Una vez descubierto el doble juego del Gobierno de La Moncloa con la reforma laboral y de las pensiones (un discurso para Bruselas otro para las almas cándidas de este país), Europa sigue esperando que nuestras instituciones judiciales emitan señales de independencia a la hora de elegir sus cargos. Pero los grandes partidos han estado enzarzados en colocar a los suyos para neutralizar a los contrarios. En un primer tiempo, el pulso lo estaba ganando Pablo Casado cuando emplazaba a Pedro Sánchez para que los jueces pudieran ser elegidos por los jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Pero en un despiste quizá provocado por el foco que alumbra el fuego amigo de Génova contra Isabel Díaz Ayuso, Casado ha caído en el compadreo institucional. Después de haber servido en bandeja a Sánchez la cabeza de Mariscal de Gante para renovar el Tribunal de Cuentas, su error de cálculo ha provocado que el Tribunal Constitucional aparezca más politizado y solo su candidato, dañado. Pierde el PP pero también la imagen del alto tribunal.
Son intereses creados. Primero pactaron los candidatos y luego se dedicaron a mancillar el currículum de Enrique Arnaldo desde las trincheras del PSOE y Podemos. Pero los cuatro candidatos tenían por lo menos un lamparón en su expediente. Concepción Espejel fue recusada porque Dolores de Cospedal le había entregado una medalla. Inmaculada Montalbán recibió la medalla de Andalucía de manos del PSOE. Y Ramón Sáez, apadrinado por el secretario general del PCE, es conocido por haber redactado sentencias tan polémicas como la de la absolución en bloque a los acusados del asedio al Parlamento catalán y decir que la quema de fotos del Rey no es un delito sino «un acto ritual».
Pero el PP calló sus opiniones sobre el magistrado avalado por Podemos y toda la tormenta cayó sobre su recomendado, Enrique Arnaldo.
Con un currículum de prestigio (técnico de la Administración civil del Estado, letrado de las Cortes y catedrático de Derecho Constitucional) ha sido la víctima de la guerra sucia que ha empañado el pulso entre el PSOE y el PP. Estuvo involucrado en un procedimiento judicial contra Jaume Matas del que fue exonerado de toda responsabilidad y el caso se archivó.
Pero el mal ya está hecho. Unos aplauden al diputado Elorza por haber abierto el fuego contra Arnaldo y otros se escandalizan de que los demás candidatos se hayan ido de rositas. La España cainita. Los bandos. Quienes se han cebado en la campaña contra Enrique Arnaldo han dejado el poso de la sospecha sobre su independencia. Así podrán recusarlo cada vez que el tribunal se tenga que pronunciar sobre asuntos vidriosos. Causas que no le gusten a Rufián. A Bildu o al PNV.
Este proceso se ha hecho mal desde el principio. No se ha elegido a los mejores sino a los más próximos a los partidos. Y el principal perjudicado ha sido el propio tribunal. Un organismo que fue decisivo para frenar el intento de golpe secesionista a la Constitución en Cataluña en 2017. Que acaba de revocar dos estados de alarma de Pedro Sánchez en plena pandemia. Un organismo fundamental para velar por el cumplimiento de la Constitución.
Quedan dos años de legislatura. Nadie sabe cómo discurrirá el Estado de Derecho, la independencia judicial (puesta en tela de juicio), la capacidad de control del Parlamento (más bien escasa) y la libertad individual de los ciudadanos con una economía que sigue en el furgón de cola de Europa. Y no lo dice solo Pablo Casado sino Bruselas. Si la Comisión Europea ha rebajado en casi dos puntos nuestra previsión de crecimiento será que no vamos tan bien como presume Sánchez.