que el Ejecutivo prioriza “la ideología a la gestión” (56%) frente a los que creen que no lo hace (26%). Y eso no debiera ser así tratándose del ‘Gobierno de la gente’.