EL MUNDO 17/10/13
Dice que serán los tribunales los que decidirán cómo aplicar la sentencia de Estrasburgo
«La llamada doctrina Parot es justa porque distingue la situación entre quien está condenado por un solo delito y quien lo está por 23, 25 o 30 delitos, lo cual responde a la lógica y al sentido común», defendió ayer el presidente Rajoy en la sesión de control del Gobierno ante quien, evidentemente, no consideraba que este razonamiento sea lógico ni propio del sentido común. La pregunta le fue formulada por el diputado del PNV Aitor Esteban, que, en realidad, quería saber si el Ejecutivo se resistirá a acatar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en caso de que dicha sentencia, que se conocerá el lunes, sea contraria a las posiciones que defiende su Gobierno y que pretendía escenificar el papel activo del Ejecutivo vasco en el fin de ETA y en la reconciliación de la sociedad vasca a diferencia del Ejecutivo.
Las dudas del diputado nacionalista estaban fundamentadas, según explicó, en unas declaraciones realizadas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aludiendo a la posibilidad de aplicar cierta «ingeniería jurídica» para que la decisión del tribunal europeo no tenga necesariamente un efecto generalizado y global. Rajoy no fue explícito ni entró en el detalle, pero dio un par de claves de lo que puede ocurrir. «No voy a especular», aseguró, y después afirmó que es a los tribunales «que elaboraron esa doctrina» a quienes corresponde «dar el cauce adecuado a las resoluciones que dicte el Tribunal Europeo».
Respecto al Gobierno, las decisiones se adoptarán a la luz de la normativa aplicable y del interés general, respetando el ordenamiento jurídico y, por supuesto, los convenios internacionales suscritos». En realidad, si la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo confirma la sentencia en la que decidió la libertad de la etarra Inés del Río Prada, los tribunales españoles tienen poco margen de maniobra para incumplir esa decisión y se han mostrado partidarios –la Audiencia Nacional en primera instancia– de aplicar la misma lectura a la situación de las decenas de etarras sobre los que aplica la doctrina Parot desde 2006 y que recurrirían su situación de inmediato. Si el Gobierno tiene capacidad y voluntad de restringir esa generalización es lo que el presidente no precisó ayer.
El diputado del PNV aseguró que la doctrina Parot supone una irregularidad «contraria a la Constitución» al aplicar de forma «retroactiva» una norma posterior, y reprochó al Gobierno que no se hubiera mantenido «neutral». Desde su punto de vista, el Ejecutivo tenía que haber acatado la primera sentencia de Estrasburgo sin hacer uso de su derecho a recurrir, y cometería un error si buscara una «solución alambicada» para impedir la salida del resto de los presos. Esteban, además, pidió al Gobierno que deje de actuar «como si la realidad en Euskadi no hubiese cambiado nada». El diputado nacionalista insistió en que el Ejecutivo ha de responder a las ideas que le sugiere el Gobierno vasco –cuyo lehendakari ha propuesto un plan de salida escalonada de los reclusos de ETA– y no «permanecer inmóvil una y otra vez ante un nuevo tiempo».
El presidente Rajoy le recordó que el Tribunal Supremo y el Constitucional son dos tribunales «de un país donde hay un Estado de Derecho, que es democrático y que tiene una Constitución democrática», y obvió responder al resto de los requerimientos del PNV.
Cargos por el sabotaje de San Fermín
El juez dejó ayer en libertad con cargos a los seis detenidos en Pamplona y Berriozar por la colocación de la ‘ikurriña’ que retrasó el chupinazo de los sanfermines. Les imputa un «grave» delito de orden público.
El instructor investigará también las llamadas registradas en los días previos entre la concejala de Bildu, Patricia Perales, también imputada pero contra la que el magistrado no ha dictado resolución judicial alguna.