La posibilidad de una ruptura de la coalición empieza a resultar una hipótesis agradable para un Sánchez apremiado por las urgencias electorales. El presidente cree haber entrevisto en el clamor por la reforma de la ley del ‘sí es sí’ una rendija para escapar del desgaste y esta vez parece realmente dispuesto a forzar el divorcio de su contraparte para impostar sensatez tardía ante sus votantes. El problema de la maniobra es que Iglesias no quiere soltarse. El auténtico líder de Podemos ha construido un relato de resistencia dirigido a sus votantes más irredentos, que son los que le interesa mantener, y no contempla por ahora la salida del Gobierno. Esa operación puede convenir a los dos socios más adelante, previa simulación mutua de un desacuerdo, pero en el cálculo de Iglesias es una baza demasiado fuerte para jugarla en este momento. No se la va a regalar a los socialistas y sobre todo a Yolanda Díaz, que se convertiría en la otra gran beneficiaria si Montero y Belarra dejaran de ser ministras. Cosa distinta sería que la corrección legislativa permita a Podemos presentarse ante los suyos como víctima de una triple ofensiva del PSOE, la derecha y el sector conservador de la justicia. Pero el sanchismo también teme darle a su aliado (y rival) la oportunidad de enarbolar en solitario la bandera feminista. Y en el fondo, es consciente de que el bodrio que ha beneficiado a cuatrocientos agresores sexuales también lleva su firma.

Por todo ello, el pulso principal se centra en la atribución de culpas del desaguisado. Moncloa intenta descargarlas en el Ministerio de Igualdad, como hizo esta semana Carmen Calvo, y Montero esgrime la corresponsabilidad de la autoría señalando directamente al extitular de Justicia –ahora magistrado del Constitucional– Juan Carlos Campo. En esto la razón asiste a la facción ‘podemita’, primero porque el Gabinete es un órgano colegiado y segundo porque la dichosa norma fue fruto de un pacto al que el jefe del Ejecutivo dio su beneplácito. El ‘consentimiento’, concepto tan manoseado estos días, fue explícito e implicaba desoír el criterio jurídico de las instituciones y organismos consultivos. En ese debate ambas fuerzas sólo pueden hacerse daño y Sánchez sabe que de un modo u otro va a salpicarlo. Su empeño consiste en poder decir que lo ha arreglado, aunque la reparación no afectará a los delincuentes ya beneficiados ni a los que estén delinquiendo bajo el nuevo marco. Quizá le gustaría incluir las carteras de Podemos en la remodelación que tiene prevista para sustituir a las candidatas Maroto y Darias, pero tendrá que esperar o arriesgarse a un golpe unilateral de autoridad que ponga la legislatura patas arriba. La irresponsable costumbre de legislar sin saber ha producido consecuencias imprevistas. Y ahora que de verdad le quitan el sueño sus compañías le va a costar trabajo sacárselas de encima.