El 15 de junio del año 1977 tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas en España desde febrero de 1936. Un conglomerado de partidos llamado Unión de Centro Democrático (UCD), a cuyo frente estaba Adolfo Suárez, las ganó con una holgada mayoría: 166 diputados y 103 senadores. En todas las fuerzas políticas en litigio predominaba la idea de que el más urgente problema político era la situación económica: España estaba en suspensión de pagos, el paro no hacía más que aumentar y la inflación rondaba en los meses centrales de 1977 el 30%. Se repetía la pesadilla de los años de la Segunda República con la Gran Depresión: un cambio de régimen (de la dictadura a la democracia) inmerso en una gigantesca crisis económica. Uno de los hombres fuertes de Suárez, su vicepresidente económico, Enrique Fuentes Quintana, dijo: “La experiencia de 1931-1936 demuestra que una crisis económica grave y no resuelta es un pasivo que complica, hasta hacerla imposible, la construcción de la democracia. Un político español dijo en 1932: o los demócratas acaban con la crisis o la crisis acaba con la democracia”.
Suárez, y dos de sus hombres fuertes, Fuentes Quintana y Fernando Abril Martorell, entre otros, llegaron a la conclusión de que era imposible domeñar los problemas económicos con sus solas fuerzas. Ya en el verano de 1976, en sus primeros contactos con los dirigentes del resto de los partidos políticos (desde la derecha posfranquista de Alianza Popular hasta el Partido Comunista, incluyendo a los nacionalistas vascos y catalanes, y pasando por las diversas formaciones socialistas), el presidente de Gobierno se había referido a la imposibilidad de actuar eficazmente sin la existencia previa de un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales.
¿Cómo había llegado España a esta situación de quiebra? La crisis internacional del año 1973 (primera crisis del petróleo) se gestó en plena guerra del Yom Kippur entre los países árabes y el Estado de Israel. En octubre de ese año, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), dominada por los primeros, ordenó el embargo parcial de sus suministros de crudo y, como consecuencia, se produjo un alza general de los precios, que se multiplicaron por cuatro en tan solo unos meses. Pero la crisis no fue solo energética (o de materias primas, que también incrementaron los precios), sino también de índole monetaria. El presidente republicano estadounidense, Richard Nixon, tomó una decisión revolucionaria: liquidó las normas vigentes del sistema monetario internacional, suspendió la paridad entre el dólar y el oro, y los tipos de cambio fijos. Es decir, acabó con lo que quedaba en pie del sistema de Bretton Woods, establecido al final de la Segunda Guerra Mundial.
El shock energético más la crisis monetaria hicieron sonar las alarmas económicas de todos los países occidentales, que iniciaron un fuerte ajuste para superar la recesión. ¿Todos los países occidentales? Todos menos España, ocupada en salir del tardofranquismo, sin el poder político y la legitimidad para pedir sacrificios a sus ciudadanos, y sin autoridad para administrarlos. Durante muchos meses, nuestro país se caracterizó por la falta de reacción a los problemas exógenos que llegaban, a los que se añadían los propios de una gestión equivocada de ellos, lo que hizo a la crisis española más aguda y hasta cierto punto “diferencial” de la de los países de nuestro entorno.
Nada más llegar a La Moncloa, el Gobierno de Suárez se puso a trabajar en un programa de saneamiento y reformas, que fue el origen de los Pactos de la Moncloa, en el entendido de que la prolongación de las tendencias conduciría a una situación de colapso económico con gravísimas consecuencias políticas.
Entre las medidas de saneamiento estaba una política monetaria basada en el control de la cantidad de dinero en circulación, una política presupuestaria que redujese el crecimiento de los gastos públicos y orientara los gastos de inversión hacia una reducción del déficit público, la fijación de un tipo de cambio realista de la peseta, una política de rentas basada en que los salarios se fijarían en función de la inflación prevista y no de la inflación pasada, etcétera. Las reformas comprometidas fueron las de los Presupuestos Generales del Estado y del gasto público para lograr la universalización del primero y el control del segundo; la reforma fiscal para que todo el mundo pagase impuestos; la de la administración tributaria; la reforma del sistema financiero mediante la competencia, supervisando la liquidez y solvencia de los bancos y las cajas de ahorro; la reforma laboral con la elaboración de un Estatuto de los Trabajadores; una leve alusión al marco de actuación de las empresas públicas, etcétera.
Los acuerdos fueron eficaces en la corrección de los principales desequilibrios de la economía española
A cambio de aceptar las medidas de saneamiento propuestas por el Gobierno de UCD, la oposición exigió la incorporación de ese ambicioso paquete de reformas. El 25 de octubre se signaron los Pactos de la Moncloa. Los firmantes fueron Adolfo Suárez, Felipe González, Joan Reventós, Josep Maria Triginer, Manuel Fraga Iribarne, Enrique Tierno Galván, Juan Ajuriaguerra, Miquel Roca, Leopoldo Calvo Sotelo y Santiago Carrillo. En su preámbulo se decía que estos pactos “recogen el fruto de una negociación entre las fuerzas políticas españolas, [ESTAS]eran conscientes de que la grave situación española requería un esfuerzo común construido a base del más auténtico patriotismo. Existía, por tanto, en la toma de conciencia de nuestra situación esa coincidencia en anteponer los intereses comunes y de Estado a los intereses de partido”.
Leídos transversalmente se puede afirmar que los Pactos de la Moncloa, firmados en un momento excepcional, asumían dos principios básicos: exigir de cada grupo social la asunción de sus responsabilidades frente a la crisis económica, y que ninguna ideología, ningún partido político por sí mismo contaba con las respuestas y con las fuerzas suficientes para imponerlas al resto de la sociedad y superar las dificultades; las respuestas exigían sacrificios compartidos de todos los grupos sociales.
Firmados en una coyuntura en la que en otros países de nuestro entorno administraban contratos sociales, los Pactos de la Moncloa doblan el pacto social (Gobierno, patronal y sindicatos) con un pacto político (Gobierno y oposición). Ello fue así porque en el momento del acuerdo, la patronal (la Confederación Española de Organizaciones Empresariales) apenas acababa de nacer, y las centrales sindicales (un mapa de siglas entre las que sobresalían las de Comisiones Obreras y UGT) emergían de décadas de silencio y represión y aún no se conocía su auténtica representatividad.
Los Pactos de la Moncloa duraron poco, apenas un año, pero fueron eficaces en la corrección de los principales desequilibrios de la economía española. Y sobre todo, crearon una moral ciudadana basada en que el acuerdo era mejor que el disenso y el ordeno y mando en tiempo de dificultades excepcionales, y lograron el tiempo necesario para llegar sin dificultades económicas insuperables a la firma de la Constitución en diciembre de 1978.