EL MUNDO 17/10/13
FERNANDO LÁZARO
El caso sobre uno de los peores actos que se han cometido en la historia de las Fuerzas de Seguridad del Estado se ha quedado finalmente a medio camino
A medio camino. Pudo ser, pero no llegó. La sentencia nos deja un sabor más agrio que dulce. Lo que prometía ser un gran halcón, lo que podía haberse convertido en un águila imperial en el Estado de Derecho, una sentencia que permitiera seguir abriendo camino, una sentencia que reclamara más, que pusiera el punto de mira en la orden –sí, la orden–, se ha quedado en un colibrí. De faisán a colibrí. ¡Qué lástima! Y la Audiencia Nacional ha puesto el punto y seguido (¿o final?) a un camino largo, extenso, demoledor, de desgaste, en el que durante años las diferentes familias policiales se han acuchillado en los pasillos, se han empujado por las escaleras… Las cloacas del Ministerio del Interior en la etapa de Rubalcaba han trabajado como hacía tiempo, como en aquella etapa en la que una intrépida secretaria de Estado tejía el armazón policial para luchar contra los GAL, mientras su jefe deshacía lo avanzado para evitar que el Estado de Derecho accediera a sus cloacas más profundas.
Ahora, un equipo de investigación puso toda la carne en el asador. Un equipo de investigación cuyas pesquisas (con más o menos ganas) fueron avaladas por tres jueces. Un equipo de investigación que se enfrentó al organigrama político del Ministerio del Interior. Y llegó, y apuntó. Y dejó claro que se había producido un claro acto de colaboración con la organización terrorista ETA. Y dejó claro que la estrategia era evitar que se fastidiara el mal llamado proceso de paz de Zapatero. Y como puso de relieve ante el tribunal el responsable de este equipo, el comisario Carlos Germán, todo fueron facilidades por parte del Ministerio del Interior entonces dirigido por Rubalcaba, pero sólo hasta que tocó el ámbito político. En el momento en que llegó al director general, en el momento en que puso el nombre del dirigente de los socialistas vascos en los informes, Víctor García Hidalgo, lo que era respaldo se convirtió en acoso. El que iba camino de convertirse en un extraordinario policía pasó a ser el foco y el objetivo contra el que disparar desde todos los prismas con tal de desprestigiarle a él y, fundamentalmente, a su investigación.
Estaba claro que el cortafuegos tenía que ser un policía, no podía llegar a un político. Y por si las moscas el policía lograba eludir ese cortafuegos, las maniobras se llevaron a la Audiencia Nacional. Desde allí, y con tal de evitar localizar al autor intelectual de uno de los actos más despreciables que se han cometido en la historia de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, se puso en cuestión absolutamente toda la instrucción. Y aquella maniobra, en la que se trató de implicar a todos los magistrados de máximo nivel de la Audiencia Nacional, estuvo a punto de dejar en agua de borrajas todas las pesquisas. Pero el juez Ruz supo reponerse del revés, tomar el toro por los cuernos y poner en danza nuevas diligencias que corroboraran las pesquisas. Sin embargo, ya todo se quedó en unas investigaciones policiales y judiciales sobre los autores materiales. El plano político quedó, nunca mejor dicho, en un limbo insustancial.
Porque conviene también recordar que durante la anterior legislatura el Partido Popular hizo casus belli de este chivatazo a ETA, pero después lo dejó en el olvido. Argumentaban entre pasillos que la responsabilidad política de este caso había quedado ya pagada como resultado de las elecciones. ¿Pero la de quién, si no habíamos conseguido averiguar quién dio la orden? El PP dejó el asunto en silencio. La presión política se amortiguó por completo. Ese buenismo heredado….
No obstante, hay quien tuvo valor para echar un vistazo a la instrucción buscando nuevas vías o nuevos elementos. Y Asuntos Internos llegó en un informe a la misma conclusión sobre la autoría, pero ponía de relieve las maniobras de mandos policiales en el anterior Ejecutivo de Zapatero, desde el Ministerio de Rubalcaba, para tratar de evitar que se conociera y se resolviera el caso. Sin embargo, el Gobierno no ha trasladado ese informe a la Justicia. ¿Por qué? Sin duda, porque no ha escuchado con claridad la voz de las víctimas del terrorismo.
Conocí ayer la noticia cuando estaba en la inauguración de unas jornadas policiales organizadas por la UFP sobre terrorismo en Vigo, ¡qué casualidad! Y allí estaban las asociaciones de víctimas. Y precisamente, la presidenta de la Fundación de Víctimas, Mari Mar Blanco, dejó en el aire la pregunta clave: ¿pero quién dio la orden?
Me temo que esa respuesta, salvo milagro de última hora, se quedará en el tintero.
Confío en que ahora el Ministerio del Interior, como ya hizo el anterior equipo de Rubalcaba, no escarbe en las situaciones laborales más favorables para los condenados con el fin de blindarles. Espero que no hagan lo mismo con estos condenados que lo que hicieron con aquellos comisarios de los atentados del 11-M.