Javier Caraballo-El Confidencial

  • Ahora, una vez que la democracia se ha impuesto a ambos y ha derrotado el terrorismo y la sedición, los nacionalistas vascos y catalanes quieren poner precio al sometimiento a la legalidad, privilegios a cambio de aceptación del orden constitucional 

Se trataba de que, una vez derrotada la organización terrorista ETA, los nacionalistas vascos admitieran la barbarie que supusieron los años en que ellos estaban a salvo del tiro en la nuca porque, a lo lejos, se beneficiaban electoralmente del terror: “No conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan; unos sacudan el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”, como dijo Xabier Arzalluz a los de Herri Batasuna en una reunión en 1990, según recogieron estos últimos en un acta de la reunión. 

Y se trataba de que, una vez procesados los cabecillas de la revuelta catalana, aquellos que perpetraron el mayor ataque a la Constitución y a la democracia española tras el golpe de Estado de Tejero en 1981, los nacionalistas catalanes comprobarían el disparate que supuso querer echarle un pulso al Estado de derecho, porque han acabado en la cárcel sin que nadie en el mundo, ni un solo país, haya reconocido su fantasmal república independiente. Pero no ha sucedido ni una cosa ni la otra y ahora, una vez que la democracia se ha impuesto a ambos y ha derrotado el terrorismo y la sedición, los nacionalistas vascos y catalanes quieren poner precio al sometimiento a la legalidad, privilegios a cambio de la aceptación del orden constitucional. En ese disparate es en el que nos encontramos. Conviene saberlo.

Ni siquiera se trata ya de la evidencia, constatable a lo largo del último siglo y medio, incluida la dictadura franquista, de que en España se haya instalado una inercia que consiste en acallar la deslealtad de los nacionalismos vasco y catalán con privilegios e inversiones para esas dos regiones, que suponen inevitablemente recortes y tiesura para las demás comunidades. Así hemos llegado al punto de asumir, como una verdad que ni siquiera se discute, que vascos y catalanes, por tener una historia propia y diferente del resto de España, tienen derecho a un estatus distinto a los demás. Es justo lo contrario, como bien es sabido, porque en el norte de España el mayor protagonismo le ha correspondido siempre al Reino de Navarra, mientras que en el levante, ha sido el Reino de Aragón el principal actor de la historia; por eso son sus símbolos los que figuran en el escudo de España, junto al de los otros tres reinos de nuestras raíces, Castilla, León y Granada. 

En fin, con la historia subvertida por los nacionalismos excluyentes del País Vasco y Cataluña, la indolencia española llegó a la aceptación del fenómeno como algo propio, insoslayable, un sesgo inevitable de nuestro destino. Hemos aceptado inconscientemente que la única verdad es la que predijo Ortega y Gasset, que la única posibilidad es la de conllevarnos, para no caer en un mal peor. Pero cometemos el error, el inmenso error, de interpretar al filósofo descontextualizado, con la literalidad de unas palabras dirigidas a una España que nada tiene que ver con la de un siglo después. Dicho de otra forma: no es posible pensar que Ortega y Gasset hubiera repetido lo mismo al comprobar que España, internamente, ha descentralizado su Estado al nivel de los Estados federales y que, hacia el exterior, ha delegado parte de su soberanía en un ente superior, la Unión Europea.

Los nacionalistas vascos y catalanes nunca han creído en el sistema autonómico de la democracia porque, por experiencia histórica, saben que les va mucho mejor con el desapego y la desafección. A todos los presidentes del Gobierno de España siempre los han hecho pasar por el aro, pero cuando se tropiezan en la Moncloa con un estratega frío, pragmático de lo suyo, como es Pedro Sánchez, entonces son capaces de alcanzar máximos históricos en sus privilegios. Ya se está comprobando con el tono de las demandas, con ese chantaje político que consiste en vender lealtad a cambio de una mayor financiación. Una vez aceptado, se comprometen a no promover ninguna ilegalidad en sus parlamentos a cambio de que se tolere la permanente deslealtad con las instituciones del Estado, empezando por la jefatura del Estado. 

Con el desahogo con el que se plantea esa dinámica de extorsión política, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha hecho piña con los independentistas catalanes por los indultos y ha aprovechado para jactarse: “Si los españoles aspiran a que catalanes y vascos sigan siendo parte del Estado español, tendrán que crear las condiciones para que haya una cláusula de comodidad para que podamos compartir un Estado; no vamos a compartir nunca una nación, pero sí un modelo de Estado”. Conviene detenerse en las expresiones, eso de “si los españoles aspiran” y, sobre todo, la “cláusula de comodidad”, que no debe existir un eufemismo más cínico en todo el orbe político.

En fin… Frente a esa ‘cláusula de comodidad’, defendamos una ‘cláusula de punto final’ en esta historia de cesiones constantes que ha perturbado la política contemporánea en España y ha desenfocado los problemas reales. No se trata de alimentar ninguna confrontación contra los nacionalismos vascos y catalán, que tienen todo el derecho a mantener su ideología, siempre dentro de la legalidad, se trata de superar esta deriva perniciosa para todos, incluidos los vascos y los catalanes, entre otras cosas porque nunca tiene final. La asimetría autonómica en España ya existe y, por esa razón, las autonomías de Cataluña y del País Vasco gestionan más competencias que el resto y han dispuesto, y disponen, de más recursos financieros que las demás. Las diferencias, eso que llaman ‘comodidad’, ya existen, no hay que inventarlas, con lo que el modelo territorial no puede ni debe seguir siendo un elemento central de la política española. 

Por eso es inaceptable la política de nuevas cesiones, y humillaciones, en que persiste este Gobierno. Una vez superados los dos grandes obstáculos del separatismo, el terrorismo y la sedición, es hora de avanzar en un modelo de Estado más eficiente, sin que dos minorías nacionalistas sean las que determinen las mayorías necesarias en las Cortes, esa anomalía institucional con la que convivimos. Y eso solo se conseguirá con esa ‘cláusula de punto final’ que contenga, entre otras reformas, un sistema electoral nuevo, que no siga premiando a los nacionalistas en unas elecciones generales. El concepto de ‘partido bisagra’ en España, a izquierda y a derecha, tiene que recuperar su esencia natural.